Dijo que hay denuncias que provienen de la policía de Brasil, donde se ha detectado el ingreso a dicho país de una cantidad importante, en forma periódica, de marihuana producida en Uruguay”, dijo en rueda de prensa el 9 de octubre.
Aclaró que esto no significa acusar a los clubes cannábicos y que ese tráfico podría tener otros orígenes. Recordó que hace pocos días el Ministerio del Interior detectó un laboratorio clandestino ilegal en Canelones, que han existido otros y que posiblemente hayan más en el país.
Detalló que hay 159 clubes cannábicos en el país, que pueden tener hasta 45 integrantes cada uno de ellos, con una determinada cantidad de gramos para su consumo anualmente.
"Ahora, si como consecuencia de esa actividad legal puede haber un exceso de producción que podría volcarse al mercado negro, ahí estamos en una situación de ilicitud", señaló.
Agregó que hay solo cuatro o cinco fiscalizadores para todo el país, lo que resulta “totalmente insuficiente”.
“Nadie puede negarse a la fiscalización: si se están haciendo las cosas bien, está todo perfecto (...) Lo que nosotros queremos es tener acceso a la información de los clubes cannábicos para cruzar la información y poder tener intervención. Si está todo bien, correcto, pero si hay una situación anormal poder tener reacción", resumió.
Las afirmaciones del ministro generaron la reacción del Frente Amplio. El el senador del MPP y exdirector general del Ministerio del Interior, Charles Carreras escribió en Twitter: "Mientras en 9 días de octubre van 16 homicidios confirmados (y un par de muertes dudosas), el ministro está preocupado por los clubes cannábicos surgidos tras una ley que reglamentó el consumo responsable del cannabis".
"Existe una institucionalidad de la Junta Nacional de Drogas que debe invocarse formalmente para atender el tema. No es buena práctica tirar iniciativas por la prensa que terminan lesionando la ley y la institucionalidad creada", agregó.
El senador agregó que el Ministerio del Interior integra la Junta de Drogas y es en ese ámbito donde "debe plantear sus preocupaciones e iniciativas".
"Delegar ese control en la Policía llevará a arbitrariedades que se pueden y deben evitar", señaló y añadió: "La seguridad pública es un asunto serio y merece decisiones serias, no improvisadas".
Por su parte, el exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, que "no parece que el ministro se esté ocupando de los problemas reales" porque los clubes "no son el enemigo de la seguridad".
También cuestionó al ministro la presidenta de la Asociación de Clubes Cannábicos, María José Miles. En declaraciones a La Diaria, dijo que si existe una razón judicial para intervenir un club en un eventual caso de tráfico ilegal, es pertinente una intervención policial y, en cualquier caso, con la orden pertinente.
Actualmente los clubes cannábicos son fiscalizados por el Instituto de Regulación de Control del Cannabis (Ircca).
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