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Larrañaga: "Si tenemos que intervenir, lo vamos a hacer"
El ministro Jorge Larrañaga dijo este domingo que el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) será quien gestionará las intervenciones en casos de aglomeraciones, de las que también participarán el Ministerio del Interior, de Salud Pública, de Defensa y la Fiscalía. No obstante, aclaró que si la Policía tiene que intervenir directamente, lo hará.
"Vamos a reforzar el 911, nos lo pidió el presidente. Y lo vamos a hacer con una derivación con más gente para poder atender este tipo de contingencias y de denuncias para llevar adelante los operativos que tenemos que llevar adelante para prevenir, disuadir y terminar con esa aglomeración en un proceso gradual que no genere, esperemos, las dificultades de una intervención más directa de la Policía. Pero si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Porque la salud y la vida de la gente es un elemento central que tenemos que cuidar", señaló el ministro del Interior.
El ministro mantuvo una reunión con su par de Defensa Nacional, Javier García, en la Torre Ejecutiva y posteriormente ambos encabezaron una conferencia de prensa para explicar cómo se aplicarán las nuevas disposiciones referidas el derecho de reunión.
Larrañaga agregó que se intervendrá siempre que se constate un notorio riesgo a la salud pública.
Consultado sobre qué implica ese "notorio riesgo", el ministro se refirió a lo que "define la ley". "Es una situación notoria de aglomeración, de gente sin mascarillas, que en el conjunto ponga en riesgo la salud pública de los intervinientes y de la gente. Es un concepto que obviamente se podrá apreciar, así como el número en función del lugar. No es lo mismo en un lugar que en otro. Ahí nos parece relevante la intervención de cada Cecoed", señaló el jerarca.
Ante la pregunta sobre la inviolabilidad del hogar, el titular de la cartera del Interior dijo que las "limitaciones constitucionales están y serán respetadas a rajatabla". "Esto no significa que la Policía, a denuncia de parte, no intervenga llamando a la puerta y a la responsabilidad si existe una reunión que excede los parámetros establecidos", apuntó.
"Esperamos la ayuda de la población porque aquí, vamos a dejarnos de palabras lindas, está en juego la salud de la gente y no es posible que gente irresponsable o gente que actúe con dolo ponga en riesgo la salud de todos. Y este es un principio central que vamos a defender", sostuvo.
Por su parte, el ministro García dijo en la conferencia de prensa que a partir de mañana los funcionarios de las Fuerzas Armadas comenzarán a controlar el cierre de fronteras.
"A partir de mañana (lunes) se va a procesar el cierre de fronteras que tiene una sola excepción que es el transporte comercial, de carga, correo o de ayuda humanitaria. Es la única excepción que prevé la ley", afirmó.
Habrá 500 efectivos del Ejército Nacional realizando esos controles, así como 50 funcionarios por turno de la Prefectura Nacional. Dicho personal estará distribuido por 25 puntos fronterizos: 15 en el límite con Brasil y 10 con Argentina.
"Vamos a ser muy estrictos", anunció García, quien agregó que en el caso de las ciudades binacionales el control será distinto porque habrá puestos fronterizos a la salida de esos lugares para no interrumpir la "vida binacional".
"Esa realidad va a valer solo para dentro de la ciudad (binacional). Salido de las ciudades va a haber puestos de control por parte del Ejército y se va a solicitar identificación. Vamos a coordinar con la Dirección de Migraciones. Tanto en el transporte de vehículos particulares como en el colectivo, se va a solicitar a los coches que pidan el documento de identidad para emitir el pasaje. Pero en el caso de compatriotas que viven afuera del país tienen que tener el documento porque se van a controlar los movimientos migratorios anteriores", señaló.
También recordó que están "prohibidos los vuelos particulares" ni las "embarcaciones" que provengan de otro país.
Lo que dice la ley interpretativa
La ley que estableció los límites al derecho de reunión, consagrado en el artículo 38 de la Constitución, estableció en su primer punto que durante 60 días –con la posibilidad de extenderse por una vez durante el mismo plazo– quedan suspendidas "las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario", y que se entiende por aglomeración toda "concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales".
El siguiente artículo de la ley –que no fue acompañada por el Frente Amplio– es el que estableció que serán los "ministerio competentes" y las intendencias los encargados de fiscalizar que la ley sea cumplida.
La ley también definió sanciones económicas para quienes no respeten lo dispuesto. En su tercer artículo, el texto establece que "quien infrinja las disposiciones de la presente ley, será advertido por la autoridad competente e instado a desistir de su actitud", y que el Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones que irán desde apercibimientos y observaciones hasta multas de "30 a 1.000 Unidades Reajustables, sin perjuicio de de las acciones penales que puedan corresponder".
Esas acciones penales, sin embargo, se podrán configurar cuando se dé un desacato ante el exhorto de las autoridades públicas. Dicho delito se castiga con entre tres y 18 meses de prisión.
Además, en la ley que aprobó el Parlamento en la madrugada del sábado se prohibió el ingreso de personas al país entre el 21 de diciembre y el 10 de enero, a excepción de los transportistas y los uruguayos que tengan un pasaje comprado antes del 16 de diciembre inclusive.
