La ley 15.848 que el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quiere "reinstalar" se aprobó a la salida de la dictadura cívico-militar (1973-1985) en Uruguay, en el año 1986, y estableció "la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales durante el período de facto", según establece en su primer artículo.
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