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Las licencias médicas de los públicos otra vez en debate: Senado analiza cambios

El artículo no tiene el respaldo para ser aprobado tal como se votó en Diputados

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28 de octubre de 2020 a las 05:03

Las licencias médicas de los funcionarios públicos están nuevamente en el centro del debate. Luego de una intensa discusión en la Cámara de Diputados, ahora son los senadores los que pretenden realizar cambios. 

“Así como está no sale”, dijo a El Observador el senador blanco Jorge Gandini. Sin embargo, las discusiones todavía son muy primarias y los cambios que se podrían implementar no están claros. 

La propuesta del Poder Ejecutivo era aplicar el mismo régimen del sector privado al sector público. Es decir, que los primeros tres días de licencia por enfermedad no reciban nada de su salario y a partir del cuarto se le pague el 75% del sueldo. 

Esta propuesta fue rechazada por la Cámara de Diputados y los legisladores de la coalición acordaron otra fórmula con el Ministerio de Economía. Se mantienen esos tres días sin pago pero está la posibilidad de acumular días de licencia médica.  

Es decir, el texto aprobado en Diputados permite dos días de licencia médica por año que rigen a partir de 2018 y son acumulables. Cuando empiece a regir el Presupuesto –en 2021- los funcionarios contarán con seis días de licencia médica pagos. 

Una vez utilizados esos días, los funcionarios que continúen certificados tendrían tres días sin recibir salario y a partir del cuarto cobrarían el 75%. 

Cabildo Abierto ya planteó que lo de los tres días sin pago no lo vota y en la coalición tampoco hay respaldo respecto a este tema. “Pagan justo por pecadores”, aseguró Gandini. 

El legislador blanco cuestionó que existe una responsabilidad del Estado para controlar este tema y asegura que es ahí donde se debe modificar. “No es una solución buena (la votada en Diputados)”, aseguró. 

En ese sentido, el senador destacó otro artículo del proyecto en el que se establecen mecanismos para que los organismos públicos puedan cruzar información con el Banco de Previsión Social (BPS) –y sancionar en caso que corresponda- para saber si el trabajador que está certificado en el sector público está trabajando en el privado 

El proyecto aprobado en Diputados no permite acumular más de 15 días de licencia por enfermedad pagos y excluye a los magistrados del Poder Judicial, funcionarios del Escalafón N del Ministerio Público y Fiscal, diplomáticos, funcionarios de gobiernos departamentales y funcionarios de los Entes Autónomos. 

Esas excepciones también es uno de los temas que pretenden modificar en la coalición. “La Administración Nacional de Educación Pública es uno de los organismos que tiene problemas con las certificaciones y queda por fuera”, agregó el senador blanco. 

Este tema estuvo en discusión este martes en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto en la comparecencia de las autoridades de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). 

Por su parte, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) entiende que este artículo es inconstitucional y cuestiona, en el mismo sentido que Gandini, que con el objetivo de tratar de corregir un abuso en las certificaciones terminan pagando todos los trabajadores. 

“El principio de proporcionalidad establece que cuando el Estado recorta o mutila derechos tiene el deber de escoger la vía menos lesiva. Y si no, explicar por qué no lo hace. Acá hay abusos porque existe un Estado omiso que no investiga ni castiga a los responsables”, dijo a fines de setiembre a El Observador el constitucionalista que está asesorando al sindicato en este tema, Daniel Ochs.

Venta de inmuebles

Otro tema que estuvo en discusión este lunes fue el vinculado a la venta de inmuebles vacíos por parte del Estado. Si bien tiene el respaldo de los legisladores de la coalición, algunos legisladores pretenden realizar algunos cambios en la redacción para incluir más organismos. 

La redacción aprobada en la cámara baja establece que Administración Central, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados deben relevar los inmuebles que están bajo su poder y establecer una lista de prescindibles. Esos inmuebles pasarían a un registro para ser enajenados y los recursos que salgan de esa venta irían en un 75% al Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el resto al organismo dueño. 

Gandini pretende ampliar esta medida a “todos los organismos del Presupuesto” para que ninguno quede por afuera. 
 

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