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Las posibilidades de los cables para ofrecer internet, el rol de Antel y la expectativa del gobierno
La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar a cinco empresas cableoperadoras a brindar servicios de internet cerró un proceso que se inició con un recurso de inconstitucionalidad que llevaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la Ley de medios en 2016, pero para el Estado y el resto de las empresas de cable de Montevideo y el interior cambió las condiciones del mercado de internet que hasta ahora era casi exclusivo de Antel.
Korfield, Monte Cablevideo (Montecable), Praimar, Riselco (Nuevo Siglo) y Tractoral (TCC) son las primeras cinco empresas habilitadas para pedir la habilitación de una Licencia de Telecomunicaciones Clase B para "brindar a terceros, servicios de transmisión de datos” a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), que deberá elevar la solicitud a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio de Industria (MIEM) para su aprobación.
Sin embargo, hay otras 30 empresas del interior (son 86 cableoperadores en total en el interior) que están esperando sentencia y que, cuando obtengan una sentencia favorable, tendrán la misma posibilidad de brindar servicios de internet, detalló el titular de la Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, a El Observador. "Cualquier empresa puede brindar el servicio", declaró el jerarca, aunque aclaró que las empresas tienen "licencias geográficas" para vender su servicio de cable, y tendrán el mismo terreno disponible para vender internet.
Para brindar el servicio, los cableoperadores tienen dos opciones: la primera, según el director de Dinatel, es "desplegar su propia red", que implica cambiar con su propia inversión los cables de cobre con los que brindan el servicio de televisión por cables de fibra óptica.
La segunda es "arrendar el servicio a Antel y hacer la última milla (la conexión al hogar)", detalló Acosta y Lara, quien valoró que se trata de "otro negocio" para el ente estatal, e indicó que "la mayoría" de las empresas interesadas en brindar el servicio, y las ya habilitadas, "van a ir a hablar con Antel". En ese caso, deberán negociar con la telefónica estatal para usar su infraestructura.
En la idea original del gobierno, presentada a través de una un proyecto para una Ley de Medios en abril de 2020, Antel estaba obligada a arrendarle su infraestructura a las empresas de cable. Luego de intensas negociaciones ese pasaje fue eliminado del texto que, de todos modos, nunca fue aprobado por falta de acuerdo en la interna de la coalición.
Los beneficios
Con este cambio, el Estado quiere que "las localidades que todavía no tienen cable por fibra pasen a tener fibra", y así "universalizar el acceso a internet", destacó el director de Telecomunicaciones. Es decir, el gobierno espera que las empresas lleguen hasta donde todavía no llegó la empresa estatal.
Además, desde el gobierno entienden que el mercado que se generará entre los cableoperadores y Antel, así como la competencia por los precios entre ambos, incidirá en el precio del internet, que según Acosta y Lara "va a ser más barato". Como ejemplo resaltó la experiencia de la portabilidad numérica: desde su aplicación, según dijo Acosta y Lara, en enero el precio del internet móvil "bajó un 40%", debido a que las empresas bajaron sus precios para "ser más competitivas, y volcar ese beneficio en la gente".
El jerarca del MIEM contó que muchos de los cables que no tienen la posibilidad de vender internet por su cuenta hacen "un acuerdo de distribución" con Antel, en el que incluyen en sus paquetes de venta el internet del ente estatal. "Ahora pueden ser socios", valoró.
Derogar la norma
Derogar el artículo 56 de la Ley N° 19.307, que impide a los titulares de servicios de comunicación audiovisual prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o trasmisión de datos, deja de ser necesario para permitir a los cableoperadores vender internet, aunque sí sería necesario para universalizarlo. Sin embargo, el gobierno quiere quitar las "demoras judiciales" y no descartan derogar toda la norma, que "abarca otros artículos inconstitucionales", remarcó Acosta y Lara.
Sin embargo, la coalición oficialista no ha logrado ponerse de acuerdo sobre la derogación de la norma.
"Pide una X cantidad de contenido nacional, controles estatales en la actividad comercial, condiciona la libertad de expresión. No entendemos como en 2014 se impuso esta norma, y (José) Mujica dijo después que no hay mejor ley de medios que la que no existe", criticó el director.
La discusión sobre una nueva Ley de medios con 93 artículos, sin el artículo 56 y con una flexibilización en el control de pautas publicitarias por parte del Estado, estuvo presente en el Parlamento desde el comienzo de la actual administración en 2020.
Sin embargo, la discusión continuó en 2021 y cuando parecía haber un acuerdo en la coalición, Cabildo Abierto presentó diferencias en artículos referidos a la cantidad de licencias por persona física y jurídica y a las obligaciones de Antel y los cableoperadores, por lo que el proyecto se estancó.
