Para que el plan funcionara sin asumir riesgos mayores, la clave era el factor "sorpresa", y que ni el propio involucrado supiera que lo iban a trasladar. Gerardo González Valencia, integrante de la banda mexicana de Los Cuinis, uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, tenía que ser reubicado porque en donde estaba, en la Cárcel de Punta de Rieles nueva, podía ser rescatado.
En cuanto el Ministerio del Interior tuvo conocimiento de eso, se planificó de urgencia el traslado del recluso –preso en Uruguay desde 2016, cuando fue procesado por lavado de activos luego de ser detenido en el barrio de Carrasco–, en base al testimonio de un preso cercano al mexicano, según supo este miércoles El Observador. Ese testimonio también mencionaba la posibilidad de un ataque contra el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, así como a otras autoridades de la policía, y contaría con el apoyo del Primer Comando de la Capital (PCC).
La amenaza, aunque sostenida por la versión de un hombre, era grave no solo por todo lo que anunciaba, sino por los antecedentes.
En junio de 2016, cuando hacía pocos meses que González Valencia había sido enviado a prisión, el delincuente –hermano de Abigael González Valencia, líder del cartel de Jalisco– amenazó con colgar "del puente más alto" al entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, porque sostenía que era torturado en la cárcel. "Me torturaron. Me tuvieron desnudo con temperaturas bajo cero. Si el ministro del Interior (Eduardio) Bonomi sigue mandando sus guardias a torturarme que busque el puente más alto del Uruguay donde lo voy a colgar", había declarado entonces luego de una inspección de rutina en su celda.
Y a fines del año pasado, una investigación a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 1ª Turno determinó que ya había ramificaciones del PCC en Uruguay, y que más de 80 delincuentes ya habían sido reclutados por el grupo criminal brasileño. En diciembre de 2019, fueron imputados cuatro delincuentes de esta banda con prisión –entre ellos su líder, Fernando Otalivio Frabasil Gómez– y la fiscal Mónica Ferrero se encuentra investigando los nombres del resto de los integrantes de la ramificación local.
Por estas razones, fuentes de la cartera de seguridad informaron que la entidad del peligro de que el plan criminal se concretara requería de un operativo de mudanza "complejo" y de características tales que evitara la eventualidad de "la interceptación" del convoy que trasladara a González Valencia hacia el penal de Libertad, la cárcel de mayor seguridad que tiene el sistema penitenciario uruguayo.
En una reunión mantenida por autoridades de la cartera de seguridad esta semana, de la que participaron varios directores de la Policía, se definió que el traslado tenía que ser por el aire, y que se solicitaría el apoyo logístico del Ministerio de Defensa Nacional para llevar adelante la operación.
En efecto, según dijo a El Observador el vocero de la Fuerza Aérea, Leonardo Blendingi, la cartera encabezada por Javier García puso a disposición dos helicópteros HU-1, en uno de los cuales estaba el integrante de los Cuinis, y un avión que sobrevoló el recorrido de las dos aeronaves con la finalidad de detectar movimientos sospechosos en tierra. Se usó con este objetivo un C- 212 Aviocar, en cuyo equipamiento había censores y cámaras infrarrojas y térmicas, "capaces de visualizar objetivos a gran altura", explicó Blendingi.
Los delitos
González Valencia estuvo en la cárcel imputado por lavado de activos durante dos años y medio, y pasado ese tiempo continuó preso pero no por ese delito cometido en Uruguay, sino como medida cautelar mientras la Justicia uruguaya definía si concedía la extradición solicitada por Estados Unidos.
El narcotraficante está requerido por la Justicia norteamericana por haber ingresado y distribuido cocaína y metafetaminas en ese país. Sin embargo, la defensa del delincuente siempre se opuso a que fuera extraditado. En primera instancia, la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, había fallado a favor de que el hombre fuera trasladado a Estados Unidos, una sentencia que confirmó el tribunal de Apelaciones de 2° Turno el 30 de octubre de 2018.
Pero quienes entonces defendían al líder de la banda de Los Cuinis, Gabriela Gómez y Ana Audiffred, presentaron un recurso ante la Superma Corte de Justicia porque entendían que los argumentos dados para conceder la extradición no eran los correctos.
Cuando presentaron el recurso, en noviembre de 2018, alegaron que el país norteamericano basó su pedido en un tratado de 1973 que aplica para personas procesadas o condenadas en aquel país –situación en la que no se encuentra el presunto integrante de Los Cuinis– y no en otro más reciente, de 1991.
Además, las abogadas señalaron que los delitos de tráfico de drogas por los que se investiga a Valencia proscribieron.
Sobre el último punto, el fiscal del caso, Luis Pacheco, dijo a El Observador que "se entendió que eso no era así porque los delitos por los que es juzgado González los siguió cometiendo hasta al menos 2013", y agregó que ahora "no debería haber obstáculos para concretar su entrega".
El gobierno de Estados Unidos considera que Los Cuinis son la organización mexicana de tráfico de drogas más rica del mundo, con más poder que el reconocido Cartel de Sinaloa fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, según un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Esta organización es la que tiene mejores redes de distribución hacia Europa, Canadá y Asia.
