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Los seis cambios que exige Darío Pérez para apoyar la reforma de la caja militar

El diputado de Liga Federal pretende favorecer a la tropa y reducir el número de militares comprendidos en las modificaciones
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23 de septiembre de 2018 a las 05:03

Como en tantas otras oportunidades, el diputado de Liga Federal, Darío Pérez, tiene sujetado de la mano al resto del Frente Amplio, imponiéndole condiciones al oficialismo para aprobar un proyecto de Ley que la fuerza política considera prioritario.

Esta vez es el turno de la reforma de la caja militar, una iniciativa que ha mantenido en vilo al Frente Amplio durante meses, y que requirió intensas negociaciones internas para encontrar una fórmula que contemplara los reclamos de los distintos grupos que componen la coalición. Cuando finalmente se llegó a un acuerdo, y el proyecto pudo avanzar en el Senado, apareció un viejo conocido para complicar las cosas. 

La semana pasada, Pérez se reunió con la comisión bicameral que trabajó en el proyecto y presentó un documento de nueve hojas con las modificaciones propuestas. El planteo causó molestia en varios sectores del oficialismo, que entienden que son demasiados los cambios a la iniciativa aprobada en el Senado, y que alteran la "esencia" de la reforma, según resumió a El Observador el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay). "Lo que esperábamos de Pérez no fue lo que recibimos, porque él había manifestado dos puntos de diferencia y trajo 25 modificaciones", agregó. 

Desde Liga Federal, en tanto, sostienen que las diferencias siguen siendo las mismas, y que no son tantas como aducen en el resto del oficialismo.

El documento presentado por Pérez, al que accedió El Observador, plantea modificaciones a 15 de los 79 artículos que componen el proyecto. En varios de esos artículos se sugiere más de un cambio a la redacción. De cualquier forma, esas modificaciones se pueden resumir en pocos conceptos. Por un lado, el trato diferenciado entre los rangos militares más altos y los integrantes de la tropa, otorgando a estos últimos una reglamentación más benevolente. Si bien esa idea ya fue incorporada a algunas disposiciones de la reforma, el sector de los rebeldes pretende ir más allá. Por otra parte, la reducción del personal comprendido por la reforma, asegurando beneficios a los integrantes de las FFAA que se encuentran en actividad desde hace algunos años. 

Personal comprendido

Uno de los puntos en discordia durante la discusión interna del Frente Amplio eran los años de servicio requeridos para quedar por fuera de las modificaciones planteadas en la reforma. Mientras que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo planteaba que quedarían comprendidos todos los militares con hasta 20 años de servicio, la bancada del FA finalmente acordó rebajar ese límite a 15 años, un punto intermedio entre la propuesta original y la postura del MPP, que reclamó reducir la vara a 10 años.

Darío Pérez, ausente en las reuniones del grupo bicameral del FA que llegó a una fórmula de consenso en el mes de agosto, planteó flexibilizar aún más esa variable. El diputado de Liga Federal propuso dejar por fuera de las modificaciones al personal con 10 años o más de servicio, y para el caso de los cargos más bajos (soldados, cabos, sargentos y suboficiales) planteó que solo queden comprendidos aquellos con menos de 5 años de servicio.

Esa modificación afecta otros puntos del proyecto, como el artículo 74, que establece que aquellos que sigan rigiéndose por el régimen anterior no recibirán algunos beneficios incluidos en la reforma.

Régimen de transición

El planteo de Pérez modifica también el alcance del régimen de transición previsto por el proyecto que aprobó el Senado. Allí se disponía que quedarían comprendidos por ese régimen los militares que acreditaran entre 10 y 15 años de servicio al 28 de febrero de 2019. Es decir, los que sobrepasaran los 15 años de servicio quedarían por fuera de las modificaciones, los que tuvieran entre 10 y 15 años de servicio pasarían al régimen de transición, y los restantes estarían comprendidos por la reforma.

En cambio, Pérez propone que el régimen de transición sea únicamente para el personal subalterno con menos de 5 años de servicio efectivo. Eso implica a su vez un cambio en la escala del régimen de transición establecida en el artículo 46. Mientras que el proyecto aprobado en la Cámara Alta preveía un escalonamiento de 10 a 14 años de servicio, la modificación propuesta por Liga Federal estipula una escalera que va desde aquellos con menos de un año de servicio hasta los que ostentan 4 años efectivos.

Sobre esa base se calcula tanto el haber básico de retiro como el haber de retiro voluntario al que se pueden acoger los militares que cumplan los requisitos. Aquellos comprendidos en el régimen de transición percibirán una retribución intermedia –que varía según la edad, los años de servicio y el cargo– entre lo que recibirían bajo el régimen anterior y la que establece el nuevo sistema.

La propuesta del diputado rebelde flexibiliza el alcance de la reforma y, por lo tanto, implica una menor reducción del déficit de la caja militar, uno de los puntos que busca atacar la iniciativa. 

Retiro obligatorio

La reforma promovida por el FA estipula que la causal de retiro obligatorio pasará a configurarse con un mínimo de 25 años de servicio para los cargos más altos, y de 22 años para los cargos más bajos.

Pérez, en cambio, propone que el personal que haya ingresado a las Fuerzas Armadas con más de 26 años configure causal jubilatoria con solo 15 años de servicio. Además solicita a su fuerza política que se reduzca la edad exigida para configurar causal de retiro obligatorio a los coroneles y capitanes de navío, pasando de los 63 años exigidos en el proyecto aprobado por el Senado a 60 años.

Retiro voluntario

El proyecto de ley también establece que los militares podrán apelar al retiro voluntario, siempre y cuando hayan cumplido los 60 años de edad y computen al menos 30 años de servicio efectivo.

Según el texto votado en el Senado, el haber de retiro voluntario se calculará como el 45% del haber básico de retiro, más un porcentaje adicional por cada año de servicio adicional a los 30 años de servicio requeridos –y hasta los 35 años–.

En ese punto, Darío Pérez exige establecer un cálculo diferenciado para los cargos más bajos de las Fuerzas Armadas. La propuesta del diputado consiste en dejar en 45% el cálculo base para los coroneles, capitanes, tenientes y alféreces, pero computar 50% como base en el caso de los suboficiales, sargentos, cabos y soldados.

Retiro por incapacidad

Otra exigencia del diputado de la Liga Federal refiere al retiro por incapacidad. Mientras que el proyecto acordado por el oficialismo planteaba una retribución equivalente al 100% del haber básico de retiro para aquellos militares con incapacidad sobrevenida en actos de servicio, Pérez propone que en esos casos siga rigiendo la normativa actual. Es decir, en vez de tomar en cuenta el promedio de los últimos sesenta meses (como prevé el nuevo cálculo de la reforma), el diputado rebelde propone que el retiro por incapacidad sobrevenida en actos de servicio se siga calculando en base al mes inmediatamente anterior a la jubilación.

Para los demás casos de incapacidad, Pérez apoya la propuesta del Frente Amplio de establecer una retribución equivalente al 65% del haber básico de retiro.

Servicios bonificados

El diputado Pérez también pidió modificar el punto sobre el acceso a los servicios bonificados, por el cual los militares pueden computar más años de servicio que los que efectivamente completaron.

Mientras que el proyecto aprobado en el Senado establece que el personal de las FFAA podrá bonificar seis años por cada cinco de prestación efectiva, Pérez propuso extenderlo a siete años por cada cinco en el caso de los rangos más bajos.

A su vez, el diputado planteó extender el beneficio para las mujeres previsto en el artículo 44, que establece que tendrán derecho a computar un año adicional de servicios por cada hijo nacido vivo o por cada hijo que hayan adoptado (siempre que sea menor) con un máximo de cinco años. Pérez también sugiere añadir, entre los motivos de bonificación, la adopción de hijos con discapacidad.

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