Las víctimas detrás de las víctimas y los muertos que siguen muriendo

Ver el nombre de tu hijo muerto echa por tierra todo lo que habías logrado hasta el momento". Graciela Barrera de Novo, presidenta y fundadora de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) no entiende cómo la sociedad continúa sin sensibilizarse con el dolor que causa que "permanentemente" se hable y se mencionen los detalles de los casos policiales que terminan de la peor forma. "Uno busca todos los días poder respirar hondo, pero así es imposible", lamenta.

Lo afirma luego de terminado noviembre, un mes violento con 30 homicidios registrados –58% más de que los que hubo en noviembre de 2016–. Un mes que cargó, también, con tragedias como la de las tres niñas abusadas y asesinadas en Rivera, Villa Española y Malvín Norte, que fueron y siguen siendo tema de referencia en las redes sociales, en medios de comunicación y en otros ámbitos.

Graciela perdió a su hijo en el transcurso de una rapiña el 14 de enero de 2009 y sufrió en carne propia lo que se siente ver el nombre de un familiar asesinado en los titulares de los informativos.

Asegura que habla en nombre de todos los que han pasado por situaciones similares, pero reconoce que ahora cuentan con un nuevo respaldo.

Desde el 1º de noviembre, junto al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), se creó una unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación que se encarga de brindar asesoramiento y apoyo a los familiares y víctimas de los delitos violentos.

Uno de los principales cometidos de la Unidad de Víctimas y Testigos es combatir la "revictimización", como la que se activa cuando los familiares leen y escuchan en los medios de comunicación el nombre de sus seres queridos arrebatados en episodios de máxima violencia.

Ante la consulta de El Observador, desde su oficina en la nueva sede la Fiscalía, la flamante directora de esta unidad, Mariela Solary, reconoció este problema. "Los propios familiares nos piden que nosotros mismos no les hablemos de determinadas cosas", contó, bajando la voz y negando con la cabeza. Pero es inevitable que eso pase, reconoció la jerarca, y que la sociedad hable de ellos.

Desde la Unidad de Víctimas y Testigos se entiende que lo que hace falta es un "cambio cultural" a la hora de difundir determinados contenidos.

Es decir, que se informe sobre los casos pero que se eviten las particularidades que individualicen a las víctimas.

"Me llamó la atención, sobre todo en este noviembre, cómo en los medios y en las redes sociales se manejaron datos concretos de los afectados. Y esa es una forma de revictimizar", reclamó. Por eso, es necesario realizar una autocrítica "incluso de parte de los operadores judiciales" que están en contacto con los expedientes de los casos, dijo Solary.

"Porque tenemos que ser todos más cuidadosos: cada vez que aparece el nombre de una persona muerta, remueve la experiencia que todavía sufren sus familiares", advirtió.

Y lo que es peor, añadió la asistente social, es que "se publique lo que se podía haber hecho para evitar la tragedia". "Eso es terrible", aseguró.

Graciela lo resume a su modo: "Hasta que no lo vivís y entendés cómo sufre una familia entera y su entorno, no te das cuenta del daño".

Personal de Asfavide visitó hace algunas semanas la nueva oficina de la Fiscalía y quedaron satisfechos. "A mí se me puso la piel de gallina", reconoció su presidenta. "Luchamos mucho tiempo por que por fin se diera este paso", agregó Barrera.

La Unidad de Víctimas cuenta con un equipo de cinco asistentes sociales y un abogado, dedicados, entre otras cosas, a ayudar a que se "transite" con el menor daño posible "por el estrés de un proceso penal", explicó Solary.

Allí se les informa que desde el 1° de noviembre tienen derecho de participar en la investigación y acceder a toda información que necesiten sobre el caso, además de oponerse al fallo del fiscal o pedir que se archive la causa, si ese es su deseo. También se les ofrece asesoramiento jurídico para que entiendan el lenguaje judicial que muchas veces es oscuro y está plagado de tecnicismos.

"Las personas que están atravesando por un estado de shock y angustia necesitaban esa ayuda por tanto tiempo relegada", afirmó Solary.

La Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) fue creada en 2012 y desde entonces ha atendido a más de 3.000 personas. A impulso de este colectivo, se creó la Ley de Reparación de las Víctimas de la Delincuencia, gracias a la cual 148 personas cobran una pensión que ronda los 21 mil pesos. Asfavide cuenta con un equipo de psicólogos y con los servicios gratuitos del consultorio jurídico de la Universidad de la República.