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Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos

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Ley forestal: las posturas en el Senado sobre el proyecto que vetará Lacalle Pou

Cabildo Abierto advierte por la concentración de la tierra y los blancos consideran excesiva la regulación planteada en el decreto del gobierno 

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15 de diciembre de 2021 a las 05:01

El reglamento del Senado habilita varias fórmulas para que un proyecto de ley llegue a considerarse en la cámara. Una de ellas es que una moción, aprobada por mayoría, habilite al texto a pasar directamente al pleno sin un informe de comisión. 

Eso sucederá este miércoles, cuando la cámara sesione por última vez en este período ordinario para discutir y aprobar una de las iniciativas que más rispideces ha generado dentro de la coalición de gobierno: la propuesta de nueva regulación de suelos forestales. 

Será a través de la inusual alianza entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Así será pese a la amenaza de veto presidencial y que, el lunes, el Poder Ejecutivo había presentado un decreto regulatorio que, en su visión, vuelve innecesaria una nueva ley. 

El presidente Luis Lacalle Pou ratificó este martes que "el Poder Ejecutivo va a vetar" la ley en caso de que prospere. "Este proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto, que obviamente está en todo su derecho, está por fuera del Compromiso por el País. Con lo cual, quien habla se ve liberado a actuar según su propia concepción. Agregado a esto, hay un decreto que llevó mucho tiempo zurcir esas tensiones que eventualmente pueden aparecer entre Ambiente y Ganadería y estamos muy conformes con esa reglamentación", afirmó al retornar al país de su viaje a Catar.

Ese día la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado celebró su última sesión en el año. Allí, todos los sectores fijaron su posición, tanto técnica como política, de la discusión. 

Cabildo Abierto defendió su proyecto. “Aquí lo que está en juego es enjuiciar un modelo productivo”, aseguró el senador Guillermo Domenech. Un modelo que, apuntó, ha llevado a dos empresas a ser propietarias de más de 700 mil hectáreas. “Nunca en la historia del país se produjo una concentración tan importante”, dijo. 

El legislador sostuvo que su partido procura resolver un dilema entre el “estatismo que suprime el derecho de propiedad” y el “capitalismo que concentra la propiedad en manos de unos pocos y pauperiza al resto de la población”. 

“De alguna forma, queremos cambiar este modelo y que se ciña a los 4 millones de hectáreas que, en su momento, fueron declaradas de interés forestal”, señaló. 

Domenech habló allí de un “capitalismo depredador” que “obligó a la sociedad uruguaya a poner US$ 4.600 millones” para asegurarse su inversión, en referencia a UPM, “compitiendo deslealmente con los pequeños productores agropecuarios''. El senador advirtió del “camino peligroso” que recorre Uruguay hacia la concentración de la propiedad rural. Todo en un sector como la forestación en el que, señaló, el 45% de los trabajadores son informales. 

El mundo real

En el Partido Nacional hay una mirada radicalmente opuesta a la de Cabildo Abierto. Incluso, algunos legisladores blancos han planteado discrepancias incluso con la redacción del decreto gubernamental. “Es mucho más restrictivo de lo que personalmente me gustaría”, dijo el senador Sebastián Da Silva.

En su visión, se pretende ahora regular elementos que han funcionado bien y que le dan la potestad a cualquier productor ganadero de “rebuscarse” arrendando el fondo de su campo para forestar. Da Silva insistió en que el sector forestal está sobrerregulado, y con el decreto pasará a estarlo más, lo que lo lleva a preguntarse “cuál es el mundo real” luego de esta normativa. 

“Me imagino a los (Javier) Otegui (directivo de SPF) o a la Shell reingresando su proyecto forestal y pidiendo una autorización ambiental expresa en algo que el país ya tiene asimilado”, ironizó. Da Silva insistió: “Estamos ante uno de los aspectos más restrictivos de los últimos tiempos en la actividad forestal”, aseguró. 

Su correligionario Sergio Botana reparó por su parte en la “escasa restricción” que, a su juicio, supone el 50% de exigencia mínima prevista en el decreto de implantación en suelos de prioridad forestal para que los proyectos sean registrados. Por otro lado, definió “excesiva” la obligación de que el área forestada en las plantaciones ubicadas en las cuencas de nivel 5 sea menor al 80%. 

De todas formas, Botana cuestionó también el proyecto de Cabildo Abierto. En particular su artículo 2. “Me da lástima, porque inhibe de toda validez al proyecto”, indicó. 

Ese artículo es el que propone limitar los bosques de rendimiento y generales de todo el país al 10% de la superficie agropecuaria total. “Da un mensaje de rechazo a todo un sector de la vida económica, sin ningún tipo de razón”, dijo. 

En su opinión, se trataría de una restricción arbitraria en un porcentaje irrazonable, lo que terminaría por provocar una competencia por plantar rápidamente en las 600 mil hectáreas de tierras que, apenas, queden disponibles. “Las empresas forestales saldrían a competir por apropiarse de las tierras que vayan a necesitar en el futuro, antes de que se agote la posibilidad de plantarlas”, apuntó. 

En el Partido Colorado, en tanto, el senador Pablo Lanz (Ciudadanos) mostró sorpresa por el contenido del decreto oficial. “Avanza aún más de lo que en algunas cuestiones imaginábamos”, dijo. 

"No necesitamos una nueva ley"

Según el gobierno buena parte del proyecto de ley de Cabildo Abierto está contemplado en el decreto presentado este lunes. También que parte de su contenido ya tiene regulación. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, recordó que la aprobación y el seguimiento de proyectos forestales de bosques de rendimiento y generales ya dependen de su cartera. 

Lo mismo sucede, dijo, con el resto de los proyectos existentes. “No necesitamos una nueva ley para eso, porque lo que existe ya nos da competencias”, remarcó.  De todas formas, Peña sostuvo que el decreto no va contra ninguna iniciativa en particular. “Esto no es contra nada, sino en favor de”, aseguró. “Es una construcción positiva y propositiva”. 

Más allá de su afán componedor, el ministro también tuvo tiempo de cuestionar el proyecto de Cabildo Abierto. “El infierno está empedrado de buenas intenciones”, ironizó Peña, al señalar que la iniciativa de los liderados por Manini Ríos resultaría “tremendamente concentradora” del rubro forestal. De aprobarse, dijo, “solo deja camino a los grandes, a los poderosos”. 

El FA y el decreto 

Las diferencias en la coalición convirtieron al Frente Amplio en el fiel de la balanza. La oposición facilitará la aprobación del proyecto de Cabildo Abierto, pese a los reparos expresados en las últimas horas por el exministro de Economía, Danilo Astori. En declaraciones a El País, el exvicepresidente sostuvo este martes que el decreto del gobierno abriría el camino a nuevos acuerdos

“Limitar simplemente por ley la posibilidad de definir la superficie forestal del país no es la mejor solución desde el punto de vista productivo”, dijo. Astori cuestionó el proyecto de Cabildo en función de “razones productivas y de conveniencia para la economía nacional”. 

Pero la bancada analizó este martes la situación y resolvió, por mayoría, seguir adelante. Asamblea Uruguay acatará la decisión pero expondrá sus salvedades durante la sesión. 

En una primera lectura, el senador Óscar Andrade (PCU) sostuvo que el decreto presentado por el gobierno no es necesariamente contradictorio con el proyecto de ley, sino que va en una dirección similar y complementaria. 

El legislador Alejandro Sánchez (MPP) sostuvo que votar la ley al tiempo que cobra vigencia el decreto derivará en una situación “mucho mejor” desde el punto de vista ambiental. “Ambas normas pueden coexistir perfectamente”, aseguró. 

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