Lo que tiene que pasar para que Moreira sea destituido como intendente de Colonia

¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? El reglamento de la Junta Departamental de Colonia establece, citando el artículo 296 de la Constitución de la República, que los ediles pueden acusar al intendente, así como a los miembros de los legislativos departamentales, "por un tercio de votos del total de componentes dicha junta". 

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Para eso se necesitan 11 votos, algo con lo que el Frente Amplio (FA) –aunque es minoría en el legislativo– cuenta, ya que tiene esa cantidad de representantes departamentales. Sin embargo, para que esto prospere es necesario que haya quórum para sesionar, para lo que son necesarios 16 ediles en sala. 

Una vez que la junta logre la acusación al intendente se presenta ante la Cámara de Senadores, que será la encargada de juzgar el caso. "La Cámara de Senadores podrá separarlos (a los intendentes o a los miembros de la junta) por dos tercios de votos del total de sus componentes", añade el artículo 296 de la Constitución. 

Sin embargo, la normativa establece que para que se dé el juicio político se deben cumplir algunas condiciones, establecidas en el artículo 93 de la carta magna. Ellas son la "violación de la Constitución u otros delitos graves", según los motivos previstos en ese artículo. 

Camilo dos Santos

Esta semana el candidato a la Presidencia del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo en entrevista con El Observador este miércoles que a su juicio "no hay casual de juicio político. Hay que leer el artículo y es violación de la Constitución o delitos graves. Pero estamos a cinco días de la elección y surgen voces".

Pero, ¿qué es un delito grave? ¿Hay que esperar a que haya un pronunciamiento judicial? Dos constitucionalistas consultados por El Observador aseguraron que la acusación de los ediles y el fallo judicial corren por carriles independientes, por lo que no es necesario que haya una condena antes de destituir al intendente. 

El catedrático de la Universidad de la República Ruben Correa Freitas consideró que la acusación parte de un "tema político", no penal o judicial. "El órgano que acusa, la Junta Departamental, hace una valoración política del tema, de si el ciudadano cometió o no un delito grave. Y será la Cámara de Senadores quien juzgará si en definitiva cometió o no un delito grave", señaló. Para eso en el Senado se necesitan 21 votos. 

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En esa misma línea opinó Eduardo Esteva, catedrático de la Universidad de Montevideo, quien aseguró que "no es necesario que haya un pronunciamiento judicial" previo al juicio político. Como muestra de ello se refirió al artículo 273 que establece que lo que surja del juicio político puede ser enviado como antecedente al Poder Judicial. "Eso acredita terminantemente que son dos procedimientos independientes. El judicial y el político penal", precisó. 

Respecto a qué se considera delito grave, Correa Freitas explicó que, normalmente, se entiende que son aquellos que "merecen pena de penitenciaría". "Concretamente, son aquellos delitos que tienen un mínimo de penitenciaria de dos hasta 30 años. Esos son los delitos graves", consideró.

Lo mismo dijo Esteva, aunque con el matiz de que no hay una única opinión sobre el tema. Por ejemplo, también está la concepción de que "todo delito sería grave". 

El antecedente más cercano referido a un intendente acusado en juicio político es el exjefe comunal de Paysandú, Bertil Bentos, –también del Partido Nacional– quien fue acusado ante el Senado por los ediles del FA en 2013 por el escándalo de la "Casita del Parque", un predio municipal en el que se realizaban fiestas sexuales con menores. Por ese caso fue procesado el secretario general de la comuna, Horacio de los Santos, quien recuperó su libertad tras 27 meses de prisión, en octubre de 2015. 

Al igual que Moreira, Bentos era integrante de Alianza Nacional.