El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo sentirse responsable por todo lo ocurrido en referencia a Pluna y los sucesos que se fueron desencadenando hasta el jueves pasado cuando la ley que creó el fideicomiso fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
En entrevista con La República, cuestionado sobre la interpelación que enfrentará en los próximos días, Lorenzo dijo: “Mi formación y mi forma de actuar en la vida no me permiten hacer otra cosa que asumir responsabilidades. No me reconocería a mí mismo si no lo hiciera. Obviamente, me siento plenamente responsable por lo actuado”.
El ministro también estableció que “por supuesto” plantea una autocrítica por lo sucedido. “Creo que es lo que debemos hacer los gobernantes, reconocer cuando nos equivocamos”, añadió.
En otro orden, declaró que le sorprendió una parte del fallo de la SCJ, referida a que la ley desconocía el principio básico de separación de poderes. “Jamás imaginamos que la iniciativa podía llegar a ser objeto de esa clase de cuestionamiento. No recibimos una sola advertencia en este sentido”, señaló el ministro y agregó: “Confieso que esa observación de la Suprema Corte de Justicia me impactó especialmente. Si alguien siquiera me hubiera advertido sobre esta posibilidad, jamás habría impulsado el proyecto. No tengo problema en reconocerlo”.
Destacó que en el gobierno casi no se habló del tema Pluna: “En la reunión del Consejo de Ministros del pasado sábado, en la cual participé, no se solicitó ninguna clase de informes. Sobre el tema Pluna, apenas si mencioné que estábamos analizando la situación. Nada más”, dijo.
Criticó a la oposición por las repetidas ocasiones que han salido en medios de prensa diciendo que se lo habían advertido. “Si fuera por las ‘advertencias’ de la oposición… La oposición ha sido, y es, especialista en advertir acerca de la inminencia de catástrofes de todo tipo que ocurrirán como consecuencia de las acciones de los gobiernos del Frente Amplio”. Ejemplificó con la reforma tributaria del 2007, que según él la oposición anunció que sucedería un “cataclismo”.
Dijo que lo que planteaba la oposición era que el Estado no debía hacerse cargo de los costos relacionados con el proceso de liquidación de la empresa. “Se pretendía que la empresa siguiera en actividad, que los acreedores continuaran cobrando y que al Estado no le costara un peso. Simplemente esto no era posible. La empresa estaba en quiebra y lo que el gobierno se propuso hacer fue lidiar de la manera menos costosa posible con las consecuencias del concurso. Es en este contexto que se deben entender las “advertencias” de la oposición acerca de la inconstitucionalidad de la ley 18.931”, dijo.
Subrayó que era mucho más cómodo y fácil haber seguido el proceso señalado por la ley de concursos. “Pero entendimos que, de seguir por ese camino, se corría el riesgo, con alta probabilidad de ocurrencia, de pulverizar el valor de las aeronaves. Pero quiero que quede claro que el tema está saldado desde el punto de vista jurídico. La Suprema Corte de Justicia se expidió de manera clara y contundente”.