Los argumentos del fiscal para solicitar más procesamientos en la megacausa ANCAP

El fiscal del crimen organizado Luis Pacheco apeló este lunes a la decisión de la jueza Beatriz Larrieu de solo procesar al expresidente de ANCAP y exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, al tiempo que dejar sin efecto los pedidos de procesamiento para seis exjerarcas del ente petrolero y sus empresas subsidiarias. Con este movimiento, el fiscal buscará no solo que los otros directivos sean procesados, sino también que se le impute un delito más, por otro abuso de funciones, a Sendic.

El exvicepresidente había sido procesado por reiterados delitos de peculado (uso de fondos públicos con fines privados) por el uso presuntamente irregular de las tarjetas corporativas de ANCAP, al tiempo que fue señalado con un delito de abuso de funciones por su papel en la negociación del pago de la deuda que el ente uruguayo mantenía con la petrolera venezolana Pdvsa.

Por esta último punto el fiscal había pedido, además del procesamiento de Sendic, el de José Coya (expresidente de ANCAP) y los exdirectores Juan Gómez y Germán Riet. Para el pago de esta deuda se comenzó a trabajar con la empresa financiera EXOR, que fue contratada sin proceso licitatorio y que por haber sido retirada del negocio a último momento terminó demandando al ente uruguayo por US$ 34 millones.

La jueza había decidido solo procesar a Sendic por entender que fue él quien hizo el primer contacto con esta empresa, que había sido presentada por Venezuela y luego quitada del negocio de forma unilateral. También fue Sendic, a juicio de la magistrada, quien firmó los acuerdos sin consultar al Directorio ni a la Asesoría Jurídica.

Sin embargo, para Pacheco la culpa no es exclusiva de Sendic, de acuerdo al texto de la apelación que fue publicado en el sitio web de la Fiscalía de Corte. El fiscal insiste en que debió existir un proceso licitatorio, a pesar de que la jueza había argumentado que la operativa requería reserva dado que la noticia de una eventual compra de bonos por US$ 500 millones "hubiera afectado el mercado bursátil y la operación fracasaría".

Pacheco afirma, además, que las cláusulas a las que se expuso el Directorio al firmar con EXOR fueron "altamente inconvenientes y expusieron al ente a un millonario juicio".

Otro punto sobre el que insistirá Pacheco es sobre las presuntas irregularidades que hubo en el negocio que mantuvo ANCAP con Petroecuador a través de Trafigura. Esta empresa actúo como intermediaria en el negocio de compraventa de gasoil uruguayo a cambio de petróleo ecuatoriano.

En este caso, el fiscal había pedido el procesamiento por un delito de abuso de funciones contra Sendic y los exdirectores del ente Riet, Gómez y Juan Justo Amaro. Sin embargo, para la jueza no hubo delito porque el abuso de funciones exige que el responsable ocasione un perjuicio y en este caso hubo ganancias de US$ 5 millones.

El fiscal insiste en que los demás jerarcas deben ser procesados con el argumento de que el negocio nunca debió haber existido porque ANCAP tiene prohibido celebrar contratos de intermediación con un privado sin una licitación pública. "(ANCAP) le ha concedido a una empresa privada una posición más que ventajosa, ofreciéndole su participación en un negocio multimillonario, sin que dicha empresa extranjera haya debido enfrentar procedimiento competitivo alguno, ni en Uruguay, ni tampoco en Ecuador".

El fiscal Pacheco había pedido el procesamiento por abuso de funciones del entonces gerente de la división Portland, Juan Luis Romero, por "disponer el otorgamiento" de adelantos de dinero a una empresa de transporte brasileña que debía enviar la cal que se producía en Treinta y Tres hacia una central eléctrica en Candiota (Brasil). La jueza decidió no procesar porque el delito de abuso de funciones es solo aplicable a funcionarios públicos y sus decisiones fueron tomadas estando como gerente de Cementos del Planta SA, subsidiaria de ANCAP que se rige por el derecho privado.

Pacheco insistió en el procesamiento argumentando que Romero se desempeñaba también como gerente de la división de portland de ANCAP, donde sí era considerado funcionario público. Asimismo, indica que no se puede separar su rol como gerente en ANCAP de su responsabilidad en Cementos del Plata. "El indagado, en su condición de funcionario público actuando como privado, era consciente de que el 95% de los dineros entregados a la empresa de transporte eran públicos".

Entre 2010 y 2013, Cementos del Plata hizo adelantos por US$ 2,4 millones a la empresa de transporte sin que quedara documentado, ni garantías, ni plazo establecido para devolver ese dinero, y todo por fuera del contrato original.

Pacheco había pedido el procesamiento del exgerente de ALUR Manuel González por un delito de estafa, por acceder a que la empresa abonara seis pagos extra a Abengoa, la firma contratista en la ejecución de una planta de bioetanol. La jueza desestimó el pedido del fiscal por entender que esos pagos se realizaron de acuerdo a las estipulaciones contractuales.

El fiscal señala que si bien estaba previsto que se le entregara US$ 1 millón a la empresa si terminaba la obra antes de fecha –como efectivamente lo hizo–, el hecho de que en un principio la planta no cumpliera con la producción de las cantidades esperadas podría haber activado una cláusula que exonerara a ALUR de hacer ese pago. Sin embargo, "se compensa (la falta de producción) con mejoras registradas en otra valores garantizados", lo que no estaba contemplado en el contrato y para el Pacheco es irregular, agrega el texto de la apelación.

Pacheco había solicitado el procesamiento por el delito de abuso de funciones de Eduardo Goldsztejn, jefe de Mantenimiento de la División Marítima, y Ricardo Lemes, por haber contratado de forma directa a una empresa para remolcar embarcaciones que había sido descartada en un proceso licitatorio anterior. La jueza entendió que solo realizaron una tarea meramente operativa y que no se había reunido prueba suficiente como para concluir que los indagados hayan incurrido en la conducta delictiva.

Pacheco reiteró ahora como prueba la audiencia civil que llevó a que ANCAP pagara U$S 300.000 por incumplimientos en el contrato con una firma llamada KIOS, que fue desafectada del negocio para entregárselo a la que había sido descartada en la licitación anterior. Para lograrlo, según Pacheco, los funcionarios midieron el calado de una de las barcazas de KIOS es condiciones climáticas que no eran óptimas. Esa medición arrojó un calado superior al que ANCAP buscaba, lo que llevó a terminar el contrato. En ese momento se resolvió, en un tiempo inusualmente rápido según Pacheco, contratar a la otra empresa.

"Los indagados actuaron de mala fe, y en vez de cumplir su deber funcional de intentar que el ente cumpliera con la transacción celebrada con KIOS, por el contrario su actuación estuvo dirigida al incumplimiento", concluye el fiscal.