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Los argumentos del Tribunal de Cuentas para observar la compra de tres escáneres para Aduanas
La incorporación de tres escáneres (dos fijos y uno móvil) para la Dirección Nacional de Aduanas es considerada prioritaria por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que considera esta tecnología como clave para mejorar el combate al narcotráfico.
Durante todo el 2022, Aduanas realizó una licitación en la que tras varias idas y vueltas solo dos empresas (Sonda y S2 Global) llegaron hasta el final. El organismo, previa recomendación de la comisión asesora de adjudicaciones se decantó por la última, que había realizado una oferta por 10 años y un importe total de unos US$ 42 millones.
Pero la compra está en suspenso debido a que el Tribunal de Cuentas (TCR), con votos de la presidenta Susana Díaz (neutral) y los tres ministros de la oposición (Enrique Cabrera, Miguel Aumento y Diana Marcos) observó el gasto por entender que en el proceso se habían registrado incumplimientos normativos.
El argumento del TCR fue cuestionado por el Ministerio de Economía (MEF), que envió una nota pidiendo que se reconsideren las observaciones formuladas, pero el TCR las mantuvo (nuevamente 4 votos contra 3) en una sesión extraordinaria realizada el 11 de enero.
Pese a que la sesión se realizó hace más de una semana, el documento –al que accedió El Observador– recién se terminó de elaborar en las últimas horas, luego que los ministros oficialistas entregaran la fundamentación de sus votos discordes.
La resolución señala que los “fundamentos esgrimidos por la administración no ameritan la reconsideración de la observación oportunamente formulada” y contiene anexados los argumentos a favor y en contra de esta decisión.
El gobierno está esperando recibir la resolución del TCR para analizar los argumentos y definir si la licitación cae o reitera el gasto, algo que debe contener el aval del presidente Lacalle Pou.
La "vulneración" del Tocaf
La mayoría compuesta por la presidenta del TCR y los ministros opositores entendieron que varias respuestas “vulneraron” el artículo 48 del Tocaf, que los recursos administrativos se resolvieron de forma “extemporánea” y que hubo exigencias “insuficientes” para evaluar a una de las empresas.
Ese artículo señala que el pliego que regirá el procedimiento administrativo de contratación deberá tener una redacción “consistente, evitar la duplicación de requisitos y prevenir la existencia de indefiniciones, contradicciones y cláusulas ambiguas”.
A través de 14 puntos incluidos en los considerandos, el TCR criticó algunas de las respuestas que dio Aduanas a las consultas realizadas durante la licitación. Una de ellas, vulneró el artículo 48 del Tocaf porque no dio una “fecha cierta” en la que debía terminar un trámite, lo que generó “inseguridad jurídica”.
A su vez, agregaron que otra respuesta fue “distinta” a lo que se había establecido en el pliego, lo que generó “ambigüedad” en lo requerido. También que hubo otras respuestas sobre los antecedentes de los equipos que fueron “ambiguas” en el entendido que el pliego no “restringía” la posibilidad de validación de los antecedentes del fabricante como prestador de los servicios.
Otro de los argumentos fue que al momento de evaluar las ofertas la administración adoptó “criterio disímil respecto al pliego y al tenor de las aclaraciones a las consultas referidas”.
Este punto había sido cuestionado por Sonda –la empresa que perdió– al considerar que los técnicos asesores de la Aduana habían señalado aspectos que no eran válidos conforme al pliego de licitación y que de no haberse incurrido en ese error, su calificación habría sido mayor que la de S2 Global.
El TCR también señaló que una exigencia (en relación a la evaluación de la capacidad económico financiera) resultó “insuficiente” para evaluar la capacidad económico-financiera del oferente teniendo en cuenta que “se tratan de dos personas jurídicas diferentes” lo que configuraba “indefinición”.
Por último, los ministros establecieron que los recursos administrativos de revocación y jerárquicos interpuestos por Ciemsa y CSI Ingenieros (empresas que participaron de la licitación pero no llegaron a la etapa final) fueron deducidos en forma “extemporánea”.
Los votos discordes
Los ministros oficialistas Francisco Gallinal, Darwin Machado y Rodolfo Rodríguez (suplente de Álvaro Ezcurra) argumentaron que debía levantarse la observación y dieron diferentes razones para ello.
Gallinal hizo primero una observación política y luego una fundamentación jurídica. Expresó que no existía “fundamento alguno” para observar las actuaciones y que a su juicio se trataba de un proceso de licitación pública que respetó “meticulosa y cuidadosamente cada paso” con el objetivo de poder dotar al país “de los más modernos instrumentos tecnológicos para combatir el narcotráfico y el contrabando, entre otras materias”.
“No existe en el Tribunal de Cuentas, ningún informe jurídico que avale la observación de las actuaciones. La unanimidad de los pronunciamientos jurídicos realizados por la División Jurídica, aconsejan al Cuerpo de Ministros aprobar lo actuado y proceder a intervenir el gasto”, mencionó y agregó que tampoco existían de parte de la División de Auditoría informes que aconsejen “observar lo actuado”.
A su vez, dijo que la resolución definitiva se limitó a “expresar que no existen elementos para estudiar la reconsideración, sin responder ninguno de los fundados argumentos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas que, en forma contundente, contradicen la breve fundamentación de dicha resolución definitiva”.
Luego criticó los 14 puntos incluidos en los considerando y señaló que las formulaciones “no eran de recibo”.
Machado, en tanto, mencionó que el gasto “no merece objeciones legales”, que un informe ampliatorio producido por la Comisión Asesora de Adjudicaciones y un nuevo estudio realizado por la División Jurídica del Tribunal era “concluyente” aconsejando el levantamiento de la observación, algo que fue compartido por Rodríguez.
