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Audios que comprometen a tres sospechosos de un asesinato que siguen libres

El abogado de la familia de Gustavo Barón, asesinado el 3 de noviembre de 2017 cuando intentó evitar una rapiña, los presentó a la Suprema Corte que estudia el caso

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11 de febrero de 2020 a las 20:10

Los tres sospechosos de llevar adelante un asesinato para lograr una rapiña en el balneario de San Luis a fines de 2017, y que siguen libres esperando que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ante un recurso de casación, aparecieron identificados en conversaciones por WhatsApp en las que se infiere que planificaron el crimen.

"Tenemos que estar todos pillos ñery. No podemos errar en esta Romina, estamos jugando años”, se escucha decir a uno de los sospechosos, que conversaba con la mujer que, según la teoría de la fiscalía, estaba dentro del local comercial asaltado –el Viejo Pancho– coordinando el asalto que terminó con un asesinato. Esta mujer es la hija de la propietaria del comercio, y quien presuntamente estaba dentro del local avisando a los otros que en determinado momento llegaron para robar la recaudación de las apuestas. 

Los audios, difundidos por Subrayado y cuyo contenido fue confirmado por El Observador, fueron recuperados tras una pericia a los celulares de los involucrados solicitada por el abogado de la familia de la víctima, Óscar López Goldaracena, y que la fiscalía no presentó en el juicio oral, en el que fueron absueltos. Esta prueba la había solicitado el abogado tiempo atrás para intentar demostrar, en otra denuncia, que la madre de la imputada había dado una declaración falsa para proteger a su hija.

"Y me acordé que había pedido eso y que había quedado en ese otro expediente", dijo López a El Observador. El abogado presentó esas pruebas en la SCJ el 23 de diciembre del año pasado, para que el máximo órgano judicial tenga en cuenta los audios para resolver si los tres sospechosos deben o no ser condenados por el asesinato.

Las tres personas acusadas del homicidio por la fiscalía son dos hombres y la mujer, hija de la dueña del local, que quisieron robar a una funcionaria de la Dirección Nacional de Quinielas. Hoy están en libertad porque fueron absueltos por el juez Marcos Seijas en mayo de 2018 en el juicio. Luego, 14 meses después del asesinato, el Tribunal de Apelaciones de 4to Turno revocó la sentencia de Seijas y condenó a 22 años de prisión a dos de ellos –uno de los hombres, y la mujer–, y solo falta que se pronuncie la SCJ.

La explicación

Durante el juicio, la fiscalía no presentó esos audios que, según dijeron fuentes allegadas al juez Seijas, hubieran cambiado su decisión de absolver a los sospechosos. ¿Por qué?

En el caso intervinieron dos fiscales: Silvia Lovesio y Darviña Viera. La primera fue la encargada de investigar lo ocurrido, y la segunda fue quien actuó en el juicio oral con los elementos recogidos por la colega. Viera, y otra fuente del Poder Judicial, sin embargo, confirmaron a El Observador que en la carpeta de investigación de la fiscalía no estaban esos audios incriminatorios, aunque había otros elementos, como mensajes escritos y fotografías.

Lovesio dijo que en su momento solicitó a la Policía Científica que periciara los celulares, pero Viera afirmó que las pericias que se realizaron no incluyeron los audios. Ante la consulta de si faltó que la fiscalía determinara con precisión lo que se quería analizar, respondió: "Lovesio habrá solicitado que se periciaran los celulares como solicitamos todos, y la policía no sé por qué no plasmó los mensajes de audio. Pero habían otras cosas, como fotos y mensajes. Para mí ya estaba claro" (que los sospechosos eran los asesinos), aseguró.

A continuación, la transcripción de la conversación que mantuvo la mujer hija de la propietaria y acusada por la fiscalía, con uno de los presuntos delincuentes.

—Obvio que no vamo’ a errar…me extraña ñery.

—Dale ñery te quiero mucho —dijo él—. Tené el teléfono en la mano por favor Romina por favor. Te quiero, vamo’ arriba eh. Yackuzzi nos esperaaaaaaaaa”. Bo Romina, si ya sabemos el horario ñery. Lo que pasa que si mandamos mensaje tenés que contestar por las dudas ñery. Tenemos que estar todos pillos ñery. No podemos errar en esta Romina, estamos jugando años.

—Un día solo, y hoy está la recaudación de ayer también porque fue feriado —respondió ella—. No todavía no, tiene que estar por pasar, yo te dije entre doce y media y una y media,

—Vamos a estar mimosos eh, abrazaditos, ¿no?

—Tiene que estar por pasar porque mi madre me dijo que ahora cuando pase la de la quiniela tenes que darle la plata, me dijo. De casa se lleva tres palos y el otro día de la vinería se llevó veinte palos.

—¿Estás en posición ahí, en la ventana? Estate atenta a la jugada bo.

—Quedate tranquilo que ya te llamo y nos encontramos en algún lugar, como arreglamos. Yo te llamo ahora cuando pase eso.

El caso y las críticas

El 3 de noviembre de 2017, sobre las 13 horas, Beatriz Fernández, funcionaria de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, llegó al comercio Viejo Pancho, acompañada por su cuñado, Gustavo Darío Barón. A esa hora, de acuerdo al alegato de la fiscalía, los hombres que efectuaron el asalto recibieron mensajes a través de WhatsApp enviados por una mujer –hija de la dueña del minimercado– en los que se describía la marca del auto en que habían llegado Fernández y Barón. Y con esa información, los hombres entraron en acción: llegaron en una moto, uno de ellos forcejeó con Barón y el otro le quitó el dinero a Fernández, además de otras pertenencias.

Cuando fueron a subirse a la moto para escapar, Barón tomó del brazo a uno de los asaltantes y este no tuvo piedad: le disparó en el pecho y lo mató en el acto. Luego escaparon, pero fueron detenidos por la Policía en el balneario de Guazuvirá, gracias a la descripción de su vestimenta que hizo una persona que llamó al 911.

La Fiscalía los acusó de un delito de homicidio especialmente agravado –los hombres como autores y la mujer como coautora– y otro de asociación para delinquir. Los fiscales pidieron 28 años de prisión para los tres, además de la prisión preventiva que había sido concedida el 4 de noviembre.

Pero el juez penal Marcos Seijas hizo una serie de consideraciones sobre las pruebas que aportaron los fiscales, como por ejemplo, no haber exhumado el cadáver para extraer la bala, no contar con más declaraciones de testigos, y, justamente no presentar los audios difundidos. "La Fiscalía no lo requirió", dijo Seijas en su sentencia.

Esta prueba que las fiscales desecharon, agregó el juez, "hubiera servido para reconocer o no las voces de quiénes se estaban comunicando a través de ese medio".

 

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