Aunque se haya suspendido la apertura del corralito mutual, las personas que tengan interés en cambiar de prestador podrán hacerlo, siempre y cuando cumplan con la reglamentación que prevé el Ministerio de Salud Pública (MSP) aunque, para muchos, ese mecanismo supone transitar un proceso tedioso y complicado de concretar.
Esta normativa, que regula las desafiliaciones desde el pasado enero de 2018 y seguirá haciéndolo hasta febrero de 2020, fecha prevista por el gobierno para habilitar nuevamente la libre movilidad, contempla tres causales. Cambio de domicilio, pérdida de confianza y motivos económicos.
Según datos a los que accedió El Observador, facilitados por el Movimiento de Usuarios de Salud Pública y Privada, en lo que va del año se han concretado 20.000 traspasos por medio de una de esas tres causales. La que más demanda registró fue la de cambio de domicilio con 14.000, seguida por la pérdida de confianza, que supuso 4.000. El motivo económico no fue contabilizado porque el usuario pasa directamente a la salud pública, sin necesidad de iniciar un proceso burocrático.
El ministro de Salud, Jorge Basso, había anunciado a fines de 2017 que durante ese año -que fue el último en que se abrió el corralito mutual en febrero- la Junasa recibió cerca de 4.000 solicitudes de cambio de institución. Y en durante los 30 días en que se liberó el traspaso, cambiaron de prestador cerca 55.000 personas, un 3,4% de los habilitados para hacerlo, según informó La Diaria.
En 2016 fue cuando se registró el mayor pico de movilidad con 63.130 cambios en el mes que habilitaron el corralito.
El causal de cambio de domicilio está dirigido únicamente al usuario que debió mudarse de departamento y solo será aprobada si trascurrieron menos de 12 meses desde el cambio de residencia. Los interesados deberán presentarse con cita previa en el Banco de Previsión Social (BPS) y llevar también su cédula de identidad vigente junto con la constancia que registre el traspaso de residencia. En caso que no lo tenga, la persona puede firmar una declaración jurada en la que señale cuál es la nueva dirección.
Según informó a El Observador el Movimiento de Usuarios este proceso suele tardar, generalmente, entre 30 y 60 días entre que se inicia el trámite en el BPS y pasa a la Junta Nacional de Salud, órgano encargado de dar el visto bueno a la solicitud.
Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, aseguró que este es el procedimiento más complicado de transitar. “Es difícil probar que una persona perdió la confianza”, dijo el médico. Algo parecido aseguró Ivonne Lima, presidenta del Movimiento de Usuarios. “Es la causal que más tiempo tarda. Suele superar los 90 días fácilmente”, informó.
En este caso el afiliado deberá presentar en el BPS, aparte de la cédula, una nota en la que expongan los motivos que originaron la pérdida de confianza y qué ventaja les ofrece el nuevo prestador al que quieren asociarse. En esa nota se deben adjuntar elementos que prueben que existieron dificultades en la atención.
En términos prácticos, esta causal no exige iniciar un procedimiento. El usuario simplemente pasará a ser atendido en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El colectivo de usuarios entiende que el corralito no debería de existir. No acompañan la medida del MSP y velan por que exista el libre traspaso de afiliados, siempre y cuando la persona deje constancia de los motivos que despertaron el interés en cambiar de prestador. Consideran que esa información es necesaria para enriquecer el buen funcionamiento del sistema de salud.
“Es importante que la Junasa conozca qué debilidades tiene la mutualista que el usuario quiere abandonar. En este sentido el interesado debe notificar qué lo llevó a querer dejar ese prestador”, explicó a El Observador Lima.
Si bien el movimiento adhiere a la lógica de que existan causales, es favorable a que se genere “mucha más flexibilidad” de la que actualmente permite la reglamentación que propone el MSP. “Puede haber infinitas razones por la que una persona pierda la confianza en su prestador. Entonces acá hay que cambiar el chip y tener otra cabeza para que se comprenda más las disconformidades del usuario. Hay que ampliar este punto”, aseguró. Según detalló, esta causal no debería quedar a merced del criterio que tenga el funcionario que recibe la solicitud de traspaso, sino ampliar la mirada para llegar a comprender en profundidad todas los posibles orígenes de inconformismo que puede sentir un usuario. Asimismo, Limay se refirió también a la necesidad de agilizar el tiempo que lleva culminar cada proceso.
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