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Los crímenes ambientales se extienden por toda la cuenca amazónica

Las actividades ilegales de minería, pesca, tala de árboles y ocupación de tierras indígenas repercuten en la degradación de la selva tropical y la alteración socioambiental de los pueblos indígenas

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07 de septiembre de 2022 a las 05:03

El Amazonas brasileño se extiende por nueve de los 27 estados del país, pero las actividades criminales relacionadas con el medio ambiente se han extendido prácticamente a todos los estados.

La tala ilegal de árboles, la minería ilegal del oro y la ocupación de tierras públicas están ligadas a una amplia variedad de crímenes que se perpetran a lo largo del país, según un estudio realizado por el instituto Igarapé.

Delitos como evasión fiscal, lavado de dinero, corrupción, asociación criminal, fraude y tráfico de fauna están presentes en 24 de los 27 estados y Alagoas, Paraíba y Pernambuco aparecen como la excepción a este panorama.

La extensión de estas actividades significa que en los 254 municipios brasileños y en ocho ciudades de Sudamérica se desarrollan actividades ilegales que directa o indirectamente colaboran con la degradación de la selva tropical.

El estado de Pará es el más afectado por la actividad criminal, seguido por Rondonia y Amapá. Fuera de la región amazónica San Pablo aparece como el de mayor índice de ilegalidades de este tipo, seguido por Paraná y Goias.

De acuerdo con información proporcionada por la policía Federal, analizando más de 300 operaciones policiales entre 2016 2021, se puede observar que la industria de la explotación maderera ilegal es la que deja la mayor huella en el Amazonas, ya que fue registrada en 166 municipios de los estados brasileños.

Otra actividad ilícita que se extiende más allá del Amazonas es la minería ilegal, que se encuentra asociada a delitos conexos en 125 municipios en 20 estados, donde se practica el fraude, la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Otro aspecto de los crímenes ambientales es la presión sobre los territorios indígenas por parte de organizaciones criminales nacionales y extranjeras.

El territorio de los Yanomami en el estado de Roraima aparece como el más afectado por la tala y la minería, seguido por el de los indígenas Munduruku en el estado de Pará y el territorio de los indígenas Siete de setiembre, extendido en Rondonia y Matto Grosso. En todos estos lugares se registraron también numerosos hechos de violencia contra la población indígena.

La directora del instituto Igarapé, Melina Risso, explicó que el estudio de los casos de crímenes ambientales forma parte de la investigación “Mapa del crimen ambiental en la cuenca del Amazonas” realizado por el programa Seguridad climática que depende del instituto.

El concepto central del estudio es mirar más allá de los límites de Brasil para entender cómo funciona el “ecosistema de los crímenes ambientales y elaborar recomendaciones para abordar las interconexiones entre las redes y las organizaciones que operan.

El primer informe se publicó en febrero y el próximo será un estudio comparativo de las actividades criminales en los países que pertenecen a la cuenca amazónica, con el objeto de determinar cómo funcionan los flujos de financiamiento criminal en la región, ya que existe una “mezcla de actividades lícitas con ilícitas”.

Según Risso, hay mercados, como el del oro, que aprovechan la ausencia de información que permitiría seguir la cadena de abastecimiento. “¿Cómo se desmantela una organización criminal que tiene su sección financiera instalada en San Pablo?”, se pregunta.

Debido a esta y otras situaciones que juega un rol en las redes de criminalidad, el instituto Igarapé planea elaborar una propuesta multidimensional de seguridad para el Amazonas que contribuya a delinear una acción integral y planificada que tenga en cuenta la complejidad de la región, aunque gran parte de la solución a estos problemas depende de la voluntad política para instalar el tema de la criminalidad ambiental en el centro de la agenda.

Refiriéndose a las investigaciones que realiza el instituto Igarapé, Antonio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretario ejecutivo del Consejo misionario indigenista, un grupo cercano a la Iglesia Católica, ha dicho que es alarmante el escenario descripto en un marco institucional en el que el ejecutivo y el legislativo han tomado medidas para aflojar las protecciones socioambientales.

Según de Oliveira, “las expresiones de los líderes de gobierno y las leyes anunciadas por el legislativo alientan la invasión de tierras de los indígenas, a quienes dejan a merced de grupos armados”.

Cita el caso de una ley, actualmente en trámite legislativo, que propone abrir los territorios indígenas a la minería y otras actividades que contrarían los principios que salvaguardan la herencia cultura de las comunidades originarias.

Adriana Ramos, una abogada del Instituto Socioambiental, una ONG que defiende los derechos del aborigen, enfatizó que es necesario establecer tierras públicas con el propósito de protección socioambiental y hacer esfuerzos reales para protegerlas.

Ramos expresó también que es necesaria la supervisión e investigación de los movimientos financieros ilegales y expandir el apoyo a las comunidades tradicionales que resisten las actividades ilegales en el Amazonas. “Necesitan apoyo para hacerse fuertes como guardianes de la naturaleza”, agregó.

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