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Los escribanos vienen zafando

En ninguno de los casos reportaron operaciones sospechosas

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14 de septiembre de 2018 a las 10:45

Por segunda vez, la Fiscalía acusa a un escribano por su participación en un caso de lavado y la Justicia no hace  lugar a esa solicitud. Esta vez la Justicia no hizo lugar al pedido de imputación por un delito de asistencia al lavado de activos contra la escribana que intervino en casi todas las compraventas de inmuebles realizadas por el sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege.

La jueza, María Helena Mainard, resolvió no dar lugar a la imputación argumentando que  “la simple afirmación de que con su asesoramiento y asistencia técnica, tareas típicas de la función, aseguró la obtención de un beneficio indebido y como resultado de su actividad se generaron ganancias ilícitas no es suficiente”, sino que debe demostrarse que hubo dolo, es decir la voluntad explícita de participar de una acción de lavado. Asimismo, la magistrada entendió que aunque los escribanos están obligados a denunciar una actividad sospechosa, el no hacerlo “no genera responsabilidad de tipo penal”. 

La Fiscalía a cargo de Alejandro Machado apeló a la decisión de la jueza con el objetivo de que la mujer sí pueda ser imputada.

Antecedente

El anterior caso había sido el de la escribana que intervino en las millonarias transacciones de inmuebles que realizó Gerardo González Valencia –hermano del líder del cartel mexicano, Los Cuinis– entre 2012 y 2016 en Uruguay, fue absuelta en mayo de 2018 del delito de asistencia de lavado de activos que le imputaba el fiscal Luis Pacheco, y por el que había solicitado su procesamiento.  

La jueza Beatriz Larrieu definió que los controles realizados por la profesional en compraventas, como la de un chalé de Punta del Este cotizado en US$ 2 millones –de nombre Quincho Grande– fueron de acuerdo a las exigencias que tienen los escribanos establecidas por la legislación.

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Así, Larrieu entendió que la escribana cumplió con las exigencias de la “debida diligencia” establecidas en el decreto 355/010, que reglamenta la ley del Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

Ambos fallos sientan un precedente en la tarea de los profesionales que son obligados por ley a realizar controles en las compraventas en las que intervienen.
Esta vez en cambio fue procesado el abogado que asesoró al sindicalista argentino Marcelo Balcedo acusado por un delito continuado de lavado de activos. La Justicia entendió que el profesional ayudó a ocultar bienes. A su vez también fueron enjuiciados la esposa –Paola Fiege– y el personal trainer de Balcedo y una mujer que era titular de una tarjeta de crédito a la que Fiege le cargaba dinero para realizar compras.

La Justicia fijó para el abogado y para el personal trainer un embargo genérico por US$ 400 mil y se embargó un bien que compró con dinero de Fiege. La mujer que se benefició de las maniobras con tarjeta de crédito fue embargada por US$ 200 mil.

Según había explicado el secretario antilavado Daniel Espinosa ante el Parlamento, en el sector financiero hubo diez transacciones sospechosas que no fueron denunciadas: cuatro compraventas, dos adquisiciones de derechos posesorios, dos promesas de compraventa y dos compras de vehículos. Solo una escritura de estas transacciones es anterior a que los escribanos fueron sujetos obligados (2009).

Balcedo y su esposa son acusados en Uruguay por lavado de activos, tráfico interno de armas y contrabando. Él cumple prisión preventiva desde principios de enero. Ella estuvo presa pero recuperó la libertad.

La pareja fue detenida el 4 de ese mes en su mansión de Playa Verde El Gran Chaparral, en un operativo en conjunto entre la Policía Nacional e Interpol. La Justicia lleva incautados más de US$ 7 millones en distintos cofres de seguridad, 14 autos de lujos e inmuebles de alto valor, como otra mansión sobre la costa de Playa Verde.

El Gran Chaparral fue adquirido en 2011 mientras que la otra casa, también en Playa Verde, había sido comprada en 2008. Ambos inmuebles están valorados en US$ 4,09 millones. De los 14 autos que se incautaron, solo tres estaban empadronados en Uruguay, según detalló Espinosa y solo para dos existen escrituras de compraventa: un Ferrari California adquirido en US$ 435.600 y una camioneta Dogde Ram de US$ 82.300. Ambos fueron adquiridos a nombre de Fiege. El tercer auto empadronado en Uruguay no está claro que sea de Balcedo. De todas formas, la compraventa de autos no está incorporada como un delito precedente de lavado de activos. 

La mayoría de las transacciones realizadas por Balcedo se hicieron por fuera del sistema financiero. Realizaba los pagos en efectivo y tenía gran parte de su dinero en cofres fort. “La persona involucrada no tenía actividad en el sistema financiero”, explicó ante la comisión el superintendente de Servicios Financieros del Banco Central, Juan Pedro Cantera.

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