Los hilos políticos que se mueven detrás de las críticas a la Fiscalía

Díaz con una habilidad de estratega renunció seis meses antes. Quedó en su lugar un fiscal de su absoluta confianza, que reunía apoyo entre los fiscales por su trayectoria de trabajo y que no levantaba resistencias en el oficialismo ni iba a ser criticado por el Frente Amplio, por lo que, ante la falta de acuerdo político, la decisión era dejarlo en el cargo como subrogante hasta 2025 cuando cumplirá 70 años y se deberá retirar.

Sin embargo, esa situación cambió en los últimos dos o tres meses.

La imagen de Gómez de abuelo bonachón y de trabajador incansable, además de su trayectoria de más de 40 años en la Fiscalía, lo validaron para el cargo. Si bien no tiene la capacidad de liderazgo de Díaz, empezó con buen pie y hasta llegó a darle otro aire al cargo de fiscal de Corte.

Mientras que Díaz era resistido por media Fiscalía, cuestionado por parte del oficialismo, principalmente Cabildo Abierto y algunos sectores blancos y colorados, visto como poderoso y poco conciliador, a Gómez nadie tenía cuestionamientos para hacerle.

Nadie sabe qué vota, sería un jerarca de puertas abiertas que iba a recibir a todo el que pidiera ser escuchado dentro y fuera de la Fiscalía, e iba a ser muy respetuoso de la independencia técnica.

Y hasta era conocido y recogía simpatía de la población por su rol como fiscal de Homicidios ya que solía recibir a familiares de las víctimas.

Cuando se cumple un año de su gestión al frente de la Fiscalía, sigue sin ser designado oficialmente y las cosas cambiaron.

En estos doce meses lo cuestionaron por no medir con la misma vara a todos los fiscales, y eso le valió ser llamado al Parlamento. Mientras que a Darviña Viera y a Mariana Alfaro les perdonó gruesos errores (la primera omitió pruebas y cometió desprolijidades en Operación Océano, la segunda pidió allanar una radio para incautar el celular al periodista Ignacio Álvarez), a su colega Raúl Iglesias le inició un sumario (luego de que archivó centenares de causas de delitos sexuales sin estudiarlas), lo que demostró además que cedió frente a determinados grupos: el feminismo defensor de la actuación de Viera y Alfaro y muy crítico de Iglesias

Como consecuencia de esos y otros actos, el sistema político comenzó a ver mensajes contradictorios y a mirar de reojo su actuación frente a cuestionamientos al funcionamiento del sistema penal.

Sobre ese punto, esta semana los abogados penalistas denunciaron que hay fiscales que mandan preso a indagados por su “poder adquisitivo”, basados en que un fiscal del interior expresó entre otros argumentos que un indagado por un accidente de tránsito podía pagarse un abogado y un perito particular. 

Por su parte, Gómez viene pidiendo que se le de “institucionalidad” al cargo, es decir que el Parlamento lo designe a él oficialmente o nombre a otro pero reclama apoyo del sistema político para el jefe de los fiscales. El fiscal de Corte está convencido de que si tuviera apoyo político no hubieran surgido todas estas críticas.

 ¿Qué pasó?

La explicación no está necesariamente en Gómez o en la Fiscalía sino en otro ámbito: las negociaciones políticas que se llevan a cabo para los cargos en los organismos de contralor y que incluyen a la Fiscalía de Corte, la Suprema Corte y el TCA, donde todos los años se vienen generando vacantes, que requieren mayorías especiales.

El primer punto para marcar es la opacidad con la que se llevan a cabo esas negociaciones. Cuesta mucho conocer los motivos de las decisiones que se toman entre cuatro o cinco actores políticos relevantes del oficialismo y la oposición.

En este caso lo que mantiene trabada la negociación es el reclamo de Cabildo Abierto de ocupar un cargo en la Corte Electoral, para el que designó a Susana Chá, en sustitución del colorado Juan Máspoli. Hasta que eso no ocurra el partido liderado por Guido Manini Ríos está dispuesto a trancar cualquier nombramiento y además rechaza participar de la comisión de Diputados que analiza una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, como ya trascendió.

A su vez hay otra traba, atada a esto. El Frente Amplio anunció que no votará la renovación de Susana Díaz como presidenta del Tribunal de Cuentas, luego de que la miembro “neutral” del organismo cambiara su postura y se sumara a la mayoría que decidió no observar el acuerdo del gobierno con Kateon Natie. Además el FA también vetó al colorado Gustavo Osta para que sustituya a Álvaro Ezcurra.

Triunvirato: ¿la llave para destrabar?

Pasada la mitad del período sin poder hacer estos nombramientos, el gobierno empieza a considerar la posibilidad de aprobar el triunvirato propuesto por el exfiscal y diputado colorado Gustavo Zubía, que tiene el apoyo de su partido (representado en las negociaciones por el líder de Batllistas Julio Sanguinetti), de Cabildo Abierto, según lo manifestó el senador Guillermo Domenech; y de algunos senadores del Partido Nacional como Graciela Bianchi. El presidente Lacalle Pou, que lo había rechazado, habilitó a que los partidos del oficialismo exploren la posibilidad de un acuerdo en ese sentido.

Zubía argumenta que su propuesta apunta a diluir la concentración de poder que recae sobre el fiscal de Corte. Pero salvo algunos actores políticos es difícil encontrar demasiada adhesión al triunvirato. El motivo que esgrimen los juristas -que casi en unanimidad se expresan en contra-, es que la tarea que hace el Ministerio Público o la Fiscalía General de la Nación es vertical porque requiere ejecutar y no resolver como los tribunales de Justicia que son colegiados. Se parece más a un cargo de ministro, plantean, y señalan que por algo no existe en el mundo esa forma de gestión para las fiscalías. También se ha dicho que sería una manera de politizar el organismo y que se entraría en un juego de “reparto de cargos”.

El oficialismo está en un brete porque precisa destrabar las negociaciones para completar los cargos.  A su vez, el fiscal de Corte es un cargo trascendente porque como jefe de los fiscales, además de gestionar los recursos y designar cargos, tiene la importante tarea de dirigir a quienes persiguen a los delincuentes.

Si el triunvirato es la salida que se encuentra, y no aparece un camino alternativo,  puede que se vote pese a los reparos de la academia. Una vez más, la política marcará el devenir de la Justicia.