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El plan del gobierno para llegar a “los bolsones” de inseguridad alimentaria
El Poder Ejecutivo pondrá el foco en garantizar el acceso a la alimentación a los casi 600 mil uruguayos que, a mediados de este año, señalaron haberse visto obligados a reducir, al menos por un día a la semana y por motivos económicos, el consumo de alimentos en los 12 meses anteriores. Sobre todo a los más de 100 mil que, directamente, dijeron que no habían podido comer durante al menos un jornada por falta de dinero y de algunos más que “están en el borde”, con riesgo de atravesar esa situación.
Para eso el gobierno ajusta el plan que en pocas semanas comenzará a desplegar, para lo que esperaba los resultados de la encuesta a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), los que se publicaron el viernes pasado. La encuesta demostró que el 15% de los hogares uruguayos padecieron en el período de inseguridad alimentaria moderada, la que fue grave en el 2,6% de los casos.
Para el Poder Ejecutivo las cifras está lejos de ser noticia. No obstante, se marca que es un problema de larga data y que está presente desde que hacen mediciones. “Nos dio mucho menos de lo que esperábamos”, le dijo a El Observador Ignacio Elgue, director del Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Sobre todo por los números que, hace pocas semanas, había mostrado un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). Ese estudio, difundido a fines de setiembre, indicó que en 2020 el 25% de los uruguayos padecieron inseguridad alimentaria moderada, y 8,5% en forma grave.
El trabajo del INE, destacó Elgue, es “más acertado”, ya que abarcó 7.624 casos frente a los 1.000 del organismo internacional. También porque tuvo un enfoque regional. El director destacó la “valentía” del gobierno al mostrar el resultado y ahondó en las líneas generales del plan que comenzará a aplicar el organismo para atender la situación.
El 1º de enero de 2023 cobrará vigencia la Rendición de Cuentas, que prevé $ 155 millones para que el INDA refuerce su accionar el año próximo, y que serán $ 260 millones en 2024.
Ir hacia ellos
La prioridad estará puesta en ciertos grupos que —a través de un cruzamiento de datos— fueron identificados como los más afectados por la inseguridad alimentaria. Allí se cuentan madres jefas de hogar, personas que trabajan de manera informal y adultos mayores con jubilaciones y pensiones muy bajas. También, una de las principales realidades demostradas en el informe: la inseguridad alimentaria afecta mucho más a los hogares donde viven menores de 6 años. Son el 21,5%: más de cinco puntos sobre el promedio general.
En términos geográficos, el foco estará puesto en el norte del país, que exhibe las peores cifras según el estudio del INE, en la zona comprendida por los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres. Allí, la inseguridad alimentaria moderada afecta al 16,9% de los hogares, en tanto el 3,8% está en una situación grave.
Según Elgue, en zonas como Artigas el Sistema Nacional de Comedores es muy fuerte. Con cinco locales, se sirven 2.800 platos por día. Allí las medidas, indicó, pasarán por reforzar merenderos, centros CAIF o el programa Alimentando Derechos,
Otro de los focos estará en el área metropolitana, en donde las guarismos son de 15,7% y 2,7% respectivamente. En Montevideo, se apostará a abrir dos nuevos comedores, que se sumarán a los cuatro en funcionamiento. Hasta ahora el sistema provee allí comida de lunes a viernes, mientras que para el sábado se otorga un tique de alimentación. Esa práctica se extenderá a los domingos.
Fundamentalmente, se enfocará a “los bolsones” que quedan sin atender en determinadas zonas. Es que, con la mitad de la población del país, la capital mantiene solo 4 de los 57 comedores desplegados en el territorio nacional. Las últimas cifras del instituto indican que solo 1.620 de los 4.000 usuarios registrados están asistiendo. La razón es que la disposición de estos locales es de difícil acceso para muchas personas que, residentes en barrios periféricos, no pueden afrontar el pago de dos boletos de ómnibus para ir por un plato de comida a un comedor.
La consigna será, entonces, ir a los lugares en los que están esos beneficiarios.
Estos bolsones serán atendidos con los “puntos ágiles” de distribución, que serán implementados en forma directa por el INDA. La idea, explicó Elgue, es apelar a vehículos con capacidad de frío para distribuir comida congelada, con el mismo valor nutricional que la que se otorga en los comedores. La gente podrá llevársela y comer en su casa.
A los efectos, el INDA prevé lanzar a corto plazo un llamado para arrendar vehículos de este tipo. La opción de recurrir al alquiler y no a la compra persigue el objetivo de asegurarse un servicio permanente ante eventuales roturas.
Las preguntas
Técnicamente, la inseguridad alimentaria se define como aquella situación en la que una persona carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable. Las razones básicas pueden ser dos: la carencia de recursos para obtenerlos o la falta de disponibilidad de los alimentos.
Los 7.624 hogares que fueron encuestados por el INE en junio de este año debieron responder a una serie de ocho preguntas acumulativas dentro de la tradicional Encuesta Continua de Hogares. La primera era si, en los últimos 12 meses, había existido preocupación en el hogar por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero o de otros recursos. Las interrogantes se iban así sumando: si por falta de medios en ese período no se había podido comer alimentos saludables, si había poca variedad de alimentos o si alguna vez algún integrante de la casa tuvo que dejar de desayunar, almorzar o cenar.
El cuestionario también consultó sobre si en esos hogares se había comido menos de lo que se pensaba por falta de recursos, si directamente se había dejado de comer en algún momento por esa causa o si se había sentido hambre.
