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Sigue el debate en torno al apoyo del Estado a las ollas populares.

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Alimentación: FA dio marcha atrás y votará más recursos para comedores

Se trata de una partida de $155 millones para 2023 y $260 millones para 2024; el FA proponía  desviar esos recursos para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar 

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01 de octubre de 2022 a las 05:02

El Frente Amplio (FA)cambió de parecer a última hora y votará en el Senado un millonario refuerzo económico para los comedores que administra el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).  Se trata del artículo 305 de la Rendición de Cuentas, que plantea una partida de $ 155 millones para 2023 y de $ 260 millones para 2024. 

El cambio de actitud fue explicado este jueves en el Parlamento por el senador Óscar Andrade (PCU) ante algunos “trascendidos picarescos” que había generado la negativa original, a los que sumaron las “pocas esperanzas” de que su propuesta de desviar esos recursos para “fortalecer” el Programa de Alimentación Escolar pudiera prosperar.  “En ningún momento presentamos una iniciativa que planteara recortar recursos para la alimentación” aclaró, y dijo que no había “contradicción” en  su discurso. “Lejos está del espíritu de la bancada que se haga ese recorte”, dijo.

El refuerzo para el INDA había sido rechazado por el FA en la Cámara de Representantes y es parte de la polémica por la magnitud del apoyo oficial a las distintas vías alternativas de alimentación. “Nos llama la atención y no entendemos cuál es el fondo del asunto”, le había dicho a El Observador la diputada Bettiana Díaz (MPP). La legisladora se preguntó por qué razón el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pedía más recursos para los comedores cuando, según la versión oficial, bajó la “demanda” en este tipo de lugares. También, por qué el mayor monto de dinero será en pleno año electoral, cuando el apoyo oficial a las ollas populares no supera los $ 80 millones. 

El derecho a la alimentación

Díaz promovió este viernes en el Parlamento una “audiencia pública” donde se propuso ir más allá de la coyuntura y discutir la alimentación como un derecho humano. Todo, dijo, en una coyuntura en la que crece la economía y en donde un país productor de alimentos como Uruguay aumenta la pobreza infantil y hay gente que “pasa hambre”.  Entre los expositores hubo una coincidencia. No existen números concretos que reflejen fielmente qué tipo y nivel de “inseguridad alimentaria” existe hoy en Uruguay. También, que este problema lejos está de ser nuevo o de ser ocasionado por la reciente pandemia.  

Gabriela Fajardo y Alejandra Girona integran el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición. Fajardo describió la inseguridad alimentaria como la imposibilidad de determinada persona o familia de acceder regularmente a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable. Una cuestión, dijeron, eminentemente subjetiva, que va desde que un individuo comienza a preocuparse por su capacidad para obtener alimentos, pasado por diversos grados en el que su consumo queda comprometido, hasta que directamente pasa hambre. 

La última Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis) realizada en 2018 indicó que el 37% de los niños de entre cero a cuatro años del tercil más bajo de ingresos había tenido ese año inseguridad alimentaria moderada o severa.  A su vez, la Food Insecurity Experiencie Scale (Fies) de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación (FAO) reveló que entre 2019 y 2021 el 23% de la población uruguaya estuvo en esa situación. 

Lo que debería considerarse es cuáles son las posilidades de acceso a alimentos saludables y mínimamente procesados, tal como lo dispone el propio Ministerio de Salud Pública. Allí marcaron una falencia: a nivel oficial la información pública sobre el acceso físico a los alimentos, qué se consume y de qué calidad y cantidad es muy limitada. Además, se subrayó, está segmentada por zona geográfica y grupos específicos. 

El Oservatorio fue más allá y citó más datos. La inseguridad alimentaria alcanzaba al 24% de los hogares de adolescentes escolarizados de Montevideo, según un estudio de 2020 de la Universidad de la República. Según la misma fuente, esa situación estaba presente en el 39% de los hogares con niños escolarizados de la capital en 2021, y el 31% de los hogares con niños que asistían a algún Caif. En 2022,  el 44% de las mujeres de 18 a 49 años que viven en Casavalle padecen inseguridad alimentaria. 

Fajardo y Girona presentaron otro estudio que demuestra que alimentarse saludablemente en Uruguay es caro. El organismo al que representan elaboró a la Canasta Básica de Alimentos con Enfoque Nutricional (CBAN). En diciembre de 2020 el costo diario de esta canasta era de US$ 6 por persona. Según datos del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, el 10% de la población uruguaya debía destinar casi todos sus ingresos solo a procurar alimentos. Otro 5,3% no lograba hacerlo. Un dato que, si se considerara, incrementaría de manera importante el índice de indigencia. 

Hoy, el costo de la canasta es de US$ 7 por día. La misma medición indicó que una familia de tres personas  (dos adultos y un menor) debió destinar por mes $ 20.422 a adquirir esta canasta. A junio de 2022, la CBAN costaba $ 25.706, un incremento de 26%.  Además, los insumos más importantes por su aporte nutricional en esa canasta  son los que tiene mayor peso en ese costo. Por ejemplo, la carne vacuna y el pollo representan el 27% del total. Le siguen los panificados (14%) y los lácteos (13%). 

Las representantes del observatorio señalaron que la Canasta Básica Alimentaria debería considerarse a la hora de definir otros aspectos. Como ejemplo, remarcaron que el Salario Mínimo Nacional (SMN) apenas cubre el 75% del costo de esa canasta. El Programa de Apoyo Alimentario (PAA) de la Intendencia de montevideo y la Tarjeta Uruguay Social (TUS) cubre apenas un tercio.  Entre sus reflexiones finales, las especialistas concluyeron en la necesidad de establecer algún tipo de subsidio para que los sectores vulnerables puedan acceder a alimentos saludables. 

Relatos conmovedores

Pedro Rodríguez es uno de los referentes de la Coordinadora Popular Solidaria Olla por Vida Digna.  La mayoría de sus integrantes, dijo, se alimentan allí. Son, explicó, gente muy pobre, que decidió armar esas herramientas en función de la propia necesidad que tenía su familia de alimentarse. “Uruguay no es un país pobre, es un país profundamente desigual”, aseguró. Una desigualdad que, en ciertas zonas, golpea en forma brutal y que provoca ciclos interminables de pobreza que atraviesan varias generaciones y que, “sin duda”, no comenzó con la pandemia. 

Rodríguez prometió que este viernes iban a entregar la información que venía siendo reclamada por el Mides. De todas formas, adelantó que esos datos “no coinciden” con la “baja de la demanda” afirmada desde el ministerio. 

En el evento estaba presente el director del INDA, Ignacio Elgue, que destacó el “relato muy conmovedor” de sus predecesores. Una realidad que “conocemos porque estamos en territorio”, destaco. Elgue reconoció que las ollas atendieron una necesidad que el Estado no pudo cubrir, lo que sin duda reflejó una debilidad. Habló de un sistema de comedores que el gobierno anterior dejó “muy disminuido” al “retirarse de los barrios más vulnerables”. El director del INDA señaló que el organismo está “volviendo” a esas zonas. Allí reconoció que “un plato de comida” no soluciona un problema que es multicausal. Entre otros programas, dijo, el refuerzo de rubros para los próximos dos años permitirá la llegada de comedores “móviles” en todo el territorio.  
 

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