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Los tres grandes cambios a la carrera de los funcionarios públicos que negocian COFE y el gobierno
En una carrera contrarreloj porque los plazos apremian cada vez más, el gobierno y la Confederación de Funcionarios de Organismos del Estado (COFE) continúan acercando posiciones con el objetivo de incluir en la Rendición de Cuentas la reforma de la carrera funcional de los trabajadores públicos.
Se trata de una idea impulsada por el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, que fracasó en 2021 y 2022, aunque las circunstancias ahora son diferentes porque las negociaciones comenzaron hace varios meses y tanto desde el gobierno como desde los sindicatos reconocen que hay posibilidades reales de llegar a un articulado que pueda ser votado en el proyecto de ley que ingresará al Parlamento antes que termine junio.
Este lunes, la asamblea nacional de delegados de COFE mandató a la comisión directiva a “seguir negociando” con el gobierno y mantuvo como condición “acceder previamente por escrito a los artículos” que vienen siendo conversados, según dijo a El Observador el presidente de COFE, Martín Pereira.
El sindicalista señaló que el planteo obedece a que no quieren enterarse el último día acerca del contenido, ya que el acuerdo deberá ser refrendado por la comisión directiva y la asamblea de COFE.
“Los plazos nos apuran”, agregó en referencia a que el proyecto tiene que entrar sí o sí antes que comience julio.
Si todo sale bien y la reforma se aprueba en esta Rendición de Cuentas, la idea es que comience a aplicarse en el próximo período con un esquema de “transición” que puede extenderse por cinco años.
En marzo de este año, Ramos dijo en una entrevista con El Observador que la reforma supondría un hito y que no había podido avanzar porque se “enfrenta a muchos intereses”.
“Hay varias razones: financieras, cuotas de poder en la burocracia, miedo de perder poder, autoridad. Hacer la reforma del Estado es cambiar una forma de hacer política, se transparenta mucho la gestión y entonces eso da temor a los funcionarios públicos y a jerarcas políticos en el Estado que pierden discrecionalidad. Son muchos actores involucrados en mantener el statu quo”, señaló.
Ahora, con la negociación cerca de culminar, el director prefirió no hacer declaraciones y mantenerse en silencio hasta que esté terminada.
Los cambios
En principio, abarcará solo a los funcionarios de la administración central, es decir a los que trabajan en los ministerios, por lo que los trabajadores de organismos que integran el artículo 220 de la Constitución –como ASSE o el INAU– así como las empresas públicas quedarán por fuera.
La idea general de la reforma es que haya criterios comunes en la administración central para todos los trabajadores. Que cobren lo mismo si hacen las mismas tareas aunque estén en diferentes ministerios, que todos sean contratados por la misma cantidad de horas y que realmente exista una carrera funcional en la que puedan ir ascendiendo.
Uno de los cambios –y que según COFE ha generado dificultades en la interna del gobierno– es la eliminación de las “compensaciones discrecionales” que tienen los ministerios. Estas compensaciones permiten a los jerarcas otorgar partidas especiales a los trabajadores, lo que termina desvirtuando su situación.
En enero de este año, Ramos dijo a La Diaria que había 1.200 compensaciones de distinta especie en todo el Estado, las cuales se podían clasificar en cuatro grandes categorías. "Solo una –las llamadas compensaciones especiales– es la problemática que se lleva 85% de la masa salarial de todos los funcionarios estatales", señaló y consideró que era "terrible" porque en algunos ministerios el salario promedio es de $60 mil, pero hay funcionarios que cobran $200 mil de compensaciones.
La segunda modificación tiene que ver con la cantidad de horas de trabajo. En algunos ministerios hay funcionarios contratados por 6 horas diarias, otros por 7 horas diarias y algunos trabajadores por 8 horas diarias. La idea es que todos los nuevos contratados tengan el mismo régimen de 7 horas.
El tercer cambio supone definir las tareas y que, más allá del organismo en el que trabajen, las personas cobren el mismo salario si realizan la misma función. A modo de ejemplo –y con cifras simuladas–, el presidente de COFE habló de “ministerios ricos y pobres” porque algunos pagan $80 mil a un abogado mientras que otros abonan $120 mil por lo mismo.
Más allá de estos tres cambios, aún queda pendiente definir la forma en que se implementará la reforma.
Ramos adelantó que no pueden tocarse "derechos adquiridos" por lo que a las personas no se les modificará el salario. "La lógica de lo que está previsto es que si esa persona hoy gana $130 mil pero su ocupación y el nivel al que estaría migrando es de $70 mil, esa diferencia quede como una compensación personal", explicó y señaló que tendría que ocurrir un "acompasamiento" para no "desestimular" los ascensos.
"Una opción es que vos al ascender, y al mejorar de esa forma el salario vinculado a tu ocupación, vayas descontando de la compensación. Pero al mismo tiempo hay que ver cómo evitar que eso sea un desincentivo a ascender, porque alguien puede decir: si me va a empatar, ¿para qué asciendo? Es complicado pero solucionable", sentenció.
