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Lust pone en marcha mecanismo previsto en la Constitución para "parar" a UPM
El abogado constitucionalista Eduardo Lust terminó de redactar la iniciativa legislativa y posterior referéndum con los que pretende "parar" la construcción de la vía de tren acordada con UPM, la empresa finlandesa que este año confirmó la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay.
Desde antes de ser electo diputado por Cabildo Abierto, Lust asesora a un grupo de vecinos que quiere modificar el trazado del Ferrocarril Central que unirá Montevideo con Paso de los Toros, en Tacuarembó. Según denuncian, el recorrido diario del tren por centros poblados impactará en su calidad de vida, debido a la cercanía de sus casas a las vías. Por lo tanto, desde que el gobierno dio a conocer por dónde pasará el tren, el abogado los asesora sobre las posibles formas de frenar el proyecto y modificar el trazado.
En estos grupos hay personas de ocho localidades: Santa Bernardina (Durazno), la ciudad de Durazno, Sarandí Grande (Florida), 25 de Mayo (Florida), la ciudad de Florida, Juanicó (Canelones), La Paz (Canelones) y la ciudad de Canelones. Según dijo Lust a El Observador, el único requisito para considerar a un lugar como "localidad" es que sean centros poblados.
Esta definición es importante porque es el punto de partida de la iniciativa. Para poder obligar al gobierno a modificar el trazado de la vía de tren, el abogado constitucionalista apela al artículo 305 de la Constitución.
Este artículo, reglamentado por la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, reconoce el derecho de los habitantes de una localidad a presentar ante la correspondiente Junta Departamental una iniciativa legislativa, para lo que deben haber recolectado las firmas de 15% de las personas habilitadas para votar en dicha localidad.
Ese paso se siguió en las ocho localidades mencionadas, por lo que ahora las respectivas Juntas Electorales Departamentales deberán cerciorar la validez de las firmas. Después de haberlo hecho, cada Junta Departamental (la de Florida, la de Canelones y la de Durazno) tiene un plazo de 40 días para considerar la iniciativa legislativa presentada por los vecinos que piden que el tren de UPM no pase por centros poblados y proponen un trazado alternativo, explicó Lust.
En ese período los 31 ediles de cada departamento deben decidir si dan lugar o no al pedido de los vecinos. Lust cree que "eso no va a pasar" porque, en su opinión, "todos los partidos políticos están adheridos a UPM o son funcionales a la empresa".
No obstante, la Constitución estipula un último mecanismo para dar lugar al trazado alternativo propuesto por los vecinos si las juntas departamentales lo rechazan: el referéndum local.
El diputado electo aseguró que el intendente de cada departamento dispone de un plazo de 60 días para convocar a esta iniciativa popular, que supone que los habitantes de cada localidad decidan si el trazado debe modificarse o no en el tramo de tren que pasa por ella. La organización de este tipo de referéndum depende de la Junta Electoral de cada departamento.
"Se va a parar el proyecto. Cuando se conozca el resultado del referéndum, que yo calculo que va a ser respaldado por la amplia mayoría de los vecinos, va a haber que volver a otorgar la licitación porque va a haber que renegociar el trazado. Se van a tener que prever ocho o nueve bypasses, más puentes nuevos. Y si se para la vía, se para la planta, porque no va a tener materia prima ni forma de trasladar lo producido", consideró Lust.
La consultora Cifra, no obstante, publicó en noviembre de 2018 una encuesta que reveló que 88% de las 1.014 personas que habitan en la zonas de impacto directo del ferrocarril consideran que el proyecto "es bueno para el país en su conjunto".
