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Manini Ríos, los "beneficios" para inmigrantes y una realidad más dura

El candidato habló sobre los "beneficios" que tienen los inmigrantes frente a los uruguayos. Pero ese no es el panorama que relatan quienes llegan al país

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25 de abril de 2019 a las 17:32

Guido Manini Ríos, candidato presidencial por Cabildo Abierto, dijo en un acto político este lunes que considera “injusto” los" beneficios" que reciben los inmigrantes. 

“No somos contrarios a que haya inmigrantes, pero aquí hay algo que es una injusticia. Le estamos dando beneficios a los inmigrantes que muchas veces no tienen los uruguayos. O porque están en negro o por alguna otra razón. Hay que darle prioridad al trabajador uruguayo. No se puede permitir que haya desocupados uruguayos para darle mano de obra a los de afuera”, dijo el excomandante en jefe del Ejército.

Sin embargo, este diagnóstico se contradice con la situación que han denunciado los inmigrantes y las organizaciones que se encargan de proteger sus derechos. En general, los inmigrantes que llegan a Uruguay -en su mayoría por necesidad económica o cuestiones política- no cuentan con ventajas particulares frente a los uruguayo. Por el contrario, en algunos casos, se encontraron con trabas burocráticas para poder ingresar en el mercado laboral.

Los requisitos para conseguir trabajo

Los inmigrantes precisan tramitar la residencia al llegar a Uruguay, para así poder conseguir trabajo. Los requisitos para la misma son: documento de identidad o pasaporte vigente, antecedentes penales y partida de nacimiento (todo apostillado). El trámite es gratuito y se puede iniciar desde el exterior. En 2017 se solicitaron más de 30.000 residencias, sobre todo de inmigrantes de Venezuela y Cuba.

Mientras que los venezolanos que ingresan al país tienen una facilidad para tramitar la residencia —por ser integrantes del Mercosur— solo con la cédula, este caso no se aplica si llegan por avión, donde precisan pasaporte. Por su parte, los inmigrantes de otros orígenes, como Cuba, no cuentan con esta facilidad. 

La residencia se consigue aproximadamente en 30 días hábiles. La cédula de identidad demora entre seis meses y un año. La ciudadanía demora tres años para aquellos con familia constituida en Uruguay y cinco años para quienes no la tienen. Por esta razón, en esta nueva ola migratoria no hay aún casos de inmigrantes que tengan los mismos derechos que los uruguayos.

El 45% de los inmigrantes tiene formación terciaria pero se desempeña en otras actividades. Muchos han señalado tener problemas al momento de revalidar el título en Uruguay. Quienes inmigran tienen “una desventaja sistemática en el acceso al empleo” y “mayor riesgo de sobrecalificación y de informalidad”, de acuerdo a un estudio de 2016 del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales.

Muchos de ellos se ven obligados a trabajar en más de un puesto de trabajo debido a los salarios a los que pueden acceder. Casi un tercio de los inmigrantes anotados en el BPS trabajan en las áreas de comercio o producción agropecuaria, según un informe de la representación de los trabajadores del banco. 

Según Rinche Roodenburg, presidenta de la ONG Idas y Vueltas, “el Estado no tiene capacidad para adaptarse rápido" a las necesidades de quienes arriban al país. "Nos seguimos sintiendo muy solos”, dijo. Los inmigrantes, al llegar al país, “no tienen a dónde ir, ni qué comer, ni saben dónde encontrar un trabajo”.

El problema de la vivienda

Uno de los principales problemas para los inmigrantes es la vivienda. En la mayoría de los casos, al llegar las personas no tienen el respaldo económico para pagar una garantía de alquiler ni cuentan con un recibo de sueldo, por falta de la cédula de identidad requerida. Muchas veces, los inmigrantes se tienen que resignar a vivir en pensiones -muchas de las cuales son clandestinas- por precios exorbitantes.

"Hay una superpoblación para la cantidad de pensiones que hay en la capital", dijo el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, a El Observador en 2018. En ellas, los inquilinos padecen visitas de ratas y robos en sus propias habitaciones. Así lo relató el año pasado un dominicano que recurrió a Juan Ceretta, abogado a cargo de uno de los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho, cuando fue a plantear su caso. 

 

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