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Marcharon por justicia en el caso del niño que murió en un castillo inflable

El juez de la causa definirá en los próximos días si procesa o no a los señalados por la fiscalía
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31 de octubre de 2018 a las 20:16

Unas 60 personas marcharon este miércoles rumbo a la sede de la Suprema Corte de Justicia para reclamar el inicio del proceso judicial por el caso de Luciano Silveira, el niño que el 9 de diciembre de 2016 murió en el cumpleaños de un amigo del colegio y cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un castillo inflable. 
La marcha, que comenzó en la plaza Juan Pedro Fabini, y circuló por 18 de Julio hasta la sede del Poder Judicial, estuvo encabezada por los padres del niño fallecido, José Silveira y Ximena Loaces, y por una pancarta con la leyenda: “Para que no haya otro Luciano”. Por su parte, entre las personas que asistieron a la marcha, muchos de ellos familiares y amigos de la familia, también podía verse otras cartulinas con mensajes que hacían referencia a las distintas irregularidades en el cuidado de los niños que asistieron a aquel cumpleaños, así como inconsistencias en las declaraciones de los indagados. 

“Indagados y testigos mienten y no pasa nada”, decía una de las cartulinas amarillas. “Un niño entra corriendo a un cumpleaños y lo entregan muerto”, indicaba otra pancarta.


El caso, que cumplirá en diciembre dos años, se reactivó luego de la aparición en diciembre de 2017 de una filmación en la que se ve cómo el niño es retirado del interior del inflable enrollado. En abril la fiscal del caso, Gabriela Fossati, había pedido que se procesara por un delito de homicidio culposo a los dueños del local donde se celebró el cumpleaños, a los padres del cumpleañero y a una animadora, al tiempo que pidió que uno de los socios del salón de fiestas fuera procesado por encubrimiento, luego de que dijera que las cámaras del lugar que filmaron lo sucedido no funcionaban, cuando sí lo hacían.


Sin embargo, el juez de la causa, Tabaré Erramuspe, había abierto la posibilidad de que las partes presenten sus propias pericias forenses para determinar la causa de muerte del menor, luego de lo cual la fiscal debía revisar si mantenía o cambiaba su pedido de procesamiento. Finalmente el pasado 22 de octubre, Fossati confirmó lo solicitado en abril luego de que la pericia de parte presentada por las víctimas y la de la forense del Poder Judicial coincidieran en que la causa de muerte era la asfixia –ya sea mecánica o por confinamiento en el interior del inflable- y que la pericia presentada por los indagados no pudiera confirmar en su totalidad la  que definió como hipótesis, es decir la muerte por sobredosis del médicamento que el niño tomaba para tratar su epilepsia. 


“Llevamos casi dos años de esa terrible noche que nos cambió la vida a todos los que conocíamos y amábamos a Luciano, tenemos dos pedidos de procesamiento del fiscal y un juez sin expedirse, indagados que mienten y no pasa nada (…) claramente obstaculizaron el esclarecimiento de la muerte de Lu todos los indagados en forma coordinada”, señaló la madre del niño fallecido en una proclama leída frente a la sede del Poder Judicial. “Hasta cuando debemos esperar para que se inicie el proceso del juicio que permitiría conocer la verdad de lo sucedido aquella noche, cuando entró corriendo feliz al cumpleaños de un amigo y salió muerto, sin nadie que nos dé respuestas serias, respetuosas y reales de lo que sucedió. Hay una familia deshecha que necesita respuestas. El Poder Judicial debe encontrar la responsabilidad”, opinó Loaces.

El expediente del caso con la confirmación del pedido de procesamiento llegó a manos de Erramuspe este martes, por lo que el plazo de 45 para expedirse sobre si procesa o no a los señalados por la fiscalía empezó a correr. Loaces dijo a El Observador que esperan que el magistrado no se tome todos los días legales previstos para la definición, ya que en tal caso coincidiría con la feria judicial, lo que demoraría hasta febrero la respuesta de la Justicia en el caso. 

El discurso de Loaces terminó con una lectura a lo que la fiscal del caso escribió en su último pedido de procesamiento “Si la muerte de un niño de cinco años en el interior de un juego inflable sin recibir atención, si la falta de reacción ante su evidente decaimiento, si el reconocimiento de los padres de que no lo vigilaron por haber contratado (a una empresa de animadores) (…) si el argumento de los dueños del local de que la vigilancia estaba a cargo de los padres porque ellos conocen a sus invitados, si mentirle a la autoridad policial informándolos de que las cámaras no funcionaban cuando sí lo hacían, si la omisión sospechosa de proceder a la entrega del material fílmico, entre otros varios aspectos citados al momento de requerir el procesamiento de los indagados, no conforma la semiplena prueba de la participación culpable de los intervenidos, nada lo hará”.

 

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