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Martínez reedita idea de Paternain: sacar observatorio de criminalidad del ministerio

El senador Rafael Paternain, exdirector del observatorio y que fue muy crítico con la gestión de Bonomi, propuso la idea hace algunos años

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03 de octubre de 2019 a las 05:01

Pocos minutos después de anunciar que Gustavo Leal será su ministro del Interior en el caso de ganar elecciones, Daniel Martínez hizo otro anuncio en materia de seguridad durante el debate presidencial de este martes: que el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, que publica las cifras oficiales de delitos, será controlado por la Universidad de la República (Udelar). Sin embargo, la base de ese proyecto –que un organismo externo controle la producción estadística de la cartera de seguridad– ya ha sido planteado años atrás, y en más de una oportunidad, por Rafael Paternain, senador frenteamplista y exdirector del observatorio.

El argumento era el mismo que propone ahora Martínez: dar transparencia a los datos oficiales de la cantidad de delitos. En 2015, en una columna publicada en Montevideo Portal en la que resumió la actividad del organismo a 10 años de su formación, Paternain criticó directamente "el manejo político de la información sobre violencia y criminalidad" que tiñó gran parte de los primeros años de funcionamiento del observatorio. Y también acusaba a esa dependencia del ministerio de haber estado "marcado por errores flagrantes que hasta el día de hoy no se han podido revertir".

Este martes de noche, en la Huella de Seregni –sede del Frente Amplio–, minutos luego del debate presidencial, Leal fue consultado en rueda de prensa si entendía que la reedición de esta idea se debía a que el observatorio no funcionaba correctamente.

"Sí, funciona, pero nosotros queremos dar una señal muy fuerte de transparencia para que no se vuelva a discutir en el Uruguay las cifras públicas", contestó el flamante candidato a ministro de Interior, y agregó: "Creo que lo importante es poder tener cifras, como las que tiene el INE y como las que tiene el Ministerio del Interior, que no ha dudado en darlas, incluso cuando las cifras han aumentado".

En diálogo con El Observador, el actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la cartera de seguridad dijo que creía fundamental "partir de los datos de la realidad" y encontrar en este tema "un punto de apoyo, de acuerdo" con todo el sistema político. "He visto que hay actores de campaña que dicen que los datos no son confiables", aseguró.

En efecto, el vocero de seguridad del candidato nacionalista, Álvaro Garcé, declaró a Sputnik el 13 de setiembre –pocos días después de publicado el último informe oficial– que estaba "convencido de que hubo un manejo político de las cifras y que eso llevó a una pérdida en la confiabilidad".

El senador colorado Pedro Bordaberry opinó en marzo que la suba histórica de delitos registrada en 2018 se debía a que la cartera de seguridad tuvo que ajustar la información, ya que la Fiscalía general de la Nación comenzó a elaborar sus propias cifras desde fines de 2017, cuando comenzó a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal. 

El exministro de la Suprema Corte Jorge Chediak  también se manifestó en esa línea días atrás. El exjuez aseguró que la suba histórica de los delitos en realidad es el reflejo de un "sinceramiento" de los datos, por el mismo motivo que expresó  Bordaberry

Es en el sentido de atender esos cuestionamientos, aunque sin darlos por válidos, que Martínez propone la intervención de la Udelar como órgano de control, dijo Leal.

"Esto es como cuando alguien dice: 'Vos tenés algo en el bolsillo', y uno responde que no tiene nada. Bueno, que puedan revisar el bolsillo. Si dicen que nuestros datos no están bien, en vez de abroquelarnos, que vengan y armamos algo entre todos", añadió el sociólogo.

Lo cierto es que las críticas al observatorio –creado en 2005– llevan casi 10 años, y uno de los primeros en hacerlo y señalar su falta de transparencia fue Paternain, quien renunció a su dirección en 2010 luego de que la cartera revelara datos que, según denunciaba, no correspondían a los producidos por el organismo. 

Diálogo sin novedades

Aquella renuncia fue "dolorosa", tal como la calificó entonces el hoy senador del sector Casa Grande. “En la renuncia le expreso al ministro Bonomi que mi separación del cargo es a partir de la presentación y las declaraciones realizadas días pasados”, contó entonces a El Observador. Los datos presentados ese año no eran del observatorio "ni están chequeados por nosotros", decía el sociólogo. 

Los datos de 2010 se habían presentado en comparación con los de 2008, y no con los del año anterior, ya que de ese modo se podía afirmar que los crímenes habían descendido.

Un año después, en 2011, en otra entrevista con El Observador, Paternain sostuvo que su preocupación residía en conocer en qué estado se encontraban "los sistemas de información de la cartera", y ya planteaba la necesidad de que la secretaría de Estado contara con mecanismos de "evaluación y monitoreo" que dieran "un criterio confiable desde el punto de vista técnico".

En su columna de 2015 dejó constancia que eso no ocurrió. Allí recuerda que ya entonces se había iniciado un diálogo con la Udelar –y con el Instituto Nacional de Estadísticas– "para construir nuevas evidencias y superar los problemas 'metodológicos actuales'". Fuentes de la cartera de seguridad aseguraron que ese diálogo continúa. 

Las denuncias del sociólogo de cuatro años atrás iban aún más allá. Sobre aquel diálogo iniciado sobre el que hoy no hay noticias, Paternain ya advertía que lo consideraba como una "salida bastante insólita". Argumentaba de esta manera: "Si bien en los últimos años el observatorio ha sido funcional a un enfoque material y reduccionista del delito, las autoridades saben que no podrán revertir el descrédito público y político de la herramienta, y por lo tanto necesitan que otros actores avalen los resultados. El escenario que se le abre a la Universidad de la República es de extremo riesgo, y un paso mal dado puede resultar fatal".  Y concluía proponiendo que se creara un "marco institucional" situado en un "ámbito que no dependa del Ministerio del Interior" dedicado a la producción de datos objetiva.

 

 

 

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