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Más de la mitad del espacio aéreo uruguayo está “sin control” por falta de radares
La escasez de recursos y la necesidad de renovar la flota es un planteo común de la cúpula de las Fuerzas Armadas al sistema político. Se repite más allá de quien ocupe el gobierno y siempre genera discusiones debido a la utilidad que tiene el material que se incorpora en relación a su costo.
Atender esa situación, junto con el incremento salarial del personal subalterno, es una de las prioridades del Ministerio de Defensa, que tiene en marcha una licitación para adquirir dos buques OPV para la Armada, y prevé el año que viene la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea.
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general del Aire Luis Heber de León, dijo a El Observador que Defensa tiene un “plan estratégico” para la renovación de todos los activos en “diferentes períodos” y que la principal urgencia es adquirir aeronaves de combate para realizar funciones de policía aérea.
Estas tareas tienen dos objetivos principales: interceptar a los aviones que ingresan de forma irregular y evitar el narcotráfico, que aprovecha las zonas sin control para transportar drogas.
El comandante aseguró que hay “muchos ingresos irregulares” al espacio aéreo por lo que la intención es renovar los “sistemas obsoletos” de control.
El país tiene cuatro radares para tareas de vigilancia. Dos están en los aeropuertos de Carrasco y Durazno (operados por la aviación civil), hay otro en la base de Santa Clara de Olimar en Treinta y Tres (es militar, con mayor alcance), y uno móvil que suele ubicarse en el norte, aunque va rotando. De León señaló que los radares permiten vigilar “el 45% del espacio aéreo” y que en el 55% restante está “sin control” por lo que no se sabe lo que ocurre.
El jerarca expresó que la situación hacía difíciles los controles, ya que los narcotraficantes están al tanto de las dificultades.
La intención de la Fuerza Aérea es incorporar aeronaves que cuenten con radares para poder perseguir los ingresos irregulares. “El Estado está en eso, está viendo si se adquiere por cooperación o compra. Estamos a la espera de la toma de decisiones”, dijo.
Las interceptaciones se realizan actualmente con los A-37 Dragonfly, considerados de vuelo avanzado, que alcanzan una velocidad máxima de más de 800 kilómetros por hora, y que pueden portar hasta cinco metralletas para disparar contra otros aviones.
“Tenemos cuatro, pero vuelvan dos o tres. Son de la década de 1970 y no tienen radar. Están al límite de su vida útil”, explicó De León.
La FAU también utiliza los PC7 Pilatus de vuelo avanzado –tiene cinco unidades– que alcanzan los 500 kilómetros por hora y poseen puntos fijos bajos las alas y contenedores con dos ametralladoras cada uno.
La base de ambos escuadrones de combate está ubicada en Santa Bernardina (Durazno).
El objetivo es incorporar seis nuevos aviones para completar una “unidad básica de operación”. “Es un número mágico mínimo. Dos son para tener en vuelo; dos en alerta y dos en mantenimiento”, explicó.
Al estar desprogramado el A-37, la FAU se inclina por incorporar los M-346 italianos o los L-15 chinos. También han evaluado los L-39 NG checos, que son más chicos aunque cumplen con los requerimientos.
La idea es que los nuevos aviones sí o sí tengan radares incorporados, para mejorar la precisión de las interceptaciones.
“Defensa está viendo las alternativas. No sé si están los recursos, depende de Economía. No es barato y hace muchos años teníamos que haberlos cambiado. El retraso es muy grande”, agregó.
Procedimiento
El Código Aeronáutico establece que para volar por el espacio uruguayo es necesario tener autorización, cumplir con un plan de vuelo y partir o aterrizar en aeródromos públicos o privados especialmente habilitados.
Cada avión tiene un transpondedor con un código que se asigna cuando se autoriza el vuelo, que emite una señal a los radares con la información sobre el plan y otros detalles de la aeronave.
Los radares permiten detectar que una aeronave está en una situación irregular cuando no cumple con esas normas de navegación. Cada uno tiene un alcance aproximado de 450 kilómetros de radio. Una de las formas de no ser captado es volar bajo.
Los ingresos irregulares vienen en aumento en Uruguay de acuerdo con datos de la Fuerza Aérea. El país tiene, a su vez, acuerdos de cooperación con Argentina y Brasil para transferir información sobre posibles ingresos no habilitados al territorio, que han alertado a las autoridades en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando en los países vecinos detectan una aeronave sospechosa que se aproxima a Uruguay, se ponen en contacto con las autoridades locales para el intercambio de información.
La detección de un ingreso irregular puede llegar a dar lugar a que comience un proceso de interceptación, para lo que se utilizan los A 37 o los PC7. Desde la Ley de Urgente Consideración, la interceptación puede terminar en un derribo, algo que no ha ocurrido hasta ahora.
