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Mercedes Vigil entregó carta y recibió repudio de militantes como "empleada de la impunidad"
"Defensora del terrorismo de Estado. Empleada de la impunidad". Así decían algunos carteles que este lunes esperaban la llegada de la escritora Mercedes Vigil a la Torre Ejecutiva. Referente del denominado "Foro de Montevideo", Vigil tenía previsto reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou para entregarle en mano una carta con un pedido concreto: la libertad de los represores de la dictadura –"presos políticos" según la misiva– recluidos en la Cárcel de Domingo Arena.
Fuera de Torre Ejecutiva, la conocida activista Irma Leites alzaba los carteles contra Vigil junto a otras tres militantes del colectivo Memoria y Libertad, que observaban en silencio y a la distancia cómo la escritora –acompañada de Eduardo Abenia, otro integrante del foro– cruzaba en diagonal la Plaza Independencia para dirigirse a su destino.
Dos horas después, sus documentos permanecían en recepción, pero Vigil y su acompañante habían abandonado el edificio por una puerta lateral, evitando el cruce con los manifestantes, que a esa altura eran más de 20, vigilados por un discreto operativo de la Policía.
La carta que recibió Lacalle llevó la firma de un grupo de ciudadanos "anhelantes de la paz y la reconciliación nacional" que, convencidos de que la plena vigencia de los derechos humanos pasa por el respeto absoluto a la Constitución y a la ley, le pidieron que ponga fin a la "injusticia" de mantener sin libertad a condenados por delitos de lesa humanidad.
Vigil había adelantado a El Observador que la misiva sería ratificada por "2.000 firmas", entre ellas la de gente "bastante influyente" y de "formadores de opinión". La escritora añadió que para "dar vuelta la página" se necesita que en Uruguay "se retome el Estado de Derecho". Se refería al "desconocimiento" de lo expresado por la ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, cuya vigencia fue ratificada por dos consultas populares realizadas en 1989 y en 2009 respectivamente.
Ese "desconocimiento" de la expresión popular fue, según señala el grupo, una decisión política, y bajo esos fundamentos es que el grupo aspira a a que Lacalle Pou sea un "Mandela" –en referencia al expresidente de Sudáfrica– que otorgue "una solución que nos reconcilie a todos". "Hay infinitas vías posibles", señaló Vigil días atrás al ser consultada por la manera en que el presidente podría tomar una decisión de ese tipo.
Según la escritora, el problema radica en que a la salida de la dictadura el país no supo tomar las medidas adecuadas para que los efectos de esa "guerra" pudieran superarse en armonía. Habló al respecto de la supervivencia de un "relato hemipléjico" que hace que de un lado existan "bisnietos de los terroristas que atentaron contra la República y que son resarcidos nadie sabe por qué", y del otro "unos pobres viejos procesados sin pruebas".
"La carta no es ni más ni menos que la expresión de la mayoría de los uruguayos", había remarcado.
Los últimos párrafos de la carta que recibirá Lacalle Pou señalan que "en Domingo Arena hay encerrados algo más que un montón de viejos soldados". "Allí estamos presos todos, está presa nuestra democracia. Detrás de las rejas del pasado, está preso el futuro", agrega la misiva. "Libérelos y libérenos, señor presidente, y cierre de una vez la fractura", concluye el texto.
La otra realidad
En la puerta de la Torre Ejecutiva estaba Lucía Rezzano. Militante de Memoria en Libertad, en cada una de sus manos portaba un retrato. "Venimos a mostrar la otra realidad", dijo. En las fotos aparecían sus abuelos: José Pedro Tezze y Amelia Lavagna. Residentes en Manantiales, su casa fue allanada en un operativo en 1975. Rezzano aseguró que su abuela murió en el lugar, en tanto su abuelo, un coleccionista de armas, fue secuestrado y torturado. "Eran sexagenarios", recordó –no sin ironía– en alusión a que uno de los argumentos que se esgrimen para pedir la libertad de los presos de Domingo Arena es, justamente, su edad.
Más allá de su familia, la militante sostuvo que el reclamo frente a la casa de gobierno era en representación de todos los que fueron violentados, secuestrados, torturados o desaparecidos por causa del terrorismo de Estado,. "Eran civiles desarmados contra militares", apuntó.
La militante fue clara en su postura contraria a que los represores sean liberados o que reciban prisión domiciliaria, como lo plantea un proyecto de ley de Cabildo Abierto. "Tienen todas las garantías que no tuvieron nuestros familiares", dijo. "Deben continuar presos, cometieron crímenes de lesa humanidad".
La semana pasada, el presidente había afirmado en rueda de prensa tener una "visión positiva" del proyecto de Cabildo Abierto. Señaló que el gobierno está estudiando la iniciativa y que podría sugerir algunos cambios, como que la edad mínima para recibir el beneficio de la prisión domiciliaria se eleve de 65 a 70 años de edad.
Consultada, Rezzano dijo reconocer el derecho de cualquier persona a tener una audiencia con el presidente. De todas formas sostuvo que, en el caso de Vigil, le parece "moralmente inaceptable".
