El virus se metió en las densas zonas populares de las grandes ciudades de estos países donde es más difícil cortar su transmisión y mantener las cuarentenas
El virus está circulando. Y quizás más que nunca a lo largo de la pandemia en las grandes zonas urbanas de Chile, Argentina y Brasil. Si no es el pico, se parece.
Récord de muertes y contagios en el último registro de este jueves en Argentina, más de la mitad en Buenos Aires. Crecimiento explosivo en Santiago de Chile, que obligó a meter el freno en el gobierno tras anunciar, hace apenas una semana, el "retorno seguro". Y Brasil con trágicas cifras de primer mundo: cerca de 200.000 casos confirmados —cuenta corta para una realidad que se teme peor, por la insuficiencia de diagnóstico— y más de 13 mil muertes.
Un análisis de The New York Times de esta semana comparaba la devastadora ola que ha golpeado a las ciudades de América Latina —también en Guayaquil y Lima— con los peores brotes en el mundo.
Manaos, por ejemplo, la metrópoli cálida, húmeda y remota, describe el Times, registró en abril 2.800 muertes, tres veces su promedio histórico: un incremento comparable a los peores días del pico del coronavirus en Madrid, entre mediados de marzo y mediados de abril.
Brasil, Argentina y Chile son casos distintos en cómo han enfrentando la arremetida del coronavirus y en los resultados obtenidos hasta cuando estaba prevista la mayor curva de ascenso de la infección. O eso se creía, porque en Santiago y Buenos Aires el alza del contagio coincide con las primeras medidas de desconfinamiento.
Se parecen, sin embargo, en dos constantes: la propagación del virus, como han venido a corroborar las cifras, y en la particularidad de esa propagación: el virus ha entrado en las zonas más vulnerables. En las favelas de Río y San Pablo, en los barrios de emergencia de Buenos Aires y sus alrededores y en las zonas populares del Gran Santiago.
Y esa particularidad vuelve al virus más temible: hay más gente apiñada, más gente que necesita ganarse la vida, o la muerte, en el trabajo diario en las calles, y hay, a la vez, menos atención sanitaria y peores indicadores de salud: a peores condiciones de vida, menor resistencia a la enfermedad. El virus, señalan los expertos y temen los gobiernos, agrava las condiciones de desigualdad socioeconómica de las grandes urbes latinoamericanas.
JAVIER TORRES / AFP
El gobierno y las autoridades chilenas actuaron con prontitud frente a la presencia del coronavirus porque desde hace más de 50 días, antes de que se produjera la primera muerte, el país decretó el estado de catástrofe. Junto con un testeo masivo para identificar los casos y un programa de cuarentenas selectivas, o dinámicas, Chile mantuvo a raya el impacto del coronavirus: una proporción alta de casos sí —atribuida a su capacidad de diagnóstico, a la que suma más de 40 centros de entidades universitarias— pero muy baja letalidad, apenas sobre el 1%, y respuesta efectiva del sistema sanitario que ha funcionado sin colapsar. Hasta ahora.
Ahora el modelo chileno está en duda, tras un crecimiento sostenido de la infección en el mes de mayo, con más de dos mil casos nuevos los últimos días que obligaron al confinamiento de los casi 8 millones de habitantes de la capital chilena. Lo que el gobierno de Piñera anunció con "la batalla de Santiago" ya es vista por sus críticos, agazapados durante la pandemia, como "el desastre de Santiago".
Uno, la estrategia de las cuarentenas parciales, surgida de la Mesa de Datos que asesora al gobierno, que permitía, a la vez, mantener abiertas áreas de la economía mostró su flanco débil. La infectóloga Claudia Cortés, citada por el diario, apunta que fracasó "porque se triplicaron los contagios y por algo no ha funcionado en ninguna parte del mundo".
Dos, la gente siguió moviéndose entre comunas porque los límites entre las que estaban cerradas o abiertas eran tan frágiles como una calle. Y, además, se hizo un uso abusivo de los permisos para circular, que favoreció que junto con las personas se trasladara el virus. Tercero, falló el sistema sanitario de atención primaria, que debió ser la instancia inicial y al alcance de la mayoría de los chilenos, incluso en zonas rurales, para detectar casos, aislarlos y cumplir las cuarentenas. Cuarto, el gobierno apresuró la vuelta a la normalidad guiado por indicadores de zonas que no reflejaban la totalidad. Quinto, el comportamiento de la población en la capital que interpretó el anuncio de "nueva normalidad" como una liberación.
Esto último, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, lo llevó "a hacer una declaración de guerra en el sentido de que todo se jugaba en la batalla por Santiago". Y esa batalla lo que pretende ahora es cortar de manera urgente la transmisión, y por ello endureció el confinamiento, porque después de un promedio de más de mil casos diarios confirmados el sistema de salud puede ser desbordado.
RONALDO SCHEMIDT / AFP
El gobierno argentino y las autoridades sanitarias del país, nacionales y locales, afrontan desde el domingo el escenario más preocupante de la pandemia de coronavirus, con récords de contagio que se superan casi de un día para el otro. Aún así, las cifras totales hasta este jueves de 6.879 casos confirmados y 344 muertes ofrecen un margen de maniobra que no ha impedido que se continué con las fases del programa de reapertura económica, en un país que requiere volver a producir para atender una situación económica de extrema gravedad con la que lidia el presidente Alberto Fernández desde el pasado 10 de diciembre cuando asumió el mando.
Hay preocupación en las autoridades sanitarias porque el virus ha penetrado en los barrios más pobres del área metropolitana de Buenos Aires, que acumula el 70% del total de casos. Sin embargo, aunque este jueves se fijó un tope de más de 300 infecciones en 24 horas, el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, calcula que en las próximas semanas el número de contagios puede estar entre 800 a 1.000 diarios. El pico de la enfermedad se producirá "entre mediados de mayo y principios de junio", señaló al diario Clarín.
Quirós confió que la curva está en ascenso, que era inevitable llegar al pico de contagios y que en ese momento se volvería a una cuarentena estricta.
Este jueves entraron en operación un amplio conjunto de negocios minoristas en la capital que incluye joyerías, relojerías, mueblerías, antiguedades, concesionarios de autos, repuestos y accesorios, viveros, inmobiliarias, agencias de loterías y quinielas, entre otros.
El gobierno, por medio de sus autoridades sanitarias, aún no saca conclusiones definitivas sobre el alza de los casos y de las muertes —un récord de 23 en las últimas 24 horas— porque se mantiene dentro del rango de "lo esperable", sin alterar el índice de letalidad que es de 5% de los casos de contagio confirmados.
Es el sexto país en el mundo en número de casos y de continuar el ascenso —el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta preveía el pico entre mayo y junio— es presumible esperar que supere a España e Italia, dos de las naciones más castigadas por el coronavirus. Brasil más que triplica la población de esas naciones, con densos sectores populares en sus principales ciudades, donde el virus causa estragos entre los más desfavorecidos.
Pero es difícil juzgar cuál ha sido el modelo seguido por Brasil, porque mientras los gobernadores de los estados —que obtuvieron creciente respaldo en el estudio de opinión del Instituto MDA para la Confederación Nacional del Transporte— han prolongado los confinamientos, el presidente Jair Bolsonaro se ha convertido en su más acérrimo contrincante.
Este jueves insistió en su prédica: "Brasil se está quebrando y no es como dicen algunos que después la economía se recupera. Vamos a ser un país de miserables, como algunos países del África Sub-Sahariana", cómo recoge Extra Globo. El mandatario afirmó que va a morir "mucha, mucha más gente si la economía se mantiene cerrada".
Brasil vive la dualidad de enfrentar la pandemia y asistir al ahondamiento de una crisis política que ya cuenta entre sus bajas al destituido Mandetta, al renunciante Sergio Moro, ex titular del ministerio de Justicia y figura central de la operación anticorrupción Lava Jato, y en la que Bolsonaro está expuesto a la posibilidad de un juicio político que de al traste con su gobierno de escasos 17 meses.