Ministerio de Justicia: un debate "imprescindible" y sujeto a los tiempos políticos que crece a la sombra del fantasma de la dictadura

Una de ellas, la que destacó Sanjurjo, es el sistema penitenciario. No se le puede pedir a quien tiene que atrapar a los delincuentes, que después los rehabilite, señaló el técnico. En su opinión, que también comparte el ministro Luis Alberto Heber, debería ser un eventual Ministerio de Justicia el que tenga bajo su órbita el Instituto Nacional de Rehabilitación. Durante el último gobierno frenteamplista, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para que el INR pase a manos del Ministerio de Educación y Cultura, pero no prosperó. 

Pero en el debate por el Ministerio de Justicia se cuelan otras posibilidades: que asuma las competencias administrativas que hoy tiene la Suprema Corte de Justicia y hacer que la Fiscalía General de la Nación deje de responder al Ministerio de Educación y Cultura y pase a responder a esta nueva cartera.

Pero además de todas las disquisiciones y detalles finos que seguro terminarán generando horas de debate entre los legisladores, instituciones y miembros de la sociedad civil, la propuesta del Ministerio de Justicia en Uruguay carga con una cruz que es difícil de sacarse: en el único momento que existió fue en dictadura. Eso hace que genere recelo entre varios actores relevantes, incluso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia quien indicó en entrevista con El Observador en febrero que no le parecía correcto y, en seguida, recordó que había un Ministerio de Justicia durante su juventud, en dictadura. 

El líder de las mesas interpartidarias por seguridad dijo que se terminó consensuando que se cree una nueva comisión para discutir en profundidad el tema, con todos sus bemoles y deseó que "ojalá en el próximo quinquenio, gane quien gane, se pueda comprometer a la creación del Ministerio de Justicia".

El presidente, Luis Lacalle Pou, inicialmente tenía una postura contraria que se fue acercando al centro gracias a las comunicaciones tanto con Heber como con Juan Miguel Petit, el comisionado penitenciario para las cárceles, quien ha pedido en reiteradas oportunidades la creación de este ministerio. Y aunque el consenso para su creación está por dilucidarse, sí hay consenso para su discusión: el Frente Amplio lo ha incluido en el primer borrador de su programa, el Partido Nacional está abierto a debatirlo y el Partido Colorado lo incluyó directamente en sus aportes a la mesa de seguridad interpartidaria. Aunque en una nota con La Diaria el ministro de Vivienda Raúl Lozano (Cabildo Abierto), que en ese momento era senador, indicó que  “habría que analizarlo”, porque implica “aumentar la burocracia estatal” y no “solucionar este mal que es la delincuencia”, su representante en la mesa de seguridad dijo estar abierto a discutirlo. 

Pero, ¿cuándo? Sanjurjo señaló que está previsto que se discuta en la legislatura que viene, pero el representante colorado en la mesa interpartidaria por seguridad, Andrés Ojeda, dijo a El Observador que trabajará "para que el proyecto de ley esté pronto en esta legislatura y que se pueda discutir en esta legislatura, con este Parlamento, aprovechando las mayorías que hoy están para tratar un tema que el país necesita". "Si no estás postergándolo para tratarlo con una mayoría que no sabés si vas a tener", complementó. 

La coordinadora de bancada de senadores del Partido Nacional, Graciela Bianchi, expuso que "no está en el primer lugar de la agenda" y que "en este momento obviamente el Poder Ejecutivo no puede impulsar esta modificación por razones de tiempos políticos y de costos. Es decir, entra hoy (por el viernes) la última rendición de cuentas". A su entender, está bien que se forme un grupo de trabajo para discutir su implementación en un futuro y el principal objetivo debería ser descongestionar a la Corte de las tareas administrativas —creación o supresión de juzgados, cuestiones presupuestales, sumarios— y que tengan solamente su rol jurisdiccional, es decir, ser la última palabra en los casos que llegan a revisión, casación o aquellas leyes que se someten a un proceso de inconstitucionalidad. 

Hoy en día, pese a que cualquier decisión debe tomarse con el aval de los ministros de la Corte, las cuestiones administrativas recaen sobre Marcelo Pesce, el director de los Servicios Administrativos de la corporación. 

En la discusión de la mesa por seguridad, "sobre todo el Partido Nacional hizo hincapié en que el Ministerio de Justicia abarcaba mucho más que la posible inclusión del sistema penitenciario, por lo que debería ser discutido en profundidad en otro ámbito más amplio. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con eso, así que ahora lo pusimos de manera explícita", contó Sanjurjo a El Observador. Este partido fue el último en anunciar su decisión sobre el punto. 

Así lo sugirieron en el documento final que enviarán el lunes a los partidos políticos, en el que destacan que "un Ministerio de Justicia puede estar a cargo de la administración del sistema de justicia, asistir al Poder Ejecutivo en las relaciones con el Poder Judicial, facilitar el acceso y la protección de los derechos humanos, o promover la modernización de la legislación nacional, entre otros cometidos". 

Por parte del Frente Amplio, la propuesta está incluida en el primer borrador de programa de gobierno para el 2025. Todas las propuestas que tiene ese borrador deben ser ratificadas, después de una discusión en el congreso que celebrarán en diciembre y donde oficializarán las candidaturas a la presidencia de las próximas elecciones.

En el capítulo dedicado a la seguridad, anuncian que "se impulsará la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI para fortalecer la especificidad de los poderes del Estado y dotar de un mejor orden institucional a diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas (incluyendo derechos humanos, cárceles, registros públicos, (...) estadísticas de criminalidad, política antilavado de activos", entre otras.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia ya había adelantado a El Observador su opinión negativa sobre esta posibilidad y había dicho que "se entra en temas demasiado cercanos a la división de poderes". Un año antes, el ministro —y entonces presidente— John Pérez, había sido aún más tajante: "A un Ministerio de Justicia que asuma competencias que son de la Corte me opongo rotundamente. Las cuestiones que están en la Constitución que competen a la Corte no, mientras no se metan en el Poder Judicial, perfecto. Si asumen las otras cosas sí puede ser un interlocutor más fluido. Temas que dependen del Ministerio de Educación y Cultura, exhortos, registros. Si se meten en el Poder Judicial, veremos". 

El Colegio de Abogados del Uruguay no tiene posición tomada y la Asociación de Magistrados, según dijo su presidente en agosto pasado, apostaba a dar un debate serio sobre el tema.