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21 de agosto 2022 - 5:00hs

Prometió darle a la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) una impronta "más gremial" y luego de una derrota por 13 votos en las primeras elecciones en las que se presentó (2020), este fin de semana ganó por tres y fue electo presidente de la asociación. El juez de Concurso Leonardo Méndez asumirá a principios de setiembre y tiene la carrera judicial y el presupuesto como los temas urgentes a abocarse. 

Además, quiere "reflotar la participación" de los jueces en el gremio, que por ahora ve apagada. Pese a que tiene varios objetivos, resaltó especialmente la crisis presupuestal del Poder Judicial, que no recibe aumentos hace 10 años. "Se están haciendo cada vez más funciones para el Poder Judicial y no hay rubro. Se dan refuerzos puntuales. Es muy sencillo crear una norma muy buena, que en la práctica después fracase y que la culpa sea de los operadores. Los operadores tampoco podemos ir  a la guerra con un escarbadiente (...) Los jueces terminamos tocando temas de oído, porque no somos ni psicólogos ni asistentes sociales. Necesitamos un poco, en el Poder Judicial con poco se hace mucho", resaltó. 

A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador

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¿Cuáles son las cuestiones urgentes? ¿Las que hay que resolver ya?

Hace poco se interpuso una acción internacional por la carrera judicial y hay que desarrollar línea de acción a nivel interno. También estamos en una etapa candente del presupuesto. Yo comparecí con la presidenta de la asociación a la Comisión de Hacienda de Diputados en calidad de asociado. A hacer las reivindicaciones que corresponden, nosotros venimos arrastrando un conflicto salarial desde hace más de 10 años. A nosotros se nos viene planteando una posibilidad híbrida, de contemplar parte para este ejercicio del 2024 y habría que terminar en la próxima administración. En 2025 no se puede por ser año electoral. Nosotros queremos que se pueda que quede lo más resuelto posible ahora. El presupuesto del Poder Judicial tiene la misma parálisis de 10 años. Los jueces de violencia de género y de Familia están desbordados, no hay equipos técnicos que las normas nuevas requieren para el análisis de víctimas. El PJ tiene una extrema necesidad presupuestal desde hace mucho. 

Ahora le tocará ir como presidente de AMU a Senadores ¿planea darle otro tono a la comparecencia?

No en forma personal, como agrupación. Nosotros tenemos procesos internos de adopción de decisiones. Pero sí, por supuesto. El tema de que nosotros queremos seguir planteando lo mismo, pero desde una óptica más gremial. Poniendo en el centro al asociado como trabajador. Cuesta mucho por un tema de cultura colectiva que en la asociación digamos "nuestro gremio". No nos sentimos totalmente identificados con esa figura por la función que cumplimos. Lo que no quita que seamos trabajadores. 

Muchas veces no lo hemos planteado así y hemos sido más tibios en los reclamos y eso quizás ha llevado a que no siempre se nos escuche. Creemos que es momento de pararnos desde otra forma frente a nuestras reivindicaciones, que no quiere decir que vamos a hacer cosas que no podemos hacer. 

Necesitamos que se desarrolle el diálogo con la Corte, que en estos dos años ha sido prácticamente nulo. 

¿Ellos al ser parte de la Corte pueden formar parte del gremio?

Según nuestros estatutos actuales, sí, pero ahora hay una comisión que estudia reformarlos. Ellos ante planteos que desde nuestra agrupación hemos hecho han decidido desafiliarse, pero hasta hace no tanto tiempo eran afiliados. Eso generaba cierta incongruencia.

¿Qué reuniones tiene previstas para cuando asuma?

Nos gustaría tener alguna reunión con los que tienen que ver con la reforma jubilatoria, con ese equipo de trabajo. Jueces y juezas desarrollamos una tarea que conlleva un gran nivel de estrés. Se está planteando aquí la ampliación de la edad jubilatoria. Se han dado todas las razones por las que se entiende que esto es necesario, pero hoy por hoy existen soluciones para los policías, los docentes, por los tipos de trabajo que realizan, tengan una edad jubilatoria más baja. 

¿Ustedes quisieran tener una edad jubilatoria más baja?

Creo que por lo menos tiene que haber algún análisis. La Constitución nos obliga a cesar a los 70 años de edad. Hay colegas que llegan a esa edad, pero no sé si un juez de violencia doméstica tiene que trabajar hasta los 65 años de edad. Es gente que está en un turno recibiendo 60 o 70 llamadas diarios. No es lo mismo manejar eso a los 40 años que a los 63. 

Nosotros además tenemos la prohibición de tener cualquier otra actividad remunerada mientras trabajamos como jueces. Estoy bajo pena de destitución si yo tengo un quiosco, entonces no podemos tener otro ahorro. Quisiéramos por lo menos expresar la particularidad de nuestra función para que, de alguna manera, se tenga en consideración.

¿Cómo han visto los sumarios iniciados en los últimos tiempos?

Tenemos inquietudes respecto de lo que es el ejercicio del poder disciplinario en la SCJ. Estamos notando un endurecimiento en las sanciones en líneas generales y a veces por conductas que pueden ser muy menores y que no dañan el servicio de Justicia. Además, no hay un tratamiento 100% parejo. No queremos que haya impunidad, queremos que lo que sea grave se sancione grave y que lo que es menos grave se sancione menos grave. 

Pero tampoco se da parejo, hay colegas que en situaciones similares reciben sanciones mucho más duras que otro. 

¿Eso de qué parte?

No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que si da la pauta es que hay un ejercicio, al menos equivocado, del poder disciplinario en muchas oportunidades. 

Inés Guimaraens Era la segunda vez que se presentaba a la presidencia del gremio

¿Tiene que ver con que salgan en los medios entonces se utiliza una sanción más dura?

No pudimos hablar todavía con la Corte, pero nos preocupa que se esté siendo permeable a la exposición mediática de los casos. Ninguna investigación puede ser permeable a presiones de la sociedad, ya sea de prensa o políticos. Notamos que a veces puede haber interferencia del ambiente externo para estas cosas. 

¿En su opinión, el Poder Legislativo tenía potestades para reformar la carrera judicial? La Corte integrada entendió que no

Yo voy a partir del antecedente. La ley 15.750 del año 1985 regula aspectos de la carrera judicial. Es mucho más sintética y austera, pero lo regula. Si bien la Corte tiene la superintendencia correctiva, nosotros en la medida que la norma no regula el funcionamiento interno si no que da pautas de objetividad para que esa regulación la realice la Suprema Corte, nosotros entendimos que no era inconstitucional. Nadie planteó la inconstitucionalidad de la ley del año 1985. No tiene para nosotros un fundamento de inconstitucionalidad, pero la Corte integrada entendió que sí. 

Esa ley (la de la carrera judicial) igual nunca fue aplicada, pese a que está vigente desde 2019, lo que es bastante llamativo, porque cualquier ciudadano que interponga una acción de inconstitucionalidad es sin efecto suspensivo y tiene que cumplir la ley hasta que la Corte se pronuncie. Nosotros estuvimos un periodo sin que se aplique porque la Corte entendía que era inconstitucional, sin siquiera haber presentado la acción. Luego se hizo la acción y en el interín, dos años y medio de vigencia, nunca fue aplicada. Cada uno sacará las conclusiones que quiera al respecto. 

La carrera es un tema que tenemos que destrabar, por más de que algún ministro dijo que nos preocupemos más por atender la función. No creo que ninguno de nosotros creamos que hay algo más importante que atender la función, pero como trabajadores somos una globalidad. No tenemos garantías en la carrera, no entendemos porqué ascendemos o porqué no. 

Cada vez con más asiduidad se plantea la idea de crear un Ministerio de Justicia, que entre otras cosas podría encargarse de las cuestiones administrativas que hoy se encarga la SCJ. El presidente Pérez dijo que se oponía rotundamente. ¿Ustedes tienen posición?

Sobre ese tema nosotros quisimos dar un debate cuando integrábamos la directiva en minoría, pero no tuvimos éxito. Entendemos que merece estudiarse. Hay muchas aristas del punto de vista jurídico que hay que pulir, pero creo que hasta altura nos merecemos dar el debate y ver hasta qué punto en lo que tiene que ver con el PJ no hay un exceso de concentración de poder en el órgano jerárquico y hasta qué punto no necesita un contrapeso. Vamos a apostar a que se dé un debate serio. 

Cada vez con más frecuencia, actores políticos critican los fallos o el proceder de operadores jurídicos. ¿Cómo lo ven ustedes?

Sí, nosotros en minoría, hemos sido más críticos en cuanto a que en el juego democrático saludable los fallos, como cualquier obra de un funcionario público, es criticable. Lo que no está bueno es cuando se pasa de esa crítica, que es válida, al ataque personal al magistrado que está ahí. 

¿Ustedes notan que ha pasado?

Está pasando. Para nosotros es importante salvaguardar la función, que los jueces estén libres de presiones de cualquier índole. No está bueno de actores de primera línea, ya sean políticos o de la prensa, generen circunstancias de sospechas respecto de un magistrado que hace un ejercicio legítimo de su función. Si esas cosas se pueden dar, se tienen que investigar por los canales correspondientes.

Eso deslegitima de alguna forma al país, porque uno de los índices para definir el grado inversor es qué tan saludable es el sistema de Justicia. 

¿A usted le pasó?

A mí me pasó cuando tuve el caso de Casa de Galicia. Se me acusó de conspirar contra el gobierno. 

¿Le hubiera gustado que la asociación saliera a defenderlo?

Sí, me hubiera gustado y a varios asociados les hubiera interesado. En ese momento no tuvimos una defensa como la que nosotros nos merecemos y esperamos de nuestro gremio. Poner en descrédito a un juez en un caso tan sensible, que a la postre se fue encaminando y después se salió de una hipótesis de crisis. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer para evitar los juicios mediáticos. 

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