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Ministerio del Interior afirma que pondrá en marcha los controles de El Guardián

En 2015 se firmó un acuerdo para intercambiar información que nunca se puso en práctica
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09 de julio de 2019 a las 05:01

El Ministerio del Interior comenzó los contactos con el Poder Judicial con el objetivo de poner en marcha los mecanismos de control del sistema de escuchas judiciales conocido como El Guardián, los cuales nunca llegaron a concretarse. Según había informado el programa Todas las Voces de Canal 4, el Ministerio del Interior nunca envío los reportes trimestrales de escuchas realizadas y tampoco instrumentó un convenio para que las empresas de telecomunicaciones informaran al Poder Judicial sobre las interceptaciones realizadas, dos requisitos claves para vigilar el uso del sistema de escuchas estatal.

El senador nacionalista, Javier García, se reunió este lunes con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, para interiorizarse sobre la falta de controles del sistema. Al término de la reunión, García dijo que el sistema de escuchas “es un gran agujero negro en el que nadie puede asegurar que existan garantías de que no ese está usando por fuera de las órdenes judiciales”.

Según explicó el senador, en diciembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía, firmaron un acuerdo por el cual la cartera de seguridad se comprometió a instrumentar un convenio con empresas telefónicas para que estas remitan información al Poder Judicial sobre cada interceptación que se hizo, de modo de que puedan que corroborar que la cantidad de escuchas realizadas es igual a las habilitadas. Igualmente, el Ministerio del Interior debía enviar un informe trimestral a partir de mayo de 2017, lo que nunca se hizo.

Asimismo, Todas las Voces informó que la Auditoria General de la Nación había hecho un informe sobre el funcionamiento de El Guardián en el que se marcaban “observaciones” sobre su funcionamiento, pero cuando el programa quiso saber de qué trataban, el Ministerio del Interior respondió que esa era información reservada. 

Ante la consulta de Todas las Voces acerca de cuál era el análisis que la Suprema Corte de Justicia hacía del uso de la herramienta de escuchas telefónicas, desde el Poder Judicial contestaron que los dos puntos de control no estaban funcionando. Asimismo, el máximo órgano judicial resolvió enviar una nota al Ministerio del interior exigiendo que se envíen los informes tal cual se había acordado. Según supo El Observador en base a fuentes ministeriales,  recientemente comenzaron a hacerse contactos en ese sentido.

El Guardián tuvo un costo de aproximadamente US$ 2 millones y un mantenimiento y servicio técnico anual de casi US$ 200.000 a cargo de la empresa proveedora. Según informó El País, el sistema permite hacer escuchas simultaneas de  800 celulares y 200 teléfonos fijos; también habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales
¿Pueden hacerse escuchas ilegales?

Según dijeron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior, las observaciones en la auditoria del sistema de El Guardián no revelaron riesgos de seguridad, ni posibilidad alguna de que pudiera producirse una escucha sin aprobación judicial. Es que según explicaron, quien tiene la “llave” para acceder a la información es el juez, y no la policía.

Cuando los efectivos desean interceptar un teléfono, un mail o red social porque según entienden pueden extraer de allí información relevante para la investigación, deben solicitarlo a la fiscalía, quien a su vez evalúan si corresponde o no hacer esa interceptación. Si entienden que es pertinente, deben trasladar la solicitud al juez, quien en última instancia define si se puede o no interceptar una comunicación.

Si el juez lo habilita, entonces el software traslada la solicitud a la operadora telefónica que es quien tiene acceso al audio de las llamadas y también a los datos que se envían en forma de email y de interacción en una red social. Si el juez no lo habilita, el software no permite seguir avanzando. Asimismo, si el plazo de una medida de escucha termina, el intercambio de información se corta automáticamente.

Así lo explica Digitro, el proveedor del software que desarrolló El Guardián, en su sitio web.

Las operadoras no tienen contacto con la policía durante el proceso, por lo que estos no podrían solicitar una escucha sin pasar previamente por el juez. Por esta razón, la fuente señaló que es “imposible” que se produzca una escucha ilegal a través del sistema El Guardián.

El software funciona entonces como una plataforma a la que se le carga información, la cual solo se vierte si el juez lo habilita. Una vez en el sistema, el programa permite escuchar, transcribir esas escuchas y descifrar los datos de Internet para convertirlos en información relevante en la investigación.

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