Ministro de Apelaciones de Familia dijo que se le pudo haber puesto una tobillera a exnovio de Valentina Cancela

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"Era perfectamente aplicable el dispositivo", dijo el juez en una entrevista con Subrayado (Canal 10).

Según Cavalli, la ley "no establece definición alguna" sobre el límite de edad mínimo en el que se puede colocar una tobillera, e incluso recuerda discusiones en las que algunas personas "decían que no era aplicable", pero "la ley es clara a que se debe privilegiar determinados derechos frente a otros" y que se debe privilegiar "la vida de una víctima" de violencia.

Para el ministro, este caso le "da la razón" en que "la edad no tiene por qué ser un impedimento para en casos extremos usar una canillera", aunque no recuerda antecedentes de medidas de este tipo.

Las denuncias y la condena

Cavalli indicó que "son muy frecuentes" las denuncias por violencia en parejas adolescentes, pero no sabe "si todos los casos llegan a la justicia". En ese ámbito la mayoría de los casos refieren a las personas adultas, pero el ministro indicó que se conocen "otros homicidios de adolescentes mujeres en manos de adolescentes varones".

Aunque el juez desconoce "si hubo una actuación judicial con pericia y evaluación de riesgo", dijo que "la mayoría de los femicidios se concretan cuando no hubo intervención policial", pero en las últimas dos semanas tanto este caso como el de Natalia Lagos, la mujer que fue raptada por su novio y murió en un accidente de tránsito durante su captura en Canelones, sí habían sido derivados a la policía y a la justicia.

"No podemos estar conformes con estas situaciones tal como se terminaron resolviendo", lamentó.

La familia de Cancela denunció en reiteradas oportunidades al exnovio de la víctima, y desde la Jefatura de Policía de Maldonado reportaron que existieron denuncias cruzadas que llegaron a la justicia. En al menos dos casos se intimó a los padres a cumplir con los deberes inherentes de la patria potestad.

¿Cómo estudia un caso de violencia la Justicia?

Para determinar el grado de riesgo ante una denuncia de violencia de género, Cavalli indicó que el objetivo es "minimizar el riesgo de fallar con los casos más graves" y detectar casos en los que "amerite" imponer medidas cautelares.

Para ello, la justicia ordena diversas pericias. Un psicólogo y un trabajador social entrevistan a ambas partes, y estudian si hubo "hechos de violencia física o psicológica" en el pasado y de forma sostenida, y si el denunciado "tiene armas" o abusa de drogas, entre otros avatares.

Con el estudio los investigadores llegan a un "puntaje" que determina si existe una "situación de alto riesgo" que requiera medidas cautelares.

Cavalli aclaró que algunos jueces determinan medidas de este tipo ante casos de riesgo "medio" al ver que otras medidas "determinan un riesgo" mayor.

Los datos sobre femicidios

En la cuarta parte de los femicidios consumados entre 2012 y 2018, la víctima había denunciado previamente a su agresor. Y en el 9% incluso regía entre la víctima y victimario medidas de protección al momento del asesinato.

Así lo reconoce el estudio “Femicidios en Uruguay: análisis para la homogeneización de criterios y su categorización” que había publicado el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior hace un lustro.

En aquel análisis se daba cuenta que solo el 2% de los femicidas eran menores de 18 años (tenían 17 años), aunque las víctimas iban en un rango de meses de vida hasta los 86 años (siendo el promedio 36).

El ministro indicó que gracias a una ley de 2011 ratificada por la Ley de Urgente Consideración (LUC) se incrementó el máximo de condena por un homicidio agravado de un adolescente de 5 a 10 años. 

Además, cuando se condena a un menor por un delito grave el Juzgado de Adolescentes competente debe "dar noticia a la Justicia penal de adultos" para "eventualmente juzgar la responsabilidad de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad", agregó.