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MPP propone un impuesto para cargos políticos y no devolver el excedente del Fonasa

El sector presentó un paquete de 16 propuestas en defensa de la política y la democracia

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16 de marzo de 2019 a las 16:29

El Movimiento de Participación Popular (MPP) lanzó un paquete de 16 medidas para "enaltecer la tarea política, en la reconstrucción de la frontera ética para blindar de legitimidad el sistema político y ayudar al próximo gobierno", informó El País, La República y La Diaria.

Entre las propuestas se plantea establecer una ley general de sueldos del Estado (donde el presidente obtenga el más alto); crear un sistema democrático de ingreso a la administración pública y fijar un impuesto especial del 15% a todos los cargos políticos y de particular confianza, cuya recaudación tenga como destino la construcción de viviendas.

Otra de las medidas busca establecer por ley que cada ministro no pueda tener más de cinco adscriptos y un secretario. Además, proponen modificar el sistema de los pases en comisión y reducir la cantidad de funcionarios.

Plantean, de igual modo, no devolver el excedente del Fonasa a los cargos políticos y de particular confianza que será destinado para financiar el Fondo Nacional de Recursos y la compra de medicamentos más caros.

También pretenden establecer que los cargos políticos y de particular confianza sean cargos full time, eliminarles el subsidio de un año, obligarlos a presentar declaración y certificación de la DGI y BPS. A su vez plantean que los viáticos que reciban los funcionarios públicos por misiones en el exterior se reduzca un 50% del monto establecido por Naciones Unidas.

Además, proponen instaurar por ley un nuevo régimen jurídico, donde se establecerá el destino de las ganancias de las empresas públicas. Un porcentaje se destinará a Rentas Generales, otro para seguir produciendo y prestando el servicio y otro se retornará a los propietarios, los usuarios.

El MPP busca instaurar legalmente la obligación de informar en cada instancia presupuestal al Parlamento los estados contables de las personas públicas no estatales; los organismos privados que manejan fondos públicos o administren bienes del Estado y las personas jurídicas cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las que participe el Estado.

Por último, proponen reducir los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados que hoy tienen directorios de cinco y tres miembros, con la excepción de la Administración Nacional de Puertos, la Administración Nacional de Telecomunicaciones y la Junta de Transparencia y Ética Pública.

 

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