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MSP clausuró ocho residenciales de ancianos en el último año

De los 900 geriátricos que existen en el país solo 20 cumplen con los requisitos que se le exigen para poder funcionar

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23 de julio de 2018 a las 05:00

Los residenciales de ancianos han sido uno de los grandes problemas que mantuvo en desvelo al Ministerio de Salud Pública (MSP) durante la actual administración. En 2016, siete abuelos perdieron la vida a causa de un incendio en una casa que no tenía la habilitación para funcionar como geriátrico, pero igualmente lo hacía. Al año siguiente, otras nueve personas mayores fueron encontradas encerradas en un galpón en pésimas condiciones en lo que era, también, un residencial clandestino.

A partir de entonces, el gobierno se propuso fortalecer los controles y aumentar las exigencias que habilitan el funcionamiento de casas para cuidar al adulto mayor. El MSP inició en julio del año pasado un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para crear un registro público donde quede documentado el estándar de calidad de cada uno de esos locales. Un año después de la iniciativa, el gobierno ha otorgado 20 permisos de funcionamiento y clausuró ocho residenciales encubiertos, entre Montevideo e interior.

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"El universo total de residenciales en Uruguay es de 900 casas. La gran mayoría de ellas no califica para poder funcionar", aseguró a El Observador Raquel Rosa, directora general de Salud del MSP. Según adelantó, 732 residenciales no alcanzan ni siquiera los mínimos básicos para poder abrir sus puertas al público, mientras que 140 incumplen con una parte de las exigencias, aunque no les impide funcionar. "Estos últimos tienen la mayoría de las condiciones al día y un proceso avanzado de habilitación. Arrastran alguna falta pero igualmente califican para un servicio de funcionamiento", detalló Rosa.

Sin permiso para abrir

"En este tiempo hemos realizado clausuras porque detectamos situaciones graves", sostuvo la jerarca en relación a los ocho residenciales a los que el ministerio les bajó la persiana. La mitad son de Montevideo mientras que, los otros cuatro se reparten en el interior del país: dos en San José, uno en Florida y otro en Río Branco. La gran mayoría de ellos tenía preocupantes problemas a nivel edilicios, poca calidad de higiene y deficiente asistencia técnica profesional.

A partir de los reclamos que recibe el ministerio, las autoridades se trasladan hasta el domicilio denunciado y allí realizan una inspección sorpresa. Rosa confesó que el gobierno no tiene cómo ubicar los residenciales clandestinos si los familiares no revelan la información. En este sentido, incitó a que toda la población comparta con las autoridades los datos vinculados al funcionamiento encubierto de residenciales de ancianos.

Requisitos para la licencia

Los residenciales que califiquen para tener la licencia de funcionamiento deben ofrecer excelentes condiciones de higiene y accesibilidad, como contar con pasamanos, puertas anchas para silla de ruedas, ascensor si tiene más de un piso. Los dormitorios deben tener cinco metros cuadrados por residente y pisos lavables. Se prohíben catres, camas marineras, o cuchetas.

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En cuanto a la asistencia profesional, el local deberá disponer de un geriatra o médico con capacitación en adultos mayores. Mientras dure el día un asistente tendrá que custodiar, como máximo, a diez personas autoválidas, al tiempo que, otro técnico, controlará a cinco ancianos con dependencia. Durante la noche tendrá que haber uno por cada 20 autoválidos y otro cada diez con dependencia.

Artículo en discordia

"Lo vamos a descartar", dijo a El Observador el diputado del MPP y coordinador de la bancada, Alejandro Sánchez, en relación al artículo 188 del proyecto de Rendición de Cuentas que actualmente se encuentra en discusión parlamentaria. La normal, redactada por el MSP, limitaría la posibilidad de realizar recursos de amparo para acceder a medicamentos de alto costo.

Juan Ceretta, abogado director del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República y principal representante de los pacientes que le realizan juicio al Estado por este tema, declaró a El Observador que el artículo es "una vergüenza", además de ser inconstitucional, porque "genera una espacio de irresponsabilidad del Estado, porque prohíbe el acceso a la Justicia".

"El gobierno insiste en limitar acciones judiciales promovidas por usuarios que necesitan medicamentos de alto costo. El art. 188 que pretende blindar al MSP quitándole responsabilidad, es inconstitucional. Solicitaremos su exclusión", manifestó el diputado nacionalista Martín Lema en su cuenta de Twitter.

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La bancada de Diputados debatió el asunto este martes y no hubo ni un legislador que manifestara su apoyo al cuestionado artículo, según relataron participantes del encuentro. De todas formas, aseguraron que el proyecto puede volver por otra vía –como ser tratado en la comisión de Salud–.

Raquel Rosa prefirió no pronunciarse al respecto por considerar que el artículo no es competencia de su división dentro del ministerio. "No es un tema que me corresponda llevar a mí adelante. Lo que sí te puedo comentar sobre en este sentido es que, desde esta área, estamos estudiando nuevas incorporaciones al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) y al Plan integral de prestaciones en salud (PIAS)", apuntó la jerarca.

Según adelantó, el ministerio reunió con académicos para conocer qué procedimientos y fármacos se podrían incorporar lo que cubre el Fondo Nacional de Recursos (FNR). "La idea es saber qué es lo que estaría faltando de acuerdo a los académicos y, a través de herramientas de eficiencia y seguridad del medicamento, considerar si se incorpora", puntualizó Rosa.

La intención es añadir nuevas prestaciones, en su mayoría oncológicas, antes de que acabe la actual administración.

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