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Muchachas de Abril: Tribunal de Apelaciones confirmó procesamiento del militar Rebollo
El Tribunal de Apelaciones de 2° Turno confirmó el procesamiento del militar retirado Juan Rebollo por el asesinato de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik en abril de 1974, caso conocido como "Las Muchachas de Abril".
Según informó La Diaria y confirmó El Observador, el tribunal confirmó el fallo que en 2021 había dictado la jueza Isaura Tórtora, en el que Rebollo fue procesado con prisión junto a José Gavazzo y Eduardo Klastornick, ambos fallecidos.
El fiscal especializado en crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a El Observador que esta ratificación del Tribunal "confirma la posición de Fiscalía". "Es un claro homicidio, no podía estar amparado como legítima defensa (como pedían los abogados defensores de Rebollo)", dijo Perciballe.
El caso
Laura Raggio, Silvia Reyes -ambas de 19 años- y Diana Maidanik, de 22, fueron acribilladas por las Fuerzas Conjuntas del gobierno de facto en 1974 y pasaron a ser conocidas como las "pibas o muchachas de abril"
En el interior había tres mujeres: la dueña de casa, Silvia Reyes, de 19 años, y dos amigas, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología —Maidanik además, maestra jardinera—, quienes se habrían quedado a estudiar y dormir.
Las tres eran compañeras de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla urbana de izquierda surgida en los años '60, en la que —según sus familiares— se dedicaban a tareas como repartir volantes y "no habían agarrado un arma".
En 2021 fueron procesados tres militares retirados acusados del crimen: Juan Rebollo, José Gavazzo y Eduardo Klastornick. Los tres han declarado que abrieron fuego solo después de haber sido atacados desde el interior de la vivienda.
Rebollo, quien estaba al mando del operativo, declaró haber sufrido una herida de bala en un brazo. Pero el fiscal Perciballe, considera que esta versión no concuerda con lo informado por los peritos, ni por testimonios de vecinos.
Acto suspendido
Los familiares de las víctimas resolvieron pedir que se ponga en suspenso el acto público de reparación por este crimen que se iba a realizar esta semana. El motivo está vinculado a que el presidente Luis Lacalle Pou no iba a asistir y en su lugar estaría representado por la vicepresidenta Beatriz Argimón, algo con lo que los familiares de las víctimas no estaban de acuerdo.
Los familiares expresaron en una carta dirigida a la CIDH su molestia por esa decisión, confirmó a El Observador Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), organización que representa a los familiares.
Según entienden los familiares, es Lacalle Pou quien debería concurrir al acto público en su rol de comandante de las Fuerzas Armadas.
"La presencia del presidente en el acto resulta un aspecto central para convertir la instancia en un verdadero acto de reparación a las víctimas así como para enviar un mensaje a la sociedad, y en especial, a las Fuerzas Armadas, que son quienes tienen en su mayoría la información necesaria para dar con el paradero de los restos de las personas desaparecidas", dice una carta enviada a la CIDH.
