Muchas denuncias de violencia de género "se resuelven por teléfono sin darle la importancia que merecen", admite ministro de la Corte

Sin embargo, seis meses después de aquellas declaraciones, la Suprema Corte de Justicia volvió a reunirse este miércoles con senadores de la Comisión de Presupuesto no solo para transmitir la imposibilidad de cumplir con lo que establece esta normativa sin los $ 750 millones que el Poder Judicial solicitó para ese fin, sino que además señalaron que los juzgados especializados en violencia doméstica ya están dando “un mal servicio” porque no dan abasto para cubrir la creciente demanda. El ministro de la suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo a El Observador que desde la creación de los juzgados de Familia Especializada en Violencia Doméstica, en 2003, se presentaban unas 10 mil denuncias, y que actualmente llegan unas 40 mil.

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Sin embargo, el número de sedes no creció en la misma proporción, ya que se pasó de seis a las ocho que hay actualmente. Chediak dijo que el Poder Judicial estima que serían necesarios unos 26 Juzgados de Familia Especializados en Violencia Doméstica en todo el país, pero si no se asigna más presupuesto, en el escenario “más optimista” se podrá llevar el número de sedes a 14.

“El legislador ha tenido éxito en la visibilización de esta problemática, lo que implica un aumento en la denuncia, pero el sistema no está pudiendo dar el servicio que nos gustaría” dijo Chediak. Además, según las proyecciones del Poder Judicial, la nueva ley trae aparejado un aumento de 35% en el número de denuncias, gracias a la introducción de nuevas figuras delictivas, como abuso sexual sin contacto corporal o el grooming (adultos que a través de medios tecnológicos se hacen pasar por menores con fines sexuales).

Chediak explicó que a raíz del desborde de trabajo que ya tienen los juzgados de Familia Especializada, “muchas situaciones” se definen por teléfono “sin los pasos que las denuncias requieren”, lo que hace posible que “haya casos a los que no se les ha dado la importancia que merecen”. “Evaluamos negativamente el desempeño del servicio y queremos corregirlos cuanto antes, pero nuestras limitaciones son presupuestales”, lamentó el ministro de la Suprema Corte.

Esta situación ya había sido denunciada por el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, quien en entrevista con El Observador el pasado 15 de julio, dijo que los jueces de violencia doméstica reciben entre 70 y 80 llamadas por día, y después llevan a sus juzgados entre 10 y 15.  Las restantes quedan sin respuesta.  

“Imaginate una mujer de la campaña que va a una comisaría del pueblo para denunciar una situación de violencia doméstica. Los policías llaman al tipo, que niega todo. Con esa breve indagatoria policial se llama al juez y este responderá en función de cómo le cuentan el cuento. Capaz que el Policía le dice que el muchacho es bárbaro y que la mujer es rara. Hubo un caso que el juez entendió que la situación no era grave y a través de la policía intimó a la pareja a no agredirse más. Horas más tarde el hombre fue y mató a la mujer”, contó Cavalli.

Lo descartado

Una de las mayores novedades que trajo la ley fue la creación de los juzgados de Violencia de Género, los cuales podrían, además de disponer medidas de protección para las víctimas como ya lo hacen los juzgados de Familia Especializada, definir pensiones alimenticias, tenencias de menores, régimen de visitas y también perseguir delitos derivados de la violencia basada en género, doméstica o sexual. Para hacer esto posible es que el Poder Judicial pidió crear 33 cargos de jueces, 66 de defensores públicos, 65 actuarios, 34 psicólogos, 12 médicos psiquiatras y 34 médicos forenses.

Sin embargo, este requerimiento, que implicaba un aumento presupuestal de $ 750 millones, no fue contemplado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Rendición de Cuentas, al tiempo de que existe poco margen para que se pueda fijar una reasignación de recursos en la Cámara de Senadores –que actualmente trata la rendición- lo suficientemente grande para cumplir con lo solicitado.

Por eso Chediak dijo que el Poder Judicial trabajará para aumentar la cantidad de juzgados de Familia Especializada en Violencia Doméstica, en lugar de crear las sedes previstas por la nueva ley, y que eran valoradas por legisladores y la sociedad civil por permitir reunir la acción de la Justicia que actualmente está dividida en tres juzgados: los de familia especializados, los penales y los civiles. En este sentido, se creará en los próximos días un juzgado para atender esas denuncias en Ciudad de la Costa.

Este miércoles, el senador del Partido Nacional Álvaro Delgado informó que solicitará la redistribución de recursos en la rendición para destinarlos a la aplicación de esta ley, escribió en Twitter.

Sin respuesta en el interior

El 71% de los $ 930 millones solicitados por el Poder Judicial tienen como objetivo la creación de sedes en el interior del país, donde según Chediak hay menos posibilidades de crear una respuesta judicial a los casos de violencia doméstica. “No tenemos ninguna posibilidad de transformar ningún cargo en el interior del país, porque allí es donde tenemos las limitaciones de infraestructura y funcionales más grandes”.

Sin embargo, es justamente en el interior del país donde, en lo que va de 2018, se produjeron la mayoría de los femicidios del país según datos del Ministerio del Interior. De esta forma, si en Montevideo cuatro mujeres murieron víctima de sus parejas o ex parejas, en el resto del país fueron 12. Asimismo, las seis mujeres que murieron víctimas de otros familiares se repartieron equitativamente entre la capital y el interior.