30 de diciembre de 2013 19:40 hs

La familia de Carrasco que durante un año y medio tuvo a la peruana Estela Huaman trabajando como empleada doméstica en negro, y que luego de un accidente laboral la envió a su país sin asistencia médica, deberá pagar a ella US$ 20 mil en cuatro cuotas mensuales. Esa es la cifra que ayer, luego de tres audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo, acordaron los abogados de los involucrados.

A su vez, la investigación de la Inspección General del Trabajo constató que existió un vínculo laboral con Huaman, algo que la parte empleadora inicialmente había negado aduciendo que era una “invitada” de la casa.

Como intimaron a la familia a presentar la documentación laboral pertinente, y no la tenían, se les aplicará una multa. Juan Andrés Roballo, inspector general, dijo a El Observador que si bien está claro que había infracción por “una serie de irregularidades” en el cumplimiento de la normativa laboral, todavía no se sabe el monto de la multa porque el acuerdo de ayer quizás subsane parte de la deuda.

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Los empleadores también reconocieron la relación laboral en el Banco de Previsión Social, de modo que deberán pagar allí los aportes jubilatorios que no realizaron mientras Huaman trabajaba en su casa.

Posible trata laboral

La Inspección General sigue investigando este y otros casos por posible trata de personas con fines de explotación laboral. Roballo afirmó que en los últimos días se constató “trabajo extranjero irregular” en otras residencias. Si se detecta la existencia de una organización dedicada a traer empleadas domésticas a Uruguay para trabajar en negro, se hará la denuncia en el juzgado de Crimen Organizado. Por ahora siguen siendo casos aislados.

En tanto, el departamento de Delitos Complejos del Ministerio del Interior está investigando si hay elementos de trata laboral en la llegada de Huaman a Uruguay. Según supo El Observador, la peruana declaró durante cuatro horas el jueves pasado y seguramente se la vuelva a citar.

El contacto de Huaman con su expatrona fue por medio de otra peruana que había trabajado en la misma residencia y que había renunciado para reencontrarse con su familia. Según relató Huaman a El Observador, el contacto inicial de su coterránea fue a través de una persona en Buenos Aires. En el Ministerio de Desarrollo Social creen que en la capital argentina funciona una agencia que recluta bolivianas y peruanas para trabajar como domésticas en el Río de la Plata, pero advierten que es muy díficil comprobarlo.

La negociación

En la primera audiencia de conciliación, celebrada el 23 de diciembre, la familia empleadora de Huaman negó el vínculo laboral y ofreció US$ 5 mil para sacarse el problema de arriba. La liquidación de rubros salariales adeudados realizada por el consultorio jurídico que asesora empleadas domésticas había concluido que a Huaman le correspondían US$ 80 mil.

La defensa de la peruana pidió una prórroga para reunir pruebas y demostrar la relación. El 26 de diciembre, en la segunda audiciencia (y luego de que El Observador publicara el caso), se manejó la posibilidad de acordar por US$ 40 mil. Se resolvió una nueva prórroga porque los empleadores querían asesorarse con un especialista en derecho laboral.

Ayer, en la tercera audiencia, el primer ofrecimiento de los expatrones de Huaman fue de Us$ 6 mil. El abogado de la mujer, Juan Ceretta, consideró que la cifra era "inadmisible". Finalmente, con la mediación del Ministerio de Trabajo, se acordó una suma de US$ 20 mil. Huaman y su abogado se quedaron satisfechos. “No es habitual que en el Ministerio de Trabajo se pague más de US$ 10 mil”, aseguró Ceretta.

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