Buscan un proyecto de consenso para sustituir el ya votado en el Senado
Desde el jueves el Frente Amplio (FA) está en una especie de asamblea permanente en la que representantes de todos los sectores del oficialismo intercambian opiniones y fijan posición respecto al pedido que hizo el presidente José Mujica a sus legisladores de no aprobar el proyecto de ley que elimina la ley de Caducidad, pese a que ya lo votaron en el Senado.
Alineados con Mujica y con el vicepresidente Danilo Astori, diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) y de Asamblea Uruguay (AU) mantienen una seguidilla prácticamente interminable de reuniones y contactos con los otros sectores del FA para intentar convencerlos de dos cosas. La primera es que la situación cambió en torno al tema de la Caducidad y que por ello es necesaria una nueva discusión, que se dará en un nuevo Plenario del FA, el próximo fin de semana. Para rever la decisión de anular la ley, ese organismo debe votar por la misma mayoría más 10%, lo que significa unanimidad. El Partido Comunista y el Nuevo Espacio están firmes en mantener esta decisión y ello trae el riesgo de bloqueo, lo cual obliga a una transacción (ver Plenario del FA).
Si bien algunos sostienen que el pedido de Mujica no cambió nada y ratificaron que quieren votar el jueves 19 el proyecto como estaba previsto, es un hecho que la Mesa Política del FA, el lunes 9, convocará al Plenario para evaluar la nueva situación.
Mujiquistas y astoristas pretenden además convencer al resto de la coalición de izquierda de que el proyecto de anulación es inconveniente jurídica y políticamente, por lo que se impone una nueva solución.
En ese sentido, legisladores de ambos sectores analizan una alternativa para poder juzgar a militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1975-1985) y que hasta ahora están amparados en la ley de Caducidad.
Legisladores de Asamblea Uruguay dijeron a El Observador que la salida que manejan junto al MPP es básicamente la que presentó en el Parlamento el catedrático en derecho constitucional, de la Universidad Católica, Martín Risso.
El experto advirtió que Mujica puede revocar los decretos que otros presidentes firmaron para incluir en la ley de Caducidad a ciertos militares acusados de violar los derechos humanos.
“Nosotros apostamos a una solución alternativa en la línea de lo que planteó Risso, que nos parece mucho mejor que eliminar o anular la ley de Caducidad”, dijo una fuente del entorno de Astori.
Fue precisamente el vicepresidente quien acordó con Mujica, el viernes 29 de abril, tramitar con los diputados del FA una postergación de la votación prevista para el 19 de mayo, y así ganar tiempo para discutir esta alternativa. Antes de convenir esto con Mujica, Astori habló por teléfono con el ex presidente Tabaré Vázquez (de viaje en Rusia) para obtener su respaldo. Vázquez apoyó la movida política de último momento y con el peso de los tres líderes de la izquierda el gobierno pidió frenar la votación del proyecto anulatorio y estudiar una solución distinta. Esto es lo que discutirá el Plenario el sábado 14.
Ese Plenario puede resolver muchas cosas: postergar la votación y discutir una solución alternativa, ratificar la votación o directamente enterrar el proyecto que elimina la ley de Caducidad. Todo esto lo revelan los legisladores y dirigentes del FA en reserva, pero públicamente el discurso es otro.
La senadora Lucía Topolansky (MPP), esposa del presidente Mujica, dijo ayer que lo más probable es que el Plenario no cambie la decisión ya adoptada de votar la ley. Pero sugirió que Diputados aprobará modificaciones a la propuesta de anulación.
“Creo que va a tomar la misma resolución”, dijo en Maldonado, donde participó en una actividad de la Intendencia Departamental.
“El Plenario será trascendente para que todos los compañeros sepan exactamente la parada que nos jugamos y la información que hay. No sé lo que va a decir el Plenario, no me preocupa demasiado, y estoy convencida de que va a ser la misma resolución, pero no es lo mismo ser consciente y saber que se puede desatar una catarata de impugnaciones”, dijo consultada por los medios locales.
La senadora aludió de esa forma a los informes de los juristas que advierten de una andanada de recursos de inconstitucionalidad contra la ley que elimina la Caducidad. “No podemos mirar para el costado y decir no va a pasar nada. La idea es que todos los miembros del Plenario estén absolutamente informados, que vean algunos peligros y se valoren, y que nos hagamos cargo al dar el paso”, advirtió.
De todas formas, opinó que “no hay que dramatizar la situación” y que se deben evitar “posiciones extremas”. “No se puede poner esto en blanco y negro”, sentenció. Con relación a las críticas de la oposición respecto a que Mujica está preocupado por los costos políticos y no porque la iniciativa legal que impulsa el FA desconoce el resultado de dos consultas a la ciudadanía (1989 y 2009), la esposa del presidente respondió: “Usted señáleme algún político que no se preocupe por el costo político de sus acciones”.
Las declaraciones de Topolansky operan en línea con la advertencia que hizo Mujica el miércoles a los diputados del FA y el consiguiente pedido de no votar la ley.