En setiembre de 2017, un año después del anuncio de posible obra de la tercera planta de celulosa, el gobierno, la empresa UPM, el PIT-CNT, y las cámaras Metalúrgica y de la Construcción firmaron un acuerdo marco para garantizar “el entorno propicio para la potencial inversión". En ese texto, acordaron la “no adopción de medidas por las partes que afecten la regularidad del trabajo o el normal desarrollo de las actividades en la obra, antes de haber finalizado total y formalmente todas las instancias de conciliación y mediación previstas”.
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