Las consultas públicas para las transferencias de titularidad de radios y televisión dejarán de ser publicadas en medios escritos y solo será necesaria su divulgación de forma electrónica, de acuerdo a un decreto del 30 de noviembre que firmó el presidente, Luis Lacalle Pou, y el Consejo de Ministros, informó la revista Martes.
Antes de que entrara en vigencia el nuevo decreto, las transferencias totales o parciales de los medios de comunicación debían ser publicados con al menos siete días de antelación en un diario de circulación nacional y uno de circulación de la localidad del medio.
El costo de estas publicaciones lo debía asumir la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y para el organismo resultaban "gravosos" los anuncios de las transferencias.
Esta resolución provocó críticas desde el Frente Amplio. El senador y exdirector de la Ursec, Mario Bergara, escribió en su cuenta de Twitter que las "consultas públicas son procesos que contribuyen a la transparencia y a la democratización".
"El costo de publicar es ínfimo y no se puede comprar con el rol democratizador. La Ursec cuenta con recursos más que suficientes. Hay leyes que limitan la titularidad de los medios, por lo que la información es fundamental para el control institucional y social", planteó Bergara.
La presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, dijo a El Observador que el trámite de las consultas públicas va a continuar de la misma forma. "Van a seguir dándose todas las garantías y lo que se va a buscar es la forma de democratizar, modernizar y facilitar la transparencia", agregó.
Las consultas públicas están previstas para los llamados a interesados en prestar servicios de comunicación audiovisual y tienen como objetivo que haya una mayor difusión y más aspirantes.
Otra de las consideraciones del decreto es que como se trata de transferencias totales o parciales de medios de comunicación, no tiene la misma importancia la realización de las publicaciones porque se transfiere un servicio que ya cuenta con autorización y se trata de un negocio particular.
Este es otro de los puntos que criticó Bergara. Para el senador frentista no "puede decirse que son negocios privados cuando involucran frecuencias públicas y licencias otorgadas por el Estado".
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