Resumido en 304 artículos, el gobierno presentó este miércoles el proyecto de Rendición de Cuentas. La iniciativa incluye una novedad para permitir a las personas evitar las molestias de las empresas que ofrecen sus servicios por llamada.
Los usuarios de las telefónicas podrán solicitar ser parte de un listado para ya no recibir promociones, ofertas de contratos o publicidad. ¿De qué manera? A través del nuevo registro nacional No llame. Este recurso, que estará en la órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), según detalla el artículo 152, dará la potestad a los usuarios de las telefónicas que ya no quieran ser consultados por posibles beneficios y tendrá como objetivo "protegerlos", en cualquiera de sus modalidades, "de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados a través de los mismos”.
Los interesados, que sean consumidores o usuarios de un servicio de telecomunicaciones, podrán manifestar su voluntad de no ser contactados y luego denunciar si existe un incumplimiento de la ley. En caso de que una empresa no respete estos casos, la situación será evaluada por la Ursec, "quien podrá aplicar las sanciones que entienda pertinentes”, sostiene el texto.
“Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los servicios de telecomunicaciones, en cualquiera de sus modalidades, no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el Registro Nacional "No Llame". A tales efectos deberán consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro a efectos de no incurrir en las conductas antes referidas”, agrega.
El artículo 152 que comprende esta normativa establece un plazo de 120 días para que el Ejecutivo ponga en marcha la reglamentación de la medida.
A su vez, quienes ya no deseen formar parte del nuevo registro podrán solicitar su baja "en cualquier momento", con "efectos inmediatos".
Otro artículo de la rendición, el 153, crea un Fondo Universal de Telecomunicaciones para universalizar el acceso de servicios de voz e internet a todo el país, que "se financiará con los recursos que se le asignen por lo producido en las subastas de espectro radioeléctrico que realice el Estado, con el límite máximo del 5% (cinco por ciento) de lo obtenido; los recursos y partidas que le sean asignados por normas presupuestales u otras disposiciones legales o reglamentarias; los legados y las donaciones que se efectúan a su favor; todo otro recurso que le sea asignado o que se genere por autorización de otras normas legales o reglamentarias”.
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