El Poder Ejecutivo decidió derogar toda la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en el gobierno de José Mujica y enviará a principios de la semana que viene al Parlamento una nueva ley de medios, compuesta por más de 80 artículos y cuya redacción está terminando de ser revisada por las autoridades, según confirmó El Observador con fuentes del gobierno.
En el acuerdo de este martes en la Torre Ejecutiva, el presidente Luis Lacalle Pou transmitió a la cúpula del Ministerio de Industria su interés de que el proyecto fuera enviado el lunes al Parlamento, y ahora los técnicos trabajan a contrarreloj para cumplir con el pedido del mandatario.
Uno de los cambios previstos por las autoridades refiere a la cantidad de frecuencias de radios y canales de televisión abierta que puede tener una persona, ya sea física o jurídica.
El borrador del proyecto, al que accedió El Observador, aumenta de tres a doce la cantidad de autorizaciones permitidas.
Camilo dos Santos
“Una persona no puede ser titular total o parcial de más de seis licencias para prestar servicios en cada una de las bandas de AM y FM, y de seis licencias en televisión abierta”, agrega el artículo 16 del texto. La normativa vigente no permite que una persona tenga la titularidad de más de dos servicios en la misma banda de frecuencias (AM, FM y televisión) en todo el territorio nacional.
El proyecto no contempla regulaciones acerca de internet, aunque el gobierno señala en la exposición de motivos que la “revolución digital” plantea el reto de adaptarse.
Las autoridades del Poder Ejecutivo entienden que es necesario darle un poco de “aire” a los medios tradicionales dado que la irrupción de nuevas plataformas cambió las reglas de juego del sistema de medios.
De no sufrir modificaciones, ninguna persona podrá tener un canal de televisión para abonados y una licencia para radio o TV abierta, aunque la disposición no afecta a quienes ya sean dueños, porque regirá para los casos que se presenten luego de que entre en vigencia la ley. El texto da un plazo de dos años para adecuarse a las “disposiciones correspondientes”.
En caso de nuevas adjudicaciones, todas deberán realizarse a través de un llamado público y abierto cuyo pliego será elaborado por la Ursec.
En principio, en el gobierno tenían previsto que la regulación de los servicios de comunicación audiovisual fuera parte de la Ley de Urgente Consideración e incluso se lo incluyó en el borrador divulgado en enero, pero luego decidieron “aprovechar” que había ocho artículos de la ley vigente que habían sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia para hacer un nuevo texto, relataron las fuentes.
Diego Battiste
La filosofía del Poder Ejecutivo, dijeron los informantes, está basada en la libre competencia y en no crear nuevas institucionalidades ni que el Estado tenga injerencia en los contenidos como forma de garantizar la libertad de expresión.
"Propiedad cruzada"
El articulado incorpora algunas de las sugerencias que realizaron colectivos como los operadores de televisión por cable, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) y el sindicato de Antel.
El proyecto, en el artículo 48, permite a los dueños de cables a solicitar a la Ursec licencias para dar servicios de banda ancha y acceso a internet mediante redes propias o de recursos que contraten con terceros, lo que se denomina "propiedad cruzada".
Este artículo es rechazado por la anterior administración de la Ursec. El entonces presidente del organismo, Nicolás Cendoya, que ahora integrará el directorio en representación del Frente Amplio, había dicho a El Observador en enero, cuando se divulgó el proyecto, que "la política actual de telecomunicaciones fue muy cuidadosa de no generar monstruos de la telecomunicación que después sean más fuertes que el propio país”.
Cendoya argumentó que la “gente no ve” el “potencial concentrador” que brinda ofrecer servicios audiovisuales y de telecomunicaciones. “Estamos hablando de empresas gigantes a nivel mundial”, dijo en referencia a Claro y Movistar, que ya operan en Uruguay en los servicios de telefonía móvil e internet móvil.
Camilo Dos Santos
La derogación de la ley vigente, pone fin a algunos organismos que habían sido creados, como el Consejo de Comunicación Audiovisual y la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca).
A su vez, los medios dejarán de estar obligados a tener un determinado porcentaje de productos uruguayos, no deberán tener un mínimo de dos horas por semana de estrenos de ficción televisiva ni un mínimo de programación cultural. En el caso de las radios, dejarán de tener que emitir al menos 30% de música de origen nacional del total de su programación musical.
El proyecto también elimina el límite a la cantidad de suscriptores de servicios de televisión para abonados.
Uno de los artículos más polémicos de la actual ley es el referido a la publicidad gratuita que los canales deben otorgar a los partidos políticos en las campañas electorales, el cual también será eliminado. También se deroga la prioridad establecida para los medios de comunicación públicos sobre los particulares a la hora de asignación de canales radioeléctricos, ubicación de estaciones y otras infraestructuras necesarias para prestar el servicio.
Por otra parte, quien tenga los derechos exclusivos de una transmisión de fútbol o básquetbol dejará de estar obligado a cederlos si las selecciones llegan a una instancia definitoria de un torneo internacional o de clasificación para que se emitan por televisión abierta, ya que la nueva normativa no hace referencia a estos casos.
