A pedido de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), el gobierno decidió postergar por 60 días la aplicación del nuevo sistema de licencias por enfermedad para los funcionarios públicos de la administración central. El sindicato tuvo una reunión en la mañana con representantes de Presidencia, el Ministerio de Trabajo y la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) donde planteó sus diferencias con el sistema y por la tarde, en la reunión del Consejo Superior Tripartito de los funcionarios públicos, recibió la comunicación de la decisión.
El gobierno asume que el instructivo con los detalles de la aplicación de estos cambios se entregó tarde y con muy poca antelación respecto a la implementación, que iba a comenzar este jueves en Presidencia e iba a continuar de forma gradual en otros ámbitos. La resolución se tomó en conversación con el presidente Luis Lacalle Pou que incluso se comunicó directamente con el secretario general de COFE, José Lorenzo López, y le anunció que habrían algunos anuncios en la reunión del Consejo Superior Tripartito del sector público.
"COFE tenía el instructivo pero ni siquiera había sido distribuido y ellos hicieron algunos planteos sensatos. Todo lo que colabore a un mejor relacionamiento nosotros estamos abiertos", dijo a El Observador el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
El gobierno, además, se comprometió a instalar los ámbitos de negociación correspondiente para discutir este tema, según informó Subrayado. Sin embargo, Mieres aseguró que en la reunión de este martes insistieron en que el nuevo sistema se va a implementar.
El tema viene siendo discutido desde el proyecto de ley de presupuesto de 2020 y ha tenido sucesivas prórrogas desde entonces. El objetivo es equiparar la situación de los funcionarios públicos, a quien hoy no se les descuenta nada por enfermarse, con la de los privados.
Con el nuevo régimen, los trabajadores de la administración central tendrían nueve días de licencia por enfermedad por año sin descuento salarial. A partir del décimo empezarían a cobrar un 75% de su salario, con algunas excepciones. En el ámbito privado, los trabajadores no cobran los tres primeros días que están certificados y cobran el 70% a partir del cuarto.
Los trabajadores reclaman, además, que el sistema se aplique para todo los funcionarios públicos (empresas públicas incluidas) y no solo a los de la administración central (Presidencia y ministerios). El problema es que el gobierno no puede por ley obligar a empresas públicas o entes autónomos a aplicar este régimen, sino que lo tiene que votar cada directorio.
Ajuste salarial
Otros de los reclamos que el sindicato llevó a la reunión de este martes es su rechazo al ajuste salarial que el gobierno implementó para los funcionarios públicos. Mientras que los trabajadores esperaban que ese ajuste fuera de 6,3%, que era la proyección de inflación inicial (5,8%) para el 2024 más el ajuste por recuperación salarial (0,5%), el gobierno decidió aplicar un ajuste de 5,4%.
El cambio se debe a que el gobierno corrigió la proyección de la inflación para 2024 y la ubicó en 4,9%.
El convenio colectivo firmado en 2022 dice que el ajuste se aplicará en base a la inflación esperada para el 2024 pero sin fijar un número. De esta forma, el Poder Ejecutivo se mantiene firme en su decisión aunque reconoce, dijo Mieres a El Observador, que deberían haber convocado al Consejo Superior Tripartito antes de publicar el decreto con el cambio.
