Desde el momento en el que el proyecto de ley de presupuesto ingresó al Parlamento, en agosto de 2020, uno de los temas más discutidos en la interna del oficialismo fue los cambios a las licencias médicas por enfermedad de los funcionarios públicos. A impulso del entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, el gobierno se propuso modificar y equiparar lo máximo posible el régimen de los públicos con el de los privados.
Tres años y medio después, y tras varias idas y vueltas, negociaciones y amenazas de conflicto, este jueves 1° de febrero comenzará a aplicarse de forma parcial el nuevo sistema creado por este gobierno y que el sindicato de funcionarios públicos rechaza.
En junio de 2021 la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), en ese entonces dirigida por Conrado Ramos, relevó por primera vez información detallada sobre las certificaciones de todos los trabajadores del Estado y automatizó el registro de esa información que cada año se envía al Parlamento junto a la Rendición de Cuentas.
El gobierno no fue el único que se metió en profundidad con el tema. La investigadora Gimena Machado confirmó, en su tesis de maestría en Economía de la Universidad de la República, que las funcionarias públicas mujeres, los trabajadores de la Administración Central más jóvenes (menores de 34 años), y los que tienen cargos de jefatura (no de confianza política) tienen más chances de certificarse por enfermedad. Una característica que también aumenta en torno a las vacaciones de primavera o invierno de los hijos, o en aquellos días que quedan “pegados” entre un feriado y un fin de semana.
Un régimen que la propia Machado calificó como “altamente generoso” en comparación con el sector privado y que, tal como informó El País, comienza a cambiar a partir de este jueves en algunos organismos y se extenderá a buena parte del Estado de forma gradual.
Diferencias con los privados
Si hoy un funcionario público se enferma y solicita licencia con un certificado médico, su salario no se ve afectado de ninguna forma. Sigue cobrando lo mismo como si estuviera yendo a trabajar. Si lo hace un privado, los tres primeros días no se le pagará y a partir del cuarto recibirán un subsidio por el 70% de su salario. Esto puede variar por acuerdos sectoriales o beneficios de algunas empresas pero es la regla general que se aplica si no hay otros acuerdos más beneficiosos para el trabajador.
A partir de este jueves los trabajadores de Presidencia tendrán un nuevo régimen, que sigue siendo más beneficioso que el de los privados pero con algunas restricciones respecto a lo que tienen actualmente. Tendrán nueve días de licencias por enfermedad paga al año y a partir del décimo día cobran el 75% del salario.
A partir del 1° de abril empezará a aplicarse en los ministerios de menos de 1.000 funcionarios, en junio a varios servicios descentralizados y organismos de contralor y el 1° de julio será el último paso con los ministerios más grandes, según el cronograma establecido por la ONSC al que accedió El Observador.
Este régimen tendrá algunas excepciones, como un listado de enfermedades que permitirá seguir cobrando el 100% del salario así como en casos de internación que el subsidio por enfermedad se podrá extender durante siete días más.
¿Qué pasa con los docentes?
Si bien la ANEP es uno de los organismos que más sufre por las ausencias por enfermedad, al ser un ente autónomo y la licencia un tema estatutario, por ahora no hay un cronograma para su aplicación.
La ley aprobada por el Parlamento exhorta a todos los entes autónomos a asumir el mismo régimen de licencias por enfermedad. Sin embargo, para aplicar un cambio de este tipo es necesario que el directorio del propio organismo lo vote, algo que hasta ahora no ha sucedido.
El rechazo de COFE
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) viene cuestionado esta modificación desde que comenzó la discusión. A fines de julio presentó en Presidencia un recurso administrativo con el objetivo de que no se aplique el nuevo decreto del gobierno sobre licencias médicas.
Diego Battiste
COFE
El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que recogieron 14 mil firmas de trabajadores del Estado que se oponen al decreto y que fueron presentadas este lunes junto al recurso.
El sindicato entiende que este tipo de modificaciones tienen que salir de la negociación colectiva algo que no sucedió en este caso. El presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) y de COFE, Martín Pereira, el objetivo del Gobierno con este decreto “es hacer caja con la salud de los trabajadores”.
El recurso administrativo no tuvo respuesta de Presidencia por lo que “probablemente” el sindicato vaya al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), dijo a El Observador el secretario general de COFE, José Lorenzo López.
Además, si se avanza con el proyecto, COFE tiene pensado denunciarlo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este martes habrá una reunión entre el sindicato y el Poder Ejecutivo para tratar, entre otros temas, el sistema de certificaciones médicas.
