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Nuevo contrato social
La impronta reformista de Luis Lacalle Pou, a poco más de un mes de asumir la Presidencia, está instalando un clima estimulante para encauzar diversas reformas pendientes. Es una actitud que sacude la modorra de un sistema político que mayoritariamente hasta ahora se ha sentido más cómodo en la administración del statu quo. Algo que muchas veces contribuye a la acumulación de problemas que, el solo transcurrir del tiempo, los convierten en obstáculos difíciles de superar.
Inacciones gubernamentales de décadas -excepto la reforma de la AFAPs de 1995 que salvó de una catástrofe fiscal- en torno al financiamiento sostenible de la seguridad social es un dramático ejemplo de ello.
En ese sentido, la decena de artículos sobre la seguridad social, incluidas en el anteproyecto de ley de declaración de urgente consideración, es el inicio de un plan de ataque sobre uno de los grandes males del país y, además, representa una gran oportunidad para empezar a analizar un nuevo contrato social.
La Comisión de Expertos en Seguridad Social, que se propone en el borrador de la “ley de urgencia”, tendrá como uno de sus cometidos proponer reformas a los regímenes provisionales tendentes a su adecuado financiamiento y sustentabilidad en el mediano y largo plazo.
El grupo de especialistas deberá analizar aspectos clave como los efectos en el sistema previsional de la dinámica demográfica, los procesos de automatización en el mercado de trabajo y los sesgos generacionales.
Un debate sincero en torno a la temática previsional debería de aceptar que el BPS fue pensado y mejor diseñado para una época de dominio de regímenes de trabajo tradicional y del sueño del empleo de por vida.
Pero ha habido cambios dramáticos en el mercado de trabajo en relación con los empleos con contratos de trabajo estables. El progreso tecnológico, la globalización y los cambios demográficos, requieren de modelos previsionales flexibles.
A los empleos con contratos de trabajo estándar se han sumado aquellos que surgen por el avance tecnológico, ausentes del marco normativo. La falta de leyes que reflejen la nueva realidad laboral no solo perjudica el financiamiento del conjunto del sistema, sino que, además, afecta la inclusión social.
El economista polaco Michael Rutkowski, director principal de Protección Social y Empleos del Banco Mundial, viene advirtiendo desde hace tiempo sobre el enorme desafío que enfrentan los regímenes previsionales que fueron diseñados para amparar a trabajadores con contratos de empleo estándar.
Es por eso que los cambios en el sistema previsional, además del financiamiento sostenible, debería incluir la nueva realidad del mercado laboral.
También nos parece que se presenta una excelente oportunidad para que el nuevo contrato social refleje una solidaridad intergeneracional redistributiva más equitativa. Es muy injusto que la protección social tenga un enorme sesgo a favor del adulto mayor en detrimento de los grupos etarios que pertenecen a la primera infancia o tramos de un poco más edad.
Estamos en un escenario propicio para avanzar en un gran acuerdo en torno a un nuevo contrato social, adecuado a una realidad económica incontrastable y que trasciende a nuestro propio país. Se trata de proyectar un pacto para el éxito, como sugirió Christine Lagarde, exdirectora gerente del FMI.
