17 de septiembre 2013 - 21:46hs

La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó a la Suprema Corte de Justicia crear “una unidad de auditoría interna” para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial. Por su parte, el Estado uruguayo informó a la OEA “que le es difícil adoptar políticas preventivas que le permitan detectar más rápidamente la conducta corrupta, en parte por limitaciones presupuestarias que dificultan la labor de la Judicatura”, consigna un informe de la OEA.

El organismo internacional divulgó ayer en su portal el informe final de la Cuarta Ronda de evaluación, aprobado el viernes en Washington, sobre “la implementación de la convención interamericana contra la corrupción” en Uruguay. Miembros de la OEA analizaron cuatro “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”: la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep); el Ministerio Público y Fiscal, el Tribunal de Cuentas y la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Tras el análisis, la OEA recomendó crear unidades de auditoría internas para prevenir la corrupción tanto en el Ministerio Público y Fiscal como en la SCJ.

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En el caso de la corporación, el informe recuerda que, en los últimos cinco años, se han realizado ocho procedimientos disciplinarios contra jueces. Dos casos fueron cerrados y cuatro terminaron con destituciones. Uno de los magistrados destituidos fue la exministra del Tribunal de Apelaciones Anabella Damasco (foto), procesada con prisión en 2011 por peculado (o corrupción).

El informe advierte que “al examinar la información proporcionada (por la SCJ) es difícil determinar las razones por las cuales se cerraron los expedientes en las investigaciones administrativas y en los procedimientos disciplinarios, por ejemplo, si no se comprobó ninguna irregularidad, por falta de pruebas, o por la aplicación de la prescripción extintiva”. Por ello, recomienda informar con mayor transparencia sobre estos casos en el portal web del Poder Judicial.

Otra de las recomendaciones de la OEA es “asegurar que la SCJ cuente con adecuados recursos financieros y humanos para la detección de conductas corruptas en el Poder Judicial y realizar eficaces investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios dentro de los límites de los recursos disponibles”.

El organismo internacional también recomienda “realizar un análisis del aumento de la duración de los procedimientos penales para examinar la cuestión de si la labor de esos importantes juzgados puede realizarse más eficientemente”.

Más control a los fiscales
“Dado que el Ministerio Público y Fiscal debe sentar un ejemplo para otras entidades públicas en cuanto a su conducta y sus operaciones, el Comité considera que el establecimiento de las referidas unidades de control interno debe llevarse a cabo a la brevedad posible”, expresa el informe. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, presentó un proyecto a Presidencia, que fue elevado al Parlamento, para crear el cargo de fiscal inspector, un magistrado que controlará la tarea de los demás fiscales.

Díaz también presentó un proyecto para que el Ministerio Público y Fiscal logre autonomía e independencia administrativa, puesto que hoy permanece en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Su proyecto va en consonancia con otra de las recomendaciones de la OEA, que propone “establecer medidas o mecanismos que garanticen la independencia administrativa del Ministerio Público y Fiscal”.

La OEA también recomienda otorgar mayor presupuesto al Ministerio Público “para el cabal desempeño de sus funciones, especialmente en lo referente a la investigación de actos de corrupción”.

Declaración jurada sin analizar
La recomendación de mayor presupuesto también está presente para el Tribunal de Cuentas y la Jutep. “La Junta no recibe suficientes recursos presupuestarios para cumplir todas sus tareas”, sostiene el informe.

En 2012, la Jutep recibió 12.547 declaraciones juradas de funcionarios públicos. Sin embargo, el organismo “no ha venido realizando por iniciativa propia investigaciones sobre dichas declaraciones en parte porque el marco jurídico vigente no es claro a ese respecto”, advierte el informe. Por ello, la OEA recomienda “establecer procedimientos para abrir y verificar el contenido de una declaración patrimonial por parte de la Jutep”.

Tribunal de Cuentas sin poder
“Una de las fallas importantes que han afectado al Tribunal de Cuentas consiste, precisamente, en que sus observaciones no son acompañadas por la imposición de la respectiva sanción al organismo gubernamental o al funcionario público cuyo acto u omisión haya configurado un comportamiento irregular, que pueda causar perjuicios al tesoro público y que deba considerarse delictuoso”, advierte el informe.

La OEA agrega que durante la visita a Uruguay los representantes del Tribunal de Cuentas expresaron que “el proceso de objeciones y urgente consideración es poco eficaz, pues no están respaldados por sanciones o mecanismos de persuasión”.

En este sentido, el organismo internacional recomienda “considerar la posibilidad de establecer mecanismos que puedan ser aplicados por Uruguay en caso de incumplimiento de la legislación establecida referidos a los gastos y pagos de los organismos públicos”.

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