Este martes el Senado iniciará un periplo de tres jornadas sucesivas en las que, con los votos del oficialismo, dejará sancionada la reforma jubilatoria promovida por el Poder Ejecutivo. La discusión será interrumpida poco antes de las tres de la tarde. Los senadores de la coalición de gobierno votarán un cuarto intermedio para que a esa hora pueda sesionar la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara alta. El objetivo es aprobar otro proyecto de ley que motivó la más reciente polémica política en la recta final del año y cuyo expeditivo trámite generó suspicacias en la oposición.
Se trata del proyecto que reconoce el derecho de las víctimas de los grupos guerrilleros armados que operaron en la década de los 60 y 70 a recibir una reparación "moral, social y económica". El texto fue firmado por el Poder Ejecutivo el martes 20, ingresó al Parlamento el jueves 22 y entre este martes y miércoles será ratificado en el Senado. Llega luego de que, el 9 de este mes y a impulsos de Cabildo Abierto, los senadores de la coalición enviaran una "minuta de aspiración" al gobierno pidiéndole una iniciativa en este sentido.
En diálogo con El Observador el senador cabildante Guillermo Domenech justificó la rapidez del proceso. Según recordó, no se trata de un proyecto nuevo, sino que recoge lo esencial de la propuesta que su partido había presentado en diciembre de 2020 y que nunca fue considerada. Lo mismo señaló su correligionario Raúl Lozano.
Los escasos días de plazo motivaron las sospechas en filas del Frente Amplio, que no votará el proyecto. El diputado Gustavo Olmos calificó de "obsceno" el apuro un texto tan importante sin discusión y aventuró que que todo responde a un "peaje" que Cabildo Abierto le está cobrando al resto de la coalición de gobierno a cambio de su voto a la reforma jubilatoria. Consultado por El Observador, Olmos sostuvo que los "indicios" en ese sentido son claros.
En la misma línea se expresó el senador Eduardo Brenta, que dijo este lunes esperar que el proyecto relativo a las víctimas de la guerrilla no sea una "suerte de canje" por la reforma.
Los argumentos de la oposición fueron rechazados por varios senadores nacionalistas. Jorge Gandini, por ejemplo, señaló que la voluntad del oficialismo responde a cumplir un "viejo compromiso" de avanzar en un tema que hace dos años está en el Parlamento y así evitar que "pase un tercero" sin definirse.
Consultado por El Observador, Gandini descartó que el tema haya sido utilizado por Cabildo como moneda de cambio para votar la reforma. Señaló sí que los cabildantes reclamaron al resto de la coalición la creación de estas pensiones reparatorias, poniendo sobre la mesa las múltiples propuestas que los liderados por Guido Manini Ríos han presentado en esta legislatura y que no han prosperado.
Gandini sostuvo además que el proyecto viene con la iniciativa del Poder Ejecutivo y cuenta con el respaldo de toda la coalición, bajo la premisa de que "hubo otras víctimas", que no fueron las del terrorismo de Estado y que nunca fueron reparadas. Como ejemplo mencionó al peón rural Pascasio Báez. También a Carlos Burgueño, asesinado durante la "toma de Pando" o a los cuatro soldados del Ejército que murieron en atentado mientras montaban guardia frente a la casa de su comandante en Jefe en 1972. "Así como fueron reparados unos, deben ser reparados todos", aseguró el senador.
Las sospechas del Frente Amplio fueron descartadas de plano por el senador nacionalista Gustavo Penadés, que recordó que todos los ministros vinculados a Cabildo Abierto firmaron el proyecto de Cabildo Abierto. Negarse a votarlo ahora en el Parlamento significaría, dijo, "casi un ruptura" en la coalición de gobierno.
La Comisión de Constitución y Códigos está presidida por el cabildante Domenech, secundado por los nacionalistas Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Carlos Camy, junto al colorado Pablo Lanz. Si asisten todos, impondrán su mayoría sobre los frenteamplistas Charles Carrera, Liliam Kechichian, José Carlos Mahía y Enrique Rubio.
El pasaje por comisión responde a que el oficialismo - con 17 votos, carece de los 21 que se necesitarían para que el proyecto sea considerado directamente y en forma "grave y urgente" por el pleno del Senado. Allí irá en la sesión del miércoles, con la seguridad de que con mayoría simple quedará sancionado.
La discusión del tema se retomará en la Cámara de Diputados una vez que el Parlamento levante, el 1 de marzo, el receso parlamentario.
Los cabildantes, que en su propuesta original habían planteado una serie de parámetros para determinar las reparaciones económicas, propondrán ahora un aditivo para ajustar esa definición. Según le explicó Lozano a El Observador, la intención es que la solución sea similar a las pensiones que cobran hoy los integrantes de "los movimientos", en referencia a las personas que han sido reconocidas como víctimas del terrorismo de Estado.
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