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Operación Océano: quién es el primer condenado y los tres perfiles de los 32 imputados
Son 32 imputados, cerca de 20 víctimas adolescentes identificadas hasta el momento, y dos hombres requeridos por la Justicia que se estima están fuera del país. La denominada Operación Océano, histórico caso por la cantidad de indagados, y por ser la principal investigación sobre explotación sexual de menores de la historia uruguaya, tuvo la primera sentencia de condena esta semana por medio de un acuerdo con la fiscal Darviña Viera, y otros abogados se encaminan a seguir esos pasos.
“La fiscalía está abierta siempre a hacer acuerdo con los imputados”, dijo la fiscal Viera este miércoles, al anunciar que ya estaba firmado el acuerdo con la defensa de Mikael Bosio, el primero de los imputados en cerrar su caso mediante un proceso abreviado, una de las alternativas que ofrece el Código del Proceso Penal.
Bosio admitió los hechos –porque ello es indispensable para transitar esta vía, que evita el juicio oral–, y fue imputado por retribución o promesa de retribución a menores de edad para mantener actos sexuales. La Fiscalía lo acusó además del delito que castiga a los que mantienen contacto virtual con un menor para mantener conversaciones de connotación sexual.
Bosio se había comunicado por un chat de Tinder con una menor de edad –una de las víctimas–, y le había ofrecido dinero para tener sexo con ella, pese a que eso no se concretó.
Allegados al condenado señalaron a El Observador que accedió a los términos del acuerdo porque las pruebas con las que contaba la fiscal Viera eran muy sólidas y “las posibilidades” de obtener una sentencia a favor del indagado eran pocas. Los informantes señalaron que Bosio estaba “resignado”, y que pretendía “terminar esto cuanto antes para procesar el duelo” de lo que le ocurrió. “Asumió que se equivocó y que hizo una estupidez”, agregaron.
Además, la pena que propuso Viera era más leve que la que hubiera pedido en un juicio oral (ver recuadro), descartaba la prisión, cuando el delito de promesa de retribución tiene una pena de dos años de penitenciaría que lo hace inexcarcelable. Por el contrario, el primer condenado de Operación Océano cumplirá tres meses de prisión domiciliaria, otros tres meses de prisión domiciliaria nocturna, y un año y medio de libertad vigilada.
También se le impusieron penas accesorias: deberá pagarle a la víctima un monto equivalente a 12 ingresos mensuales, como establece el artículo 80 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género para los imputados por estos delitos. La Justicia dispuso además que al imputado se le quite la patria potestad, y la inhabilitación especial “para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, por un plazo de diez años si recayera sentencia de condena o hasta su sobreseimiento o absolución”, como está establecido en el artículo 79 de la misma ley.
Los grupos y las pruebas
Pero la situación de Bosio no es igual a los de los restantes 31 imputados por esta indagatoria y, de hecho, los abogados que evalúan recorrer el mismo camino que el que lo patrocinó son unos pocos.
Según coincidieron fuentes judiciales, los imputados pueden separarse en tres grupos, en función de las pruebas que tiene el Ministerio Público en su contra, las acciones que cometieron y si tenían intención o no de tener sexo con una menor de edad.
El grupo de Bosio estaría compuesto por hombres que solo intercambiaron chats con adolescentes, sin haber tenido ningún encuentro, al margen de la cantidad de pruebas que tiene Viera contra ellos.
Estas personas son las que tienen posibilidades de cerrar su caso con un proceso abreviado porque ponen en la balanza “la presión” de estar sometidos a varios meses de juicio, cuando el delito por el que son juzgados es leve.
El segundo grupo lo componen aquellos que están más comprometidos: los que a sabiendas de que las víctimas eran menores de edad mantuvieron sexo con ellas, o participaron activamente de la explotación sexual de adolescentes, y fueron imputados por proxenetismo u otros delitos sexuales.
Y hay un tercer grupo que lo forman adultos que de acuerdo a sus abogados no actuaron con dolo –no quisieron incurrir en delito– al ser engañados por las jóvenes con las que mantuvieron encuentros sexuales. Entre los elementos que tienen los abogados de estos hombres –que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, y confían ganar el juicio– está el hecho de que la principal víctima de Operación Océano confesó haber utilizado al menos dos cédulas falsas de otras mujeres mayores de edad.
La clasificación que hace Viera y su equipo –completado por las fiscales Giuliana Realini y Fulvia Favretto– en cambio, identifica dos grupos. Según dijeron fuentes de la investigación, la fiscal los divide en función de los “más implicados” que tuvieron relaciones con las víctimas, y los que solo se comunicaron mediante chats.
Luego, hay otros abogados que, indistintamente a la situación de sus clientes, confían en que las pruebas de Viera son escasas.
Por ejemplo, en una de las primeras audiencias por este caso, que tuvo lugar en mayo, el juez Marcelo Malvar aceptó la formalización contra cinco hombres, pero presentó reparos respecto al pedido de la fiscalía de formalizar la investigación contra algunos de ellos, dada la “escasa evidencia” que presentó en la audiencia el Ministerio Público.
Por entonces, la investigación, que hoy lleva varios meses, recién comenzaba, y el número de víctimas todavía no llegaba a diez. La cantidad de adolescentes fue creciendo a medida que pasó el tiempo, y en gran parte gracias a que la Fiscalía habilitara una línea telefónica –091 507 531– y se obtuvieran testimonios de varias menores.
Una de ellas, la principal –que cumplió 18 años en mayo– realizó tres declaraciones diferentes ante Viera, y lo hará otra vez, con la presencia de los abogados de los imputados, como una prueba anticipada del juicio.
Ante la fiscalía, esta adolescente también contó que tenía un perfil en Tinder usando el nombre de una amiga adulta, y que luego presentaba la cédula de esa joven cuando se encontraba con los hombres, indicaron a El Observador fuentes del caso.
La fiscal Viera creó esta semana un grupo de WhatsApp con todos los abogados del caso, a los efectos de mantenerlos al tanto de determinados pasos que se den en la indagatoria. “Buenas noches. Me tomé la libertad de crear este grupo con la sola finalidad de poder comunicar a todas las defensas alguna cosa que surja, como por ejemplo una declaración, u otra cosa que se suba al sistema”, escribió la fiscal en el grupo a modo de bienvenida, sobre las 20 de este jueves. Y a continuación solicitó que los que ya estaban allí agregaran a los “contactos que faltan”. La iniciativa no tiene precedentes y algunos penalistas lo consideraron algo “insólito”, señalaron fuentes judiciales. Los defensores, muchos de los cuales están enfrentados con la fiscal por considerar que ha revelado información a la prensa, aceptaron esta iniciativa. “Gracias, Dra. Excelente idea. Cordiales saludos”, respondió uno de ellos.
