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Orsi a Lacalle sobre acuerdo con Katoen Natie: “¿Entregaremos la llave de nuestro principal puerto por 50 años sin un llamado?"
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, planteó, en una carta dirigida al gobierno nacional, una serie de dudas sobre el acuerdo anunciado por el presidente Luis Lacalle con la empresa Katoen Natie que opera en el Puerto de Montevideo y cuestionó la poca información que se ha brindado sobre este tema.
La carta, fechada este 7 de marzo, asegura que el acuerdo de explotación de la Terminal Especializada de Contenedores (TCP) con la empresa belga “compromete a doce gobiernos nacionales” ya que fue por 50 años más los 10 que todavía le quedan.
“Tratándose de un tema de vital importancia no solo para la actualidad, sino para los próximos 12 gobiernos nacionales y sobre todo para la salida de nuestra producción, deberíamos todos poder conocer el texto del acuerdo, para poder hacer aportes”, dice Orsi en una carta en la que reclama mayor transparencia y pide hacer de la política portuaria una política de Estado.
El presidente dijo en su discurso en la Asamblea General el pasado 2 de marzo que el gobierno había acordado con la empresa la extensión por 50 años de la concesión y que se había evitado un juicio millonario que Katoen Natie amenazaba con realizar desde la administración frenteamplista. Además, Lacalle anunció una inversión de la empresa por unos US$ 450 millones.
Orsi cuestionó varios puntos de lo anunciado y de lo expresado por la empresa. “Se anuncia que el acuerdo al que llegó el Estado con la empresa fue para evitar un juicio iniciado por esta última por 1.500 millones de dólares. Una cifra algo más que llamativa, por cierto. En el remate por la terminal, en 2001, la compañía belga pagó 17.100.000 dólares e invirtió 200 millones de dólares. Obtuvo ganancias durante 20 años, por el 80% de las acciones de TCP”, escribió.
Además, el intendente de Canelones recordó que Uruguay tiene “exitosas experiencias” en litigios internacionales y recordó los casos de Phillip Morris y Aratirí que demandaron al Estado y, en ambos casos, perdieron el juicio.
Para Orsi “la amenaza a un estado soberano” como Uruguay, “practicada en reiteradas ocasiones por la empresa, resulta difícil asumirla como argumento para ceder poder”.
El intendente de Canelones aseguró que este acuerdo “impide la sana competencia” en el “cuello de botella de entrada y salida de productos” y cuestiona que no se haya realizado un llamado.
“Entregaremos la llave de nuestro principal puerto por 50 años sin un llamado”, dice la carta.
Incluso, el intendente va más allá y plantea que “capaz” las condiciones del acuerdo que se desconocen generan “peores condiciones que un juicio a futuro.
“Lo cierto es que la opacidad nunca es buena consejera. Abriga suspicacias y alimenta la duda permanente como anclaje para el análisis. Buena cosa sería entonces informar, explicar y argumentar. Aclarar en definitiva. Nada más ni nada menos. Los uruguayos tienen derecho a saber”, plantea y apunta contra uno de los principales argumentos discursivos de Lacalle: la transparencia.
“La permanente apelación del Poder Ejecutivo en el reclamo de transparencia, sin duda, creo, refuerza la pertinencia de mis interrogantes”.
Inversión
Orsi, uno de los nombres que se manejan en cualquier conversación sobre renovación de liderazgos dentro del Frente amplio, también apuntó contra la inversión anunciada.
Se trata de US$ 450 millones y el intendente pone la lupa en la cantidad de años en los que se realizará la inversión.
“¿Cuál será el plazo de esa inversión? Para 60 años de explotación del puerto y, considerando que será necesario en ese plazo la obligatoria modernización durante ese periodo de los equipos de la terminal resulta una cifra realmente muy exigua, de apenas 8 millones por año. ¿Podríamos saber con exactitud los plazos de esas inversiones anunciadas? Despejaría dudas legítimas, entiendo”, agrega.
Si bien el gobierno no manejó públicamente el plazo de la inversión, tal como informó El Observador los recursos se invertirán en un “plazo máximo” de cuatro años.
Luego, el intendente hace referencia a una entrevista en radio Carve a Edison González Lapeyre, especialista en temas portuarios y derecho marítimo, en la que planteó una serie de dudas sobre el acuerdo.
El gobierno también anunció el dragada hasta 14 metros de profundidad en el canal de acceso al puerto hasta “casi la isla Libertad” y eso, según Orsi, está en “franca contradicción” con el texto del Tratado del Río de la Plata que autoriza hasta un máximo de 13 metros.
“Una nueva pregunta: ¿quién se hará cargo de los costos de ese dragado del canal de acceso? Esta observación la realizó González Lapeyre, que es además profesor de derecho internacional marítimo de la academia de La Haya. ¿Ha sido considerada esta limitante?”, plantea.
Orsi también cuestiona si con este acuerdo no se “estaría violando” el espíritu y el texto de la Ley de Puertos aprobada durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995).
“Alude, nada menos que el principio de la libre concurrencia en los puertos uruguayos y la obligación del Estado de asegurarla”, agrega.
González Lapeyre fue presidente de la Administración Nacional de Puertos durante el gobierno del padre del actual presidente.
“Resulta adecuado además determinar si esa nueva concesión no constituiría de hecho la creación de un monopolio privado de la explotación de los contenedores en el puerto de Montevideo”, agrega Orsi y también señala los antecedentes de la empresa.
La empresa belga anunció su intención de vender su terminal de contenedores en el puerto –y comenzó un proceso de venta en 2016- pero luego revisó esa decisión y dio marcha atrás.
“¿Los antecedentes de la compañía de quererse desligarse de su paquete accionario en Terminal Cuenca del Plata y esta cesión de derechos por otros cincuenta años no hace legítima la pregunta, de si es factible una operación de venta por lo que la empresa belga obtendrá enormes beneficios adicionales?”, se pregunta Orsi en la carta.
El intendente también pregunta si existe alguna limitación en el acuerdo que no permita a los empresarios vender su parte de la TCP o si en caso de que se intente vender, si el Estado uruguayo tendrá alguna posibilidad de opinar al respecto.
“¿Cuál será el canon que se abonará al estado uruguayo? Se anuncian rebajas de costos en las operaciones, al igual que el Dr. González Lapeyre. yo me pregunto, ¿por qué no se realizaron antes esas rebajas, para evitar la pérdida de una parte fundamental del tráfico de contenedores desde Paraguay?”, cuestiona.
