El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien fuera condenado a 26 años de prisión bajo el cargo de “traición a la patria”, fue excarcelado y se encuentra bajo resguardo de la Conferencia Episcopal, según informaron medios locales, citando fuentes eclesiásticas y diplomáticas.
Monseñor Álvarez “ya no está en la cárcel Modelo”, presidio en el que se encontraba en una celda de máxima seguridad desde el 9 de febrero pasado por los supuestos delitos de “conspiración contra la soberanía nacional y propagación de noticias falsas”, señalaorn las fuentes consultadas por el portal de noticias nicaragüense El Confidencial.
“Sabemos que existen contactos entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal, y el Vaticano para liberarlo y enviarlo al exilio”, indicaron las fuentes diplomáticas a los medios locales, aunque afirmaron desconocer los términos de la negociación.
Por su parte, el dirigente opositor Félix Maradiaga confirmó que desde el lunes pasado por la noche el obispo "ya no se encuentra en el centro de detención" y señaló que podría salir del país en las próximas horas.
Maradiaga afirmó que "extraoficialmente, se ha mencionado, por parte de fuentes creíbles y bien informadas, que Monseñor Rolando Álvarez podría ser enviado fuera de Nicaragua en las próximas horas, probablemente mañana".
El político opositor al gobierno de Daniel Ortega agregó que Álvarez "ha estado sufriendo una detención arbitraria, bajo acusaciones falsas” y que “fue sentenciado a 26 años de prisión, despojado de su ciudadanía y trasladado de su arresto domiciliario a la cárcel".
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había exigido la semana pasada la liberación del obispo, al tiempo que reclamó pidiendo a las autoridades del país que garanticen "un trato digno" al prelado "mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada", así como le permitan el contacto con "familiares y abogados", puesto que el detenido se encuentra en una situación de "extrema vulnerabilidad".
En los últimos meses, el gobierno Ortega ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado decenas de entidades civiles nacionales e internacionales, además medios de comunicación y organizaciones religiosas; además de haberle quitado subvenciones a escuelas parroquiales y universidades ligadas a la Iglesia Católica.
Ortega ha criticado en numerosas ocasiones a la Iglesia Católica, a la que califica de "dictadura perfecta" y de "usar" a sus obispos para "dar un golpe de Estado" en el país, al tiempo que ha asegurado que algunos sacerdotes hicieron llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas contra el Gobierno en 2018, cuya represión por efectivos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares dejó un saldo de al menos 300 personas y miles detenidos sometidos a procesos judiciales sin las debidas garantías.
(Con información de agencias)
